Diputados critican a Sala IV por pasarles responsabilidad del matrimonio homosexual

La sentencia de la Sala IV sobre el matrimonio igualitario logró el raro efecto de poner de acuerdo a la mayoría de los diputados, aunque fuera para criticar la decisión de los magistrados de dejar en manos del Congreso la regulación del tema en un plazo de 18 meses.

El tribunal declaró inconstitucionales los artículos del Código de Familia y de la Ley de la Persona Joven que prohíben el matrimonio y el reconocimiento de la unión de hecho entre personas del mismo sexo. Sin embargo, decidió que las normas seguirán vigentes durante un año y medio a la espera de que la Asamblea Legislativa adecue la legislación.

Liberación Nacional (PLN), Restauración Nacional (PRN), Acción Ciudadana (PAC), Integración Nacional (PIN) y el Frente Amplio concidieron en que los magistrados no acertaron en su resolución del miércoles por la noche.

Solo la Unidad Social Cristiana (PUSC) consideró correcta la decisión de la Sala de trasladar a los diputados la regulación del matrimonio igualitario. Este partido se opone a la legalización y, en su lugar, propone crear una figura de uniones civiles que conceda derechos a las personas del mismo sexo.

Carlos Ricardo Benavides, jefe de fracción del PLN, dijo este jueves ante el plenario que la resolución de los magistrados constitucionalistas “es cualquier cosa, menos clara”.

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El diputado afirmó que la falta de claridad y contundencia de la Sala IV le impide al PLN pensar en una fácil resolución del tema en el parlamento.

“Más dudas se dan cuando el magistrado Fernando Castillo (presidente de la Sala IV) habla expresamente de la posibilidad de que el parlamento tiene un plazo de 18 meses para regular el matrimonio igualitario o asumir una determinada figura por un periodo transitorio que no se sabe cuál sería", dijo el liberacionista.

“Y, en un programa radial, el presidente de la Corte, el magistrado Fernando Cruz (...) dice que la Asamblea no puede aprobar ninguna figura que tenga un menor rango que el matrimonio para acatar lo que dispuso la Sala, de lo contrario, sería discriminatorio y atentaría contra la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¡Haberlo dicho así de claro en el por tanto! Le hubieran ahorrado una discusión muy compleja al país”, lamentó Benavides.

Según dijo el miércoles el presidente interino de la Sala, Fernando Castillo, si el Congreso no legisla sobre el tema en 18 meses, el matrimonio homosexual quedará automáticamente en vigencia.

No obstante, el jefe del PLN dijo que la “interrogante” que abrió la Sala atenta contra la buena labor legislativa. Por eso, les rogó a los magistrados que la redacción del voto sea “diáfana” para que la Asamblea pueda legislar con claridad.

En tanto, en las tiendas de Restauración Nacional, partido que se opone al matrimonio igualitario, los ataques hacia la Sala Constitucional fueron más duros.

El parlamentario Eduardo Cruickshank advirtió de que el plazo de 18 meses que fijaron los magistrados será infructuoso debido a las diferencias radicales de criterio que hay entre las bancadas.

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Para el restauracionista, el voto de la Sala no es jurídico, sino que tiene fuertes matices políticos que calificó como una trampa para el Parlamento.

“¿Porqué digo que es un voto político? Porque lo que hizo la Sala fue meterle una inyección letal al Código de Familia, cuyos efectos irreversibles y de muerte segura se darán dentro de 18 meses. De tal