Política

Diputados dudan de aprobar ¢47.000 millones para obras viales por contradicciones en Gobierno

Diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios dudan en aprobar el cuarto presupuesto extraordinario del 2021, presentado por el Gobierno, el cual contiene una partida de ¢47.124 millones para el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Al menos cinco legisladores alegan contradicciones entre los jerarcas de Presidencia, Hacienda y MOPT sobre retirar o no esos recursos, a causa del escándalo del Caso Cochinilla sobre presunta corrupción en obras viales.

Al mismo tiempo, los congresistas no ven la suficiente claridad en la justificación del dinero.

“La mejor opción es que el Poder Ejecutivo retire el actual presupuesto, presente uno nuevo que venga acompañado con el respectivo detalle sobre los rubros de gastos y corrija la falta de justificación en los superávits”, recomendó Carlos Avendaño, del Partido Restauración Nacional (PRN).

Con esa sugerencia coinciden la presidenta del foro Ana Lucía Delgado, del Partido Liberación Nacional (PLN); y Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC).

También convergen con el retiro Shirley Díaz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); y Harllan Hoepelman, del bloque Nueva República.

Mientras, Laura Guido, jefa de bancada del Partido Acción Ciudadana (PAC), apuesta a la negociación durante las sesiones del foro de la semana del 12 de julio, una vez que el Congreso retorne de vacaciones, “para atender todas las consultas que las fracciones puedan tener sobre el expediente”.

“Una vez transcurridas estas sesiones, tomaremos las decisiones del caso, las cuales serán anunciadas oportunamente”, adelantó la oficialista.

En la línea de las críticas, el republicano Vargas dijo: “Fue claro el ministro del MOPT, don Rodolfo Méndez Mata, que ni su cartera, ni el ministerio de la Presidencia, ni el Gobierno están revisando los recursos que vienen para el Conavi en este presupuesto”.

Ese plan de gastos extraordinario, que avanza en su discusión en el foro de Hacendarios, contiene una partida de ¢47.124 para Obras Públicas y Transportes, de los cuales casi ¢40.500 millones son para el Conavi.

El ministro Méndez y su colega de Presidencia, Geannina Dinarte, habían solicitado por escrito a los diputados retirar vía moción los recursos a Transportes.

El argumento fue que, mientras tanto, el Gobierno evaluaría las prioridades en infraestructura vial luego de conocerse el Caso Cochinilla. Lo solicitud contó con el aval del presidente Carlos Alvarado.

Sin embargo, el jerarca de Hacienda, Elian Villegas, contradijo a su compañeros de gabinete al recomendar a los diputados avalar el presupuesto tal como lo presentó.

Luego lo hizo el propio Méndez, al retractarse ante los diputados de Hacendarios.

Esas contradicciones han provocado que los legisladores de la comisión duden en dictaminar afirmativamente la iniciativa.

Dinero a constructoras cuestionadas

El fabricista Harllan Hoepelman cuestiona que, en la partida del Conavi, se hayan incluido recursos para pagar a Meco y H. Solís, empresas investigadas judicialmente por supuesta corrupción en obras viales.

A Meco se le asignarían ¢3.938 millones por el desarrollo de proyectos viales y a H. Solís ¢310 millones.

“Es muy difícil poder votar un presupuesto, dar recursos a estas empresas cuando ni el mismo ministro Méndez sabía si iban o no recursos para estas constructoras”, valoró Hoepelman.

Sobre el giro de dineros a empresas constructora, sin citar nombres, el ministro Méndez indicó que obedecen a contratos que están siendo ejecutados.

“Si hay contratos que están siendo ejecutados y el Estado les niega recursos, puede incurrir en una irresponsabilidad y en una reclamación que le cueste todavía más caro al Estado”, advirtió el jerarca.

Por su parte, la socialcristiana Shirley Díaz aseguró que, tal como está planteado el actual extraordinario, lo rechazaría.

“En este momento lo rechazo. El retiro parcial o total de este presupuesto le corresponde al Poder Ejecutivo, planteando la justificación correspondiente”, sentenció Díaz.

La liberacionista Delgado señaló que la partida del MOPT contiene ¢1.500 millones para el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) que el ministro Méndez no logró explicar en su comparecencia, el 30 de junio.

Aunque el presupuesto dice que esos recursos van dirigido a proyectos de mejoramiento de la red ferroviaria nacional, maquinaria y equipo, así como la operación ferroviaria, la verdiblanca recordó que el presupuesto nacional 2021 ya contenía recursos para esa entidad.

“Lo ideal sería que el Gobierno desconvoque el actual presupuesto y presente dos nuevos. Uno que incorpore recursos que no requieran revisión tan exhaustiva; y otro que permita tener detalle, luego de las verificaciones, en torno al MOPT”, recomendó Delgado.

La discusión que sigue

De conformidad del reglamento legislativo, la Comisión de Hacendarios tiene tiempo hasta el 19 de julio para aprobar o rechazar el expediente.

De la discusión aún quedan pendientes las comparecencias de la contralora general de la República, Marta Acosta; y las ministras de Trabajo y Justicia, Silvia Lara y Fiorella Salazar.

También, está presentada una moción de orden para convocar a la presidenta ejecutiva del Incofer, Elizabeth Briceño.

La diputada oficialista Laura Guido, resaltó que, sobre los gastos del Conavi, decidió apoyar las consultas escritas y las audiencias que hizo la comisión, a fin de que se evacuaran dudas.

Sobre el resto del presupuesto extraordinario, la rojiamarilla enumeró que contiene “recursos valiosos y urgentes” para otras instituciones como ¢2.415 millones para becas y ¢16.368 millones para finalizar siete obras educativas inconclusas.

Al Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa) se le presupuestan ¢804 millones para la compra de equipamento y ¢500 millones para la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología.

Josué Bravo

Josué Bravo

Periodista en la sección Política, con 16 años de experiencia como corresponsal del Diario La Prensa de Nicaragua en temas políticos, diplomáticos, judiciales y migratorios.