Con 45 votos a favor y uno en contra, el plenario legislativo aprobó en primer debate una reforma de ley que eliminará las restricciones de créditos a personas con salarios que, una vez deducida la cuota, queden por debajo del mínimo inembargable que, actualmente, es de ¢199.760.
Sin embargo, la norma aplica solo para los créditos vigentes, no así para los futuros que seguirán expuestos a la restricción en cumplimiento del artículo 172 del Código de Trabajo que establece que los salarios que excedan de ese límite son embargables.
Los legisladores aprobaron esta tarde una modificación al artículo 44 ter de la ley contra la usura, el cual establecía un impedimento para hacer deducciones por debajo de ese monto, salvo si se trataba de pensiones alimenticias.
La entidad que lo hiciera se exponía a sanciones económicas.
Con el ajuste, se permitiría que se sigan rebajando las cuotas de las operaciones de crédito como ocurrían antes de entrar en vigencia la ley de usura, el 20 de junio anterior, cuando el patrono hacía las deducciones del salario siempre que mediara un acuerdo entre el trabajador y la financiera. La norma expiraría con el vencimiento de cada crédito.
Además, se elimina la intermediación del BCCR en ese proceso de recolección de cuotas de asalariados por medio de los patrones y con rumbo a los acreedores.
En la misma reforma, la Asamblea Legislativa también eliminó la obligación de las entidades no supervisadas de revisar el historial crediticio de un solicitante, en la Central de Información Crediticia (CIC) de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), antes de otorgar un crédito.
El requisito estaba planteado en el artículo 44 bis de la misma ley de usura, el cual fue ajustado por los diputados.
Ahora, entidades no supervisadas por Sugef como asociaciones solidaristas o cooperativas podrían solicitarle al potencial deudor una autorización para tener acceso a la CIC, pero esto no será un requisito previo al otorgamiento de un crédito.
En el caso de las instituciones financieras bajo supervisión de la Superintendencia, continuarán haciendo las consultas por orden de la Ley orgánica del BCCR.
Aprobaron el proyecto 13 legisladores del Partido Liberación Nacional (PLN), 7 del Partido Acción Ciudadana (PAC), 6 del Partido Restauración Nacional (PRN), 7 del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y 5 del bloque fabricista.
También fue apoyado por 2 congresistas del Partido Integración Nacional (PIN), uno del Frente Amplio (FA), uno del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC) y 3 independientes. En contra votó la liberacionista Yorleny León.
El segundo debate quedó previsto para el próximo 3 de noviembre.
Ambas regulaciones habían sido introducidas de última hora en la discusión legislativa de la ley de usura, con la idea de evitar el sobrendeudamiento del consumidor financiero.
Sin embargo, las restricciones a créditos por debajo del salario mínimo inembargable ha afectado la colocación de préstamos.
Rocío Aguilar, jerarca de la Sugef, había advertido que el límite implicaba un fuerte golpe financiero para cooperativas de ahorro y crédito, al punto de generar el riesgo de intervenciones por parte de la Superintendencia en los próximos meses si no se mitigaba la medida.
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La Tesorería Nacional informó que, en total, no se hicieron deducciones automáticas por ¢5.500 millones a 27.000 personas. El 52% fue a docentes del Ministerio de Educación.
En tanto, la revisión obligatoria al CIC, previo al otorgamiento del crédito, provocó atrasos en los trámites, señalaron algunas asociaciones solidaristas.
El promedio diario de las consultas de los oferentes de crédito en los último tres meses había sido de 24.311, para un total de 1,8 millones de solicitudes, según dijo la jerarca a La Nación.
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Precisamente, la reforma aprobada este martes en la Asamblea Legislativa acoge un texto sustitutivo de varios diputados avalado por Sugef.
En una carta enviada a los jefes de fracción, Aguilar pide acoger la nueva versión dado que esos artículos de ley vigentes provocan “varios efectos no deseados".
Como ejemplo, citó "la restricción de acceso al crédito y la posibilidad de readecuar operaciones crediticias vigentes, para numerosas personas cuyos ingresos salariales sean (o llegaren a ser) inferiores al mínimo inembargable”.
“No enmendar estos efectos oportunamente, podría implicar además un aumento desmedido en el índice de morosidad en las carteras de crédito de algunas entidades financieras, lo cual a su vez ocasionaría graves consecuencias en el sistema financiero en general”, añadió la superintendenta.
El liberacionista David Gourzong, uno de los diputados proponentes de la reforma, reconoció que esas normas habían generado los problemas mencionados por Aguilar.
“Esos aspectos han sido resueltos”, añadió el legislador, quien también fue el principal impulsor de la ley contra la usura.
Sin embargo, dijo que un transitorio de la reforma que permitirá hacer las deducciones salariales para todas aquellas operaciones financieras adquiridas antes de la entrada en vigencia de la ley de usura, hasta cancelar la operación crediticia.
El verdiblanco añadió que existe un compromiso el Gobierno de enviar un proyecto de ley a la corriente legislativa que permitiría realizar una interpretación auténtica del artículo 172 del Código de Trabajo para dar claridad sobre la aplicación de deducciones.
Por su parte, Welmer Ramos, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), aclaró que los dos artículos corregidos no tienen relación alguna con los límites a los tasas de interés establecidos recientemente para préstamos y tarjetas.