Diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público cuestionaron este jueves a la exdirectora jurídica del ICE, Julieta Bejarano Hernández, por algunas de sus actuaciones en esa entidad.
Ella fue convocada por los legisladores que investigan “la alarmante situación financiera” del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Bejarano se pensionó de la entidad en junio del año pasado. Antes, estuvo 32 años y se acogió a la movilidad laboral en 2004 pero luego regresó en el 2010, cuando el entonces presidente ejecutivo, Eduardo Doryan, la nombró en la Dirección Jurídica.
A lo largo de su carrera encaró asuntos polémicos; uno de los cuales dio origen a una causa judicial que se sigue en su contra.
Se trata de una investigación por el delito de peculado (sustracción o distracción de fondos públicos que un funcionario maneja en razón de su cargo) que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción tramita en el expediente 17-000065-0033-PE, confirmó la oficina de prensa del Ministerio Público.
“Este caso avanza en la etapa de recolección y análisis de prueba”, confirmó ese despacho.
La investigación judicial dio origen a una de las preguntas que le hizo el jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Erwen Masís, quien le consultó si ya había sido contactada por autoridades judiciales.
“No, lo único que sé es que la CGR (Contraloría General de la República) le dijo a esta Fiscalía que no hallaron ningún elemento para que eso tuviera una causa penal y no he sido notificada. Posiblemente se sobreseyó”, expresó.
Masís también le preguntó sobre un rumor según el cual ella había sido descubierta en la oficina de la actual jerarca, Irene Cañas, cuando revisaba documentos, razón por la cual habría salido escoltada.
Bejarano rechazó el hecho y dijo que ella desmintió ese rumor ante la jerarca.
El socialcristiano también la interrogó sobre sus vínculos con la empresa Consultores en Infraestructura GIP Limitada, que ayudó a crear, y específicamente si conservaba cuotas o acciones. Lo negó.
La consulta, justificó Masís, era porque el ICE ha contratado a esa firma como unidad ejecutora en obras millonarias de generación.
Bejarano Hernández aseguró que tuvo una quinta parte de las cuotas de dicha empresa pero que las cedió a los otros cuatro fundadores de la compañía. Además, reiteró que había renunciado a ganancias en conexión con esos contratos.
Precisamente, la causa judicial se inició por una denuncia del exdiputado del Frente Amplio, Jorge Arguedas, quien sostenía que la entonces directora jurídica y otros funcionarios se resistían a implementar normas internacionales de información financiera, supuestamente, para favorecer la continuidad de contratos suscritos entre los fideicomisos Toro 3 y Planta Térmica Garabito con GIP Limitada.
La aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) debía completarse en 2015, pero permanece como una tarea pendiente en relación con arrendamientos, contratos tipo Built, Operation and Transfer (BOT) y fideicomisos.
De aplicarse, se interrumpirían los pagos a unidades ejecutoras como GIP Ltda porque los contratos de arrendamiento y otros pasarían de ser operativos a clasificarse como contratos financieros.
GIP recibió contratos por obras del ICE por $17,6 millones entre el 2006 y el 2012 como unidad ejecutora de proyectos hidroeléctricos de los cuales el fiduciario es el Instituto.
Gerencia general y cesantía
También la diputada Franggi Nicolás, del Partido Liberación Nacional, aprovechó la comparencia de Bejarano para consultarle sobre presuntas irregularidades en el ICE.
La cuestionó, por ejemplo, por qué siendo directora jurídica no alertó sobre la ilegalidad de eliminar la Gerencia General, durante una sesión del Consejo Directivo del Instituto donde admitió que estuvo presente.
“Doña Julieta, usted es abogada y yo también. Le voy a decir que la ley 8660 de apertura en telecomunicaciones sí facultó modificar la estructura del ICE, pero era la estructura en telecomunicaciones. La ley marco que rige al ICE y fija las competencias del gerente general es la ley 449 de creación del ICE”, le aclaró la legisladora.
Nicolás incluso sugirió que Bejarano Hernández debía ser sujeto de la investigación que hace el Consejo de Gobierno sobre seis directivos del ICE a los cuales separó temporalmente del cargo, precisamente por la presunta eliminación ilegal de la figura de Gerencia General.
Igualmente, la verdiblanca se refirió al pago de cesantía a funcionarios de la Unidad de Gobierno Digital del ICE que la entidad trasladó a otra de sus subsidiarias.
En particular, la diputada le recordó a Bejarano una serie de advertencias sobre la posible ilegalidad del pago en relación con dos criterios de la Procuraduría General de la República, que existían de previo y específicamente alertaban al ICE de situaciones similares.
“El pedido era que se valorara esa situación, y usted contesta y prácticamente da a entender que no se metan en sus funciones, y que a usted le compete tomar esa decisión de efectuar la consulta o no”, dijo la diputada.
Finalmente, Jonathan Prendas, presidente de la Comisión y diputado del bloque Nueva República, quiso saber por qué razón Bejarano acudió a ese mismo foro el jueves anterior, cuando compareció el expresidente del ICE, Carlos Obregón.
Expresamente, le preguntó si era abogada o asesora del exjerarca, pues ingresó y se sentó detrás de él, no con el público.
Bejarano aseguró que no tenía ninguna relación comercial con Obregón y solo acudió como amiga. Cuando Prendas le preguntó cómo entonces había ingresado al recinto donde sesionaba la Comisión, respondió que una edecán de la Asamblea Legislativa le ofreció ingresar.
Prendas agregó que, de esta forma, quería dejar en actas que Bejarano no acudió ese día ni como asesora, ni prestando servicios a Obregón.