El plenario legislativo sería el órgano del Congreso donde los diputados podrían enmendar el proyecto de ley vetado por el presidente de la República, Carlos Alvarado, sobre el presupuesto para las sedes regionales de las universidades públicas.
El mandatario vetó el texto al considerar que su redacción reviviría una serie de gastos fijos que la reforma fiscal había sepultado.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Ricardo Benavides, comentó los criterios que revisaron los jefes de las fracciones parlamentarias, en su reunión semanal, el jueves pasado.
La opinión de los voceros partidarios es que le tocaría al pleno de los legisladores revisar la frase vetada por el mandatario y tomar las decisiones necesarias para rescatar la iniciativa legal, puesto que ese expediente legislativo no pasó por el estudio de ninguna comisión del Congreso.
El proyecto 21.277 entró en la corriente legislativa en febrero pasado, a poco más de un mes de aprobada la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (ley 9635), pero recibió dispensa de trámites el 19 de junio y se aprobó en el plenario el 20 de agosto.
El espíritu original de la reforma a la ley fiscal es dejar claro que el Gobierno garantiza que no asignará a las sedes regionales de las universidades públicas un presupuesto menor al que tuvieron durante el 2018.
Sin embargo, el martes pasado, Carlos Alvarado anunció que vetaba la iniciativa legal porque contenía una frase que podría haber revivido todos los destinos específicos que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas eliminó.
Este proyecto reforma el artículo 24 del capítulo IV de la reforma fiscal, el cual hoy dice que la asignación de las transferencias del Gobierno a instituciones no podrá ser inferior al presupuesto vigente del momento en que se aprobó la ley, en diciembre del 2018.
El proyecto 21.277, aprobado por los diputados, agrega la frase “incluyendo los destinos específicos derogados en esta ley”.
Casa Presidencial propuso que, en lugar de ello, la frase final diga “incluyendo los destinos específicos establecidos para las sedes regionales de las universidades públicas derogados en esta ley”.
Aunque la Presidencia no lo aclaró cuando anunció el veto, el viceministro de Hacienda, Nogui Acosta, detalló que se trata de un veto parcial y se centra sobre una frase que dice: “todos los destinos específicos derogados por la ley 9635”, lo que podría haber implicado la resurrección de una serie de gastos fijos eliminados en diciembre pasado.
Entre esos gastos fijos están la asignación de un 20% del impuesto sobre las ventas para la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf), un 7% del impuesto sobre la renta al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y un 5,25% que se les otorgaba a las juntas de educación y administrativas oficiales.
La reforma tributaria también derogó el gasto fijo del 3% de los presupuestos nacionales, ordinarios y extraordinarios, aprobados por la Asamblea Legislativa, que se destinaba al Fondo de Subsidios para la Vivienda (Fosuvi).
Benavides indicó que la mayoría de bancadas optan por modificar y volver a aprobar el proyecto en el plenario legislativo, aunque debatir esa iniciativa en ese órgano parlamentario conlleva problemas para hacer audiencias a los actores interesados en el plan.
De acuerdo con el Departamento de Servicios Técnicos del Congreso, el plan debió consultarse obligatoriamente a las universidades públicas, al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), a las municipalidades, al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) y al Banco Central de Costa Rica (BCCR).
No obstante, Benavides explicó que las consultas, una vez que se modifique el proyecto de ley, se solicitarán por escrito, antes de aprobar la iniciativa legal de nuevo.
La jefa del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), María Inés Solís, indicó que efectivamente corresponde hacer las modificaciones al plenario, en atención al veto presidencial, en el plenario.
No obstante, alegó que por tener que verse en ese órgano legislativo, el plan “tiene que ir muy trabajado y consensuado”. Añadió que cada fracción verá, por su lado, el asunto antes de tomar un acuerdo de los jefes de fracción y tomar la decisión definitiva.