El plenario legislativo aprobó este jueves, en primer debate, el proyecto de ley que endurece las sanciones por portación y tenencia ilegal de armas.

La reforma legal elimina el trabajo comunal como castigo para quienes posean un arma sin haberla inscrito y aumenta las condenas de prisión por incumplimiento de las normas para poseer y andar consigo un objeto de ese tipo.

Así, a quien porte un arma lícita sin contar con el permiso respectivo se le impondrá una condena de entre 2 y 4 años de prisión. La legislación vigente impone penas de seis meses como mínimo y tres años como máximo.

En el caso de las armas permitidas en el país, poseer una sin tenerla inscrita se castigará con una pena de 3 a 5 años de cárcel. Hasta el día de hoy, el castigo máximo por incurrir en esa anomalía es de tres meses o, incluso, puede pagarse con trabajo comunitario.

La reforma aprobada también duplica el castigo mínimo por portar un arma que es, del todo, ilegal en el país: la condena más baja pasará de ser de 2 años a ser de 4 años.

A su vez, la pena máxima por poseer, comprar, vender, exportar, ocultar, fabricar o usar armas prohibidas será de 8 años en vez de 4.

Otra novedad del proyecto 20.508, que reforma la Ley de Armas, es la creación de castigos para quien omita reportar el robo o pérdida de un arma. En esos casos, se impondrán multas desde los ¢446.200 hasta los ¢1,3 millones.

Los diputados dieron su visto bueno a la iniciativa de reforma con 38 votos a favor, sin ninguna oposición, a pesar de que el PAC intentó minutos antes evitar la aprobación de una moción que cambia la prohibición de tenencia de armas semiautomáticas en el proyecto.

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La próxima semana, los diputados continuarán con el trámite de plenario del otro proyecto que modificaría la Ley de Armas, cuya discusión central es la regulación sobre la cantidad de armas que puede inscribir una persona.

Eliminan restricción a armas semiautomáticas

La última moción que aprobaron los diputados al plan modificó las disposiciones sobre el tipo de armas que quedarían prohibidas en el país.

El cambio lo aprobaron 28 diputados de Liberación Nacional (PLN), la Unidad Social Cristiana (PUSC), Integración Nacional (PIN) y el bloque de independientes Nueva República, quienes se pronunciaron a favor de modificar el inciso p del artículo 3 de la Ley de Armas.

La modificación fue polémica porque, según el Ministerio de Seguridad Pública y el Partido Acción Ciudadana (PAC), abre el portillo para la tenencia de armas semiautomáticas en el país, como las de plataforma AR-15.

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El inciso modificado, en su versión anterior, establecía que se prohíben las “armas largas, cuyo diseño de plataforma, actualizaciones y sus variantes, se basen en tecnología desarrollada y utilizada en armamento de fuerzas armadas, posterior al año 1939”.

Con la aprobación de la moción, esa parte del proyecto de ley ahora dirá, simplemente, que se prohíben las armas “automáticas largas y cortas”.

“Lo que se decidió es que el país no regule las armas semiautomáticas independientemente de los calibres y el origen militar”, advirtió Enrique Sánchez, diputado del PAC.

Acción Ciudadana pidió que se restrinja el uso de ese tipo de armamento en el país para evitar que en las calles circulen armas como las que se han utilizado en tiroteos en Estados Unidos y, a principios de la semana, en Nueva Zelanda.

La diferencia principal entre las armas semiautomáticas con las automáticas radica en que las primeras no disparan en ráfaga, pero sí se recargan automáticamente sin necesidad de acción humana.

En la actualidad, las armas semiautomáticas de tipo militar están prohibidas por decreto.

No obstante, dicha norma está impugnada ante el Tribunal Contencioso Administrativo, del cual dependerá si se continúa aplicando.

Sánchez explicó que lo que su fracción quería hacer era darle rango de ley a la prohibición para tener armas semiautomáticas de tipo militar, para tener mayor seguridad jurídica.

Por otra parte, el PLN, propulsor de la modificación, alega que había que cambiar el inciso en discusión porque su redacción original creaba el riesgo de que se prohibieran todos los tipos de armas semiautomáticas.

Gustavo Viales, miembro de esa fracción, aseguró que las normas del Poder Ejecutivo sobre importación de armas y las disposiciones sobre compra de municiones bastan para que el armamento con mayor capacidad destructiva lo usen solo la Fuerza Pública y las empresas de seguridad privada.

“O sea, un ciudadano no puede llegar a comprar una arma de esas para decir que se va a proteger, o comprar municiones sin tener la matrícula respectiva”, afirmó Viales.

La presidenta legislativa, Carolina Hidalgo, afirmó en el plenario que, al no evitar a toda costa dicha posibilidad, las consecuencias podrían ser “gravemente fatales”.

Sánchez dijo que el PAC votó a favor del proyecto de ley por considerar que el mismo traerá cambios valiosos, no obstante, anunció que la fracción empezará a trabajar en una nueva iniciativa que restrinja el acceso a armamento semiautomático.