Los diputados desoyeron el llamado del ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, quien les pidió limitar a una la tenencia de armas por persona. En su lugar, los congresistas decidieron mantener esa cifra en tres armas.

El proyecto de ley para restringir la posesión de armamento se discute en el Congreso.

La actual Ley de Armas y Explosivos autoriza tres armas por persona, más una adicional con solicitud razonada. Sin embargo, los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico habían dictaminado una reforma a esa ley en la cual bajaron a un arma el número por persona, lo cual acuerpa Soto.

No obstante, pese a ese dictamen inicial y al pedido del ministro, finalmente los parlamentarios de la comisión aprobaron la moción de fondo 38, en la primera de dos etapas de mociones de fondo por artículo 137 del Reglamento legislativo, que debilita el plan y mantiene la tenencia en tres.

Además, la moción también socava la obligación que proponía el Partido Acción Ciudadana (PAC) de que los poseedores de armas registren sus armas cada tres años, con el fin de darle trazabilidad a las armas.

La moción que se trajo abajo la propuesta para limitar la cantidad de armas de fuego tuvo el apoyo de Gustavo Viales, David Gourzong y Roberto Thompson, del Partido Liberación Nacional (PLN); María Inés Solís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC).

En contra de la propuesta estuvieron Carmen Chan y Harllan Hoepelman, de Restauración Nacional; Víctor Morales Mora y Enrique Sánchez, del PAC.

Según el presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, el liberacionista Gustavo Viales, los argumentos que dieron los jerarcas de Seguridad Pública no fueron contundentes.

“No vimos el ligamen que pueda tener disminuir la cantidad de armas legales a las personas que cumplan con todos los requisitos y que eso tenga impacto en la reducción de homicidios”, dijo el verdiblanco.

Añadió que ni las estadísticas, ni los criterios ni las experiencias de otros países les hacen pensar a él y sus compañeros del PLN que es una medida en la dirección correcta.

Enrique Sánchez enfatizó que la preocupación es por esa moción 38, no solo por mantener el estado original de tres armas y en que no hay obligación de estar reportando dónde están las armas.

“Si se pierde un arma, como las que se les pierde a las empresas privadas y luego nadie sabe dónde están y no hay trazabilidad sobre las armas. El registro cada cuatro años garantizaría la trazabilidad”, dijo.

Apuntó que regresar a la situación actual debilita el plan y los controles sobre dónde están esas armas.

Michael Soto: ‘No queremos desarmar a nadie, sino regular la cantidad de armas’

El ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, estuvo este lunes en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico donde defendió la propuesta del Gobierno para reducir la cantidad de armas que una persona puede poseer, para que ya no sean tres como actualmente sucede, sino solo una por persona.

En el foro, negó que su intención sea la de desarmar a la población frente a una criminalidad armada, sino regular y evitar que más armas pasen de las manos de sus poseedores legales al mercado ilícito.

Según los datos que presentó Michael Soto ante el foro legislativo, existen 250.000 armas registradas en el país, entre las que tiene el Estado, las empresas de seguridad privada y los ciudadanos. En 1999 existían 109.000 armas lícitamente registradas.

Entre los costarricenses particulares, el 76% (64.874) tiene solo una registrada, mientras que un 14% (13.448) posee dos armas. Además, 4.142 personas tienen tres armas y 1.448 posee cuatro o más.

Entre sus argumentos, insistió en rebatir lo dicho por Zoila Volio, del Partido Integración Nacional (PIN); por Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), y María Inés Solís, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), por ejemplo.

El ministro manifestó que el mercado negro, de donde se alimenta la criminalidad del país, principalmente, se nutre por el mercado lícito.

Es más, comentó que cada año se roban cerca de 800 armas al Estado y a la ciudadanía, que de alguna forma terminan en el mercado negro.

Específicamente, Soto relató que en el 2018, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tenía 895 armas decomisadas en almacenamiento, de las cuales pasó 495 a la Dirección Nacional de Armamento para su destrucción.

De esas armas, se revisó las que tenían visible su número de serie y fueron buscadas en los registros, de donde resultó que 183 estaban inscritas a nombre de empresas de seguridad o de personas y, finalmente, pasaron al mercado negro.

Otras 312 no tenían una identificación visible, por lo que el ministro Soto insistió en que se podría presumir que provenían del mercado lícito y pasaron al ilícito.

En cuanto a la regulación de las armas, el jerarca de Seguridad Pública manifestó que están detrás de una importante cantidad de armas que pertenecían a empresas de seguridad privada y de las que no hay mayor rastro.

"Hay 895 empresas que tienen 8.706 armas de fuego cuya inscripción fue autorizada en su momento y, a la fecha, no están ejerciendo la actividad por incumplimiento a ley, por disoluciones o no renovación de licencia.

“De 285 empresas de seguridad que no pueden ubicarse físicamente, la Dirección General de Armamento procedió a presentar la respectiva denuncia ante el Ministerio Público, ya que no se puede verificar el estado y custodia de las armas de fuego que tienen inscritas”, comentó Michael Soto.

Se trata de poco más de 5.000 armas a las que las autoridades están siguiéndoles el rastro.

Por otra parte, el ministro de Seguridad Pública destacó que el 69% de los homicidios cometidos durante el 2018 se dieron con arma de fuego y el 70% de los homicidios del 2017 fueron de igual forma.