El diputado Carlos Felipe García, del PUSC, conversó con el asesor Marco Segura y el congresista del PLN, Gilberth Jiménez, el miércoles en Hacendarios. Foto: Asamblea Legislativa
Luego de escuchar casi todas las audiencias de los diferentes ministros y jerarcas de instituciones públicas en el seno de la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa, los diputados ya piensan en recuperar una serie de partidas recortadas en el Presupuesto Nacional del 2023.
Sin embargo, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, advirtió de que podrían violar la regla fiscal.
Por ejemplo, el diputado liberacionista Gilberth Jiménez planteó una moción para devolver ¢35.000 millones a la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco), con el objetivo de que transfiera recursos a las asociaciones de desarrollo. El legislador argumentó que, sin ese dinero, estas organizaciones cerrarían y no podrían ayudar a reparar aulas, ambulancias o delegaciones policiales.
¿Cómo financiarían el incremento de la partida? Jiménez propone rebajar ¢35.000 millones de un aporte de capital que el Gobierno previó para el banco regional Corporación Andina de Fomento (CAF).
El ministro de Hacienda afirmó que el aporte a la CAF tiene como objetivo aumentar la capacidad de crédito que el país podría obtener con este organismo. Abriría la puerta para que este o futuros gobiernos adquieran $4.800 millones (¢3 billones) en créditos para proyectos o apoyo presupuestario.
Acosta explicó que, como se trata de una operación financiera, el aporte está exento de la regla fiscal que controla el gasto público. Sin embargo, si los diputados pasan los recursos al gasto corriente de Dinadeco, “esa moción violenta regla fiscal y, por lo tanto, es imposible hacerla”.
Legisladores de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Frente Amplio (FA) e, incluso, del gobernante Progreso Social Democrático (PPSD) identificaron títulos presupuestarios en los que desharían recortes.
Existen reclamos, no solo entre los congresistas, sino entre los mismos jerarcas de los ministerios e instituciones, contra los recortes aplicados por el Ministerio de Hacienda.
Los legisladores pretenden recuperar partidas rebajadas en el Ministerio de Cultura, Dinadeco y transferencias para las municipalidades destinadas a la atención de la red vial cantonal.
El liberacionista Jiménez aseguró que hay muchas limitaciones en los gobiernos municipales para “cumplir el mandato” de atender las vías locales.
“Vamos a dar esos recursos, vamos a estar mocionando para reintegrar esos recursos”, dijo el verdiblanco.
¿Qué pasa con el parque La Libertad?
Quizás la mayor polémica por los recortes se ha dado por las reducciones en el dinero que se autoriza para el Ministerio de Cultura, que tiene una serie de transferencias a diferentes programas, como el parque La Libertad, de Desamparados.
A esta institución se le hace un recorte de ¢182 millones, lo que generaría su cierre para mitad del próximo año, según sus responsables.
En cuanto a estos recursos, hay un criterio mayoritario de las fracciones por recuperarlos, tanto así que incluso la diputada Ada Acuña, del PPSD, anunció mociones para que ese dinero se restituya.
“Nos preocupa muchísimo el parque La Libertad, principalmente, por el gran trabajo que realiza en el campo. Es decir, por la posibilidad de trabajar con las comunidades rurales y que realmente necesitan esos recursos. Necesitamos recuperar ese porcentaje y de otras instancias, para gestión de recursos culturales, artísticos, de los grupos”, anunció la diputada Acuña.
En suma, los recortes a Cultura rondan los ¢1.000 millones.
Gilberth Jiménez, del PLN, y Jonathan Acuña, del Frente Amplio, manifestaron también que apoyan deshacer los recortes.
El frenteamplista comentó que él tiene una preocupación particular por el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo), del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), que ejecuta el Pago de Servicios Ambientales (PSA).
“Creo que vamos a tener conversaciones también para revisar bien los recortes hechos al Ministerio de Educación Pública (MEP)”, apuntó.
Carlos Felipe García, diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), detalló que el informe aprobado sobre el Presupuesto 2023 denuncia faltantes importantes en diferentes partidas.
“El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) no tiene los recursos, hay un recorte importante al MEP, así como el golpe al sector cultura y Seguridad Pública. La Cancillería también manifestó su preocupación”, enfatizó.
El miércoles, los diputados aprobaron el informe de la subcomisión sobre el Presupuesto Nacional 2023, que permite ya abrir la presentación de mociones de fondo para hacer todas las modificaciones que consideren pertinentes los legisladores.
Ese periodo para presentación y conocimiento de mociones se extenderá hasta el 20 de octubre, luego de lo cual se enviará un informe al plenario sobre el plan de gastos para el próximo año, y a partir del 1.º de noviembre, se discutirá en el salón del pleno el Presupuesto Nacional.