Los diputados de oposición denunciaron que el gobierno se mantiene inerte con el impulso de una agenda legislativa de mayor recorte al gasto que procure equilibrar las finanzas públicas, la cual, según dijeron, se hace más urgente ahora que el país afronta una pandemia.
Así lo indicaron Silvia Hernández, Yorleni León y Carlos Ricardo Benavides, diputados del Partido Liberación Nacional (PLN); Carlos Avendaño, de Restauración Nacional; y Rodolfo Peña, jefe del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Por su parte, el jefe de bancada oficialista, Enrique Sánchez, declaró que el gobierno sí tiene trazada una ruta, en la cual no existe una “priorización” en la que un proyecto descarte otro.
Mencionó planes relacionados con fuentes que no generan déficit y que no son créditos, como el proyecto para usar superávits para abonar al pago de la deuda pública; la suspensión del pago de anualidades para el 2021 y 2022; así como reformas al INA y el cierre de Fonabe.
Añadió que el presidente de la República, Carlos Alvarado, inició este lunes reuniones con jefes de fracción, en Zapote.
Sin embargo, diputados de oposición señalan que el gobierno no les ha dado impulso a esos textos.
En caso de recortes inmediatos, afirmarón que en este segundo presupuesto extraordinario 2020, que sería dictaminado este martes en la comisión legislativa de Asuntos Hacendarios, el recorte planteado por el gobierno es de ¢62.453 millones.
El 80% de esa disminución proviene del pago de intereses de deuda gracias a un canje de financiamiento interno por externo.
“El presupuesto extraordinario no coincide con las expectativas que tienen los ciudadanos y las fuerzas políticas en el Congreso, de realizar recortes más severos, estratégicos y precisos del plan de gastos totales del Gobierno para el 2020”, cuestionó Silvia Hernández (PLN), presidenta de ese foro legislativo.
“Dista mucho del decir del Ejecutivo en términos de querer socarse la faja. Lamentablemente, eso tiene repercusiones importantes en la construcción de confianza y en mantener puentes entre el Ejecutivo y el Legislativo”, añadió Yorleny León.
"No se presenta una reducción real”, afirmó Rodolfo Peña.
Aunque Hernández dijo que los diputados no tienen margen de maniobrar para aumentar o disminuir ese tipo de recortes, León indicó que la movida solo se puede hacer a partir de la propuesta del Ejecutivo.
Sin embargo, Peña aseguró que sí se pueden plantear cambios.
Agregó que este martes, el diputado de su fracción, Pablo Abarca, propondría un recorte del 15% en las partidas donde el gobierno presentó recortes leves en este segundo presupuesto extraordinario.
Por su parte, Carlos Avendaño recordó que el compromiso de contener y disminuir el gasto publico, el gobierno lo asumió durante la discusión de la reforma fiscal, en el 2018.
“Ahí hubo todo un forcejeo de que se aprobaba el plan fiscal con el compromiso del Ejecutivo. Por lo tanto, puedo hablar que esto no se ha dado de forma sustancial, sino cosmética”, indicó el restauracionista.
Cambios estructurales
Avendaño manifestó que, si antes de la pandemia era necesaria una agenda de reformas estructurales en el Estado, ahora se vuelve más urgente, precisamente, por los efectos económicos causados por el nuevo coronavirus.
En este tema, Benavides fue directo: “Yo creo que el Ejecutivo solo hace despliegues políticos y esfuerzos mediáticos cuando se trata de que los diputados le aprobemos préstamos, pero cuando se trata de proyectos que tienden a recorte del gasto o a reformas estructurales, no hace mayor esfuerzo.
“Básicamente, se dedica a presentar una iniciativa y hacer lo que llamamos fuerza de cara, es decir, ningún esfuerzo real. Uno no percibe que sus ministros, sus diputados, su canales de comunicación digital insistan en proyectos que tengan que ver con el gasto público. Eso es clarísimo”.
Según Benavides, proyectos de reformas estructurales como la venta de activos y una verdadera propuesta de reforma al empleo público, siguen siendo una tarea pendiente del gobierno.
“En materia de empleo público es claro que no han hecho mayor esfuerzo que presentar borradores”, dijo el verdiblanco, mientras que Peña, afirma que un texto enviado por el Ejecutivo al Congreso, recientemente, se hizo solo “por cumplir”.
