Política

Diputados dan último visto bueno a plan Pagar: servirá de tapahuecos por el marchamo

Después de debilitarlo a menos de la mitad de los recursos previstos, Gobierno solo podrá utilizar ¢49.000 millones de los superávits libres de instituciones para pagar deuda

Los diputados aprobaron en segundo debate, este jueves, el proyecto de ley conocido como Pagar, que autoriza el traslado de los superávits de varias instituciones públicas y utilizarlos para el pago de deuda pública.

Aunque la intención original era echar mano de ¢227 millones para deuda, al final el Ejecutivo solo podrá utilizar ¢49.000 millones para ese fin, pues el resto de los recursos se utilizarán para cubrir el hueco dejado por la rebaja del marchamo.

El proyecto fue aprobado con 39 votos a favor. El único voto en contra lo dio el subjefe de Restauración Nacional, Melvin Núñez Piña.

Ya desde la aprobación del plan para reducir el marchamo 2021, específicamente el pago por el impuesto a la propiedad de los vehículos, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, anunció que utilizaría esos recursos para tapar el hueco abierto por los legisladores.

De esa forma, de los ¢99.000 millones que pasan a control del Ejecutivo, ¢50.000 millones son para cubrir ese faltante.

Los recursos del proyecto Pagar vienen de las siguientes instituciones:

- JPS: ¢15.000 millones.

- Instituto de Desarrollo Rural (Inder): ¢17.000 millones.

- Junta administrativa de la Imprenta Nacional: ¢18.600 millones.

- Junta administrativa del Registro Nacional: ¢24.227 millones.

- Consejo de Seguridad Vial (Cosevi): ¢13.335 millones.

- Fondo del Consejo de Salud Ocupacional: ¢10.000 millones.

- Oficina de Cooperación Internacional de la Salud: ¢956 millones.

- Recope deberá trasladar todo el dinero de la liquidación definitiva de la Sociedad Reconstructora Chino Costarricense (Soresco).

La propuesta original trasladaba ¢227.000 millones para el pago de deuda. Sin embargo, la iniciativa se fue debilitando, poco a poco, porque la mitad de las instituciones alegó un gran impacto de la pandemia en sus finanzas.

En algunos casos, la petición fue justificada, como en el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), cuyos ingresos provienen de la actividad turística en el país y los fondos del Gobierno contribuyen al apoyo del sector.

En otros casos, muchos diputados cuestionaron la inacción de las instituciones, como en la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel). Los legisladores alegaron que la gestión de esta entidad no ha contribuido a disminuir la brecha digital en el país.

Ahorro presupuestario aprobado

Además, los legisladores también dieron el segundo debate este jueves al proyecto de Tercer Presupuesto Extraordinario, que contiene un ahorro cercano a los ¢44.000 millones, luego de la gestión hacendaria para el canje de deuda (cambiar deuda cara por deuda barata).

El proyecto asigna ¢31.186 millones del crédito rápido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para amortizar la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

También cubre los ¢7.200 millones tomados de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) para pagar por adelanto una vacuna contra la covid-19 y ¢1.040 millones provenientes del diferencial en los precios de los combustibles, que irían a financiar los bonos Proteger.

También, transfiere ¢9.691 millones al Ministerio de Educación Pública (MEP) para gasto corriente.

Además, en esa tercera modificación del plan de gastos se flexibilizó la norma de ejecución presupuestaria 12, que evita la obligación tajante de que el Gobierno Central elimine las plazas que queden vacantes y sus códigos presupuestarios respectivos, para evitar problemas en escuelas y oficinas rurales de varias instituciones.

Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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