Diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) retrasan la discusión de las mociones de fondo que presentaron las fracciones legislativas para ajustar el Presupuesto Nacional del 2021. La mayoría de las propuestas son para reducir el gasto público.
De 180 mociones, los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios solo habían podido votar 20 alrededor de las 7:30 p. m., a pesar de que la sesión se inició a las 3:15 p. m.
Según el Reglamento Legislativo, los diputados tienen tiempo hasta este martes para votar las mociones de fondo en la Comisión de Hacendarios. Si no lo hacen mañana, estas se pierden.
Este lunes, avanzada la sesión, los legisladores de Gobierno se apropiaron de la palabra.
Diputados como Laura Guido, Nielsen Pérez, Wélmer Ramos, Luis Ramón Carranza, Paola Vega y Carolina Hidalgo utilizaron la mayor parte del tiempo que les es permitido hablar a la hora de discutir cada moción de fondo, que es 15 minutos para cada uno.
La noche del domingo, el despacho del ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, orquestó una reacción de instituciones para oponerse a las mociones de reducción del gasto público planteadas por diputados de oposición en el Presupuesto Nacional del 2021.
De inmediato, instituciones como el Registro Nacional y los ministerios de Educación, Cultura y Justicia alegaron que la disminución en sus asignaciones presupuestarias podría afectarlas o, incluso, provocar cierres técnicos.
De la totalidad de las mociones, un grupo de 50 son del Partido Liberación Nacional (PLN) y proponen recortar el 1,8% del Presupuesto Nacional del próximo año, lo que equivale a ¢203.000 millones.
El Presupuesto Nacional para el 2021 es de casi ¢11.448.570 millones (¢11,4 billones).
Pese a que mañana se vence el plazo para salir con todas las mociones, este lunes, los legisladores oficialistas se extendieron en sus intervenciones para defender los recortes.
Pasadas las 7 p. m., la presidenta de la Comisión de Hacendarios, la liberacionista Silvia Hernández, decretó un receso de 30 minutos para llegar a un acuerdo.
A esa hora, la mayor cantidad de mociones que habían visto y rechazado los diputados de ese foro eran de la liberacionista Yorley León.
‘No me voy a prestar de tonta útil’
A eso de las 7:40 p. m., al retomar la sesión, León anunció que retiraba 22 mociones suyas que faltaba por resolver, debido a que veía “una estrategia del PAC para dilatar el avance”.
“Prácticamente, aquí no estoy haciendo nada. Mantener estas mociones es darle oxígeno al PAC para que siga atrasando. Yo no me voy a prestar, como dicen en la calle, de tonta útil para esa fracción”, reprochó la verdiblanca.
Las rojiamarillas Guido y Pérez replicaron que respetan el trabajo realizado por León en la elaboración de las mociones y dijeron que muchas de ellas eran muy importantes.
Las dos legisladoras oficialistas fueron de las que más intervenciones tuvieron durante la comisión.
Ambas se opusieron a la propuesta de bajar en un 50% las partidas de transporte en el exterior en instituciones como el Poder Judicial y en los ministerios de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y de Planificación (Mideplán).
Guido mostró preocupación específicamente, en el Poder Judicial, donde, según dijo, se afectarían áreas como el programa de atención de victimas y testigos y procesos de extradiciones.
En tanto, Pérez explicó que eliminar viáticos para viajes debilitaría la política del Servicio Exterior y la representación diplomática de Costa Rica, así como compromisos con el multilateralismo, entre estos, la participación en reuniones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Por su parte, Ramos afirmó que reducir en un 50% una subpartida dedicada a publicidad y propaganda en entidades como el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la Asamblea Legislativa y el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), podría afectar la comunicación de estas instancias con la población.
En el caso de Carranza, él defendió el dinero para “salud animal y salud vegetal” en entidades como el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Todos los congresistas del PAC insistieron en que la reducción del gasto no necesariamente pasa por el recorte del presupuesto.
“Las reformas más estructurales no están en las partidas y subpartidas. Están en la reforma del Estado. Por ejemplo, la complejidad con la que se ha abordado la Ley de Empleo Público, la Ley de Contratación Administrativa, y la de Hacienda Digital. No se trata de dejar a las instituciones paralizadas de cumplir sus propósitos”, afirmó Guido.
Los diputados del resto de fracciones rechazaron las mociones de León argumentando que, aunque se trata de buenas iniciativas, prefieren votar a favor otras cuyos recortes sería más fuertes.
Así se pronunciaron la socialcristiana María Inés Solís, así como Jonathan Prendas, del bloque independiente Nueva República.
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Reducciones en 25 entidades
La idea de las mociones que se discuten entre este lunes y martes es reducir la presión sobre el Presupuesto Nacional en esta época de crisis económica. Para el próximo año, el Gobierno tendrá que pedir el 55% del dinero que pretende gastar.
El déficit fiscal previsto para el 2021 es de ¢3.565.000 millones, equivalentes a 9,9 puntos del producto interno bruto (PIB). El déficit es la diferencia entre los ingresos y los gastos, sin contar el dinero que se va en la amortización de la deuda.
Entre las partidas que los serían recortadas están alquileres, gestión de apoyo, consultorías, materiales de oficina, viáticos, transporte, actividades protocolarias, festivales, alimentos y bebidas, entre otros.
Las entidades donde se harían los recortes son la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, la Presidencia de la República, el Registro Nacional y los ministerios de la Presidencia, de Gobernación y Policía, de Relaciones Exteriores, de Seguridad Pública y de Hacienda.
También, aparecen los ministerios de Agricultura y Ganadería, Economía, Obras Públicas y Transportes, Educación, Salud, Trabajo, Cultura, Justicia, Vivienda, Comercio Exterior, Planificación, Ciencia y Tecnología y Ambiente.
A la lista se sumarían, además, algunos regímenes de pensiones, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones y la Asamblea Legislativa.
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