“En resumen, lo que hace es cambiar la modalidad de pago a los funcionarios públicos, en términos de que a unos les paga una base con una serie de componentes y ahora se pretende hacer solamente un salario único, pero esa no es una reforma de empleo publico”, señaló, por su parte, León.
Además de mencionar la falta de un proyecto sobre venta de instituciones, León dice que por ahora no se sabe mucho sobre lo que sucederá con el cumplimiento de la regla fiscal o con la revisión de los superávit de las instituciones.
Tampoco hay una propuesta de disminución del Estado o descentralizar la agenda y ver más hacia la periferia del país, según indicó.
“Los propios diputados de gobierno siguen insistiendo en dejar instituciones fuera de la regla fiscal”, señaló la verdiblanca.
En cambio, León y Benavides señalan que al gobierno, por ahora, le interesa más continuar por la vía del acceso a créditos internacionales, para afrontar las dificultades del gasto publico. “No así con un profundo recorte de gasto y la agenda de transformaciones”, insistió León.
En tanto, a Benavides le preocupa que el gobierno no sea claro sobre las conversaciones que estaría sosteniendo con el FMI sobre el manejo de las finanzas públicas.
“Son aspectos que deberían de estar clarísimos. Este no es el momento para esconder cartas, es el momento para que el gobierno ponga el naipe sobre la mesa y actúe en consecuencia”, urgió Benavides.
“Es hora de que el Ejecutivo le hable claro el país de cuál es la situación económica, de cuáles son las proyecciones macroeconómicas del país que, tienden a ser peor. Es claro que los mercados internacionales no confían en Costa Rica y nos castigan con los intereses más altos posibles en relación con nuestras colocaciones de deuda, mientras el Ejecutivo no le dice al país cuál va ser la ruta”, añadió.
El verdiblanco también afirmó que el gobierno sigue enfocado en solicitar préstamos sin decirle al país cómo se cumplirán con esos compromisos.
Añade que aún se desconoce si la propuesta reciente del presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, de hacer cambios en el aseguramiento de la CCSS, gozan de la venia del mandatario y de Hacienda.
En cambio, Hernández demandó proyectos que eviten duplicidades en el aparato público.
Mencionó que el Ministerio de Hacienda ha informado de que algunas instituciones han girado recursos a la Caja única pero, aún no se sabe de sus efectos y, tampoco, ha comunicado el gobierno si se requieren de reformas legales para continuar en esa línea.
“Se habla de normativa que simplifica los tramites y que tampoco han enviado, y eso tienen efectos sobre los costos”, dijo Hernández.
"Parece que quien está en gobierno busca la excusa de que sea la oposición la que le plantee los cambios, que ellos prometen pero no presentan, generando una expectativa irreal”, indicó la presidenta de Hacendarios.
Peña lamentó que el gobierno siga haciendo caso omiso a una agenda de 33 proyectos que desde la legislatura anterior, su fracción ha planteado.
Esos son propuesta de disminución de tarifas eléctricas y del impuesto a los combustibles, de generación distribuida y de mejorar un ambiente para la inversión.
“No se le ve voluntad al Poder Ejecutivo de poder tomar esos temas con seriedad y le está trasladando esa responsabilidad a la Asamblea Legislativa para que seamos nosotros quienes propongamos los proyectos sin ellos dar ese paso”, afirmó Peña.
El socialcristiano atribuye esa inercia a la falta de capacidad del presidente y de su equipo, según dijo. León cree que es por cálculo político, mientras que Benavides ve
En tanto, Avendaño dijo: “No ha existido una voluntad política del Ejecutivo de realmente cumplir lo que es, por un lado, la disminución de gastos y, por otro, no hay algo estructural".
En restauracionista añade que el país tiene instituciones en el área de vivienda que se pueden refundir.
¿Qué hará la oposición?
Avendaño y Peña indicaron que ante ese inercia del gobierno, lo idóneo es continuar proponiendo proyectos a través de sus respectivas fracciones.
Benavides afirmó que se debe continuar denunciando y que, el Ejecutivo debe buscar un acercamiento con las fracciones para explicar la ruta.
León, también, pidió un acercamiento del gobierno para que exponga su planteamiento con claridad. Otra medida, sería, que los diputados frenen empréstitos que se tramitan en el legislativo, incluido el de tren eléctrico, hasta que el gobierno defina la ruta.