Por: Aarón Sequeira.   16 abril
Los diputados Paulina Ramírez, del PLN; Jorge Rodríguez, del PUSC; y Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana (en el centro), estuvieron entre los impulsores de la bonificación a los empleados de Bancrédito. En la eliminación de dicho incentivo, en el texto del proyecto, no estuvo presente Redondo. En imagen, el día que el proyecto de protección a los empleados de Bancrédito se aprobó en el plenario, el 8 de marzo. Foto: cortesía del PUSC.
Los diputados Paulina Ramírez, del PLN; Jorge Rodríguez, del PUSC; y Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana (en el centro), estuvieron entre los impulsores de la bonificación a los empleados de Bancrédito. En la eliminación de dicho incentivo, en el texto del proyecto, no estuvo presente Redondo. En imagen, el día que el proyecto de protección a los empleados de Bancrédito se aprobó en el plenario, el 8 de marzo. Foto: cortesía del PUSC.

Los diputados eliminaron, este lunes, la bonificación adicional que habían previsto para los empleados del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) y que, en total, le habría costado al Estado unos ¢3.000 millones.

La decisión se tomó en el seno de la Comisión Especial Investigadora de Cartago, luego de que el plenario tomara la decisión, la semana pasada, de devolverles la iniciativa de Ley de Protección a los Trabajadores de Bancrédito.

La razón principal para eliminar el bono equivalente a cuatro salarios fue la oposición del Poder Ejecutivo, la cual se basó en el gasto que implicaría darles a los empleados esa bonificación adicional.

Esa oposición implicó la amenaza de Zapote de que, si los congresistas seguían adelante con la aprobación definitiva de la propuesta, vetarían la iniciativa legal una vez que les llegara a sus manos.

La advertencia de veto llegó de parte del Ministerio de la Presidencia varias semanas después de que los legisladores le hubieran dado primer debate al proyecto, lo cual sucedió el 8 de marzo.

Al principio, los congresistas se mostraron reacios a eliminar el artículo 5 del expediente legislativo, donde crearon esa bonificación, pero finalmente varios criterios negativos impusieron la decisión de eliminar el incentivo.

Esos criterios negativos provinieron de la Dirección General de Presupuesto Nacional, de la Tesorería Nacional y del Banco Central de Costa Rica, además de una opinión conjunta del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero Nacional (Conassif), la Superintendencia de Pensiones (Supén) y la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

Además, ya el interventor de ese banco, Marco Hernández, había explicado que un beneficio de ese tipo sería ruinoso para la entidad, pues ese dinero nunca se contempló dentro de la reserva creada para cubrir la cesantía de los trabajadores.

El beneficio incluiría un pago para los 769 empleados del banco que perdieron sus trabajos por el cierre de Bancrédito.

Emilia Molina, diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), aseguró que todos los miembros de la Comisión Especial de Cartago, presentes a la hora de la votación, estuvieron de acuerdo en eliminar el beneficio que la mayoría de ellos había impulsado originalmente.

El único ausente fue Mario Redondo, de la Alianza Demócrata Cristiana (ADC).

Molina enfatizó que ella había apoyado la moción del libertario Otto Guevara para eliminar la bonificación y resaltó que la importancia de la iniciativa legal va más allá de lo que habría implicado el pago de la bonificación.

El proyecto tiene el objetivo de establecer como prioridad máxima el pago a los trabajadores de las cuotas de pensión complementaria establecidas en la Ley de Protección al Trabajador.

Según Molina, eso les ayudaría a enfrentar el tiempo que podrían estar desempleados los exfuncionarios del Bancrédito y que, incluso, puedan pagar deudas que tengan con el banco.

La legisladora comentó que el plan les permitirá a los funcionarios cobrar rápidamente y sobrevivir mientras consiguen trabajo, puesto que al recibir sus prestaciones legales del Estado, quedan inhabilitados para reintegrarse al sector público de inmediato.

La forma de que regresen como funcionarios públicos es que devuelvan una parte de las prestaciones.

“Cada uno será responsable de administrar sus propios recursos. Yo confío en que los administren bien”, indicó Emilia Molina.

Luego de que los diputados eliminaron el artículo de la bonificación, deberán dejar en firme ese acto, este lunes por la noche, al aprobar el acta y enviar un informe al plenario, para que la iniciativa legal vuela a tener un lugar prioritario en la agenda de votación de proyectos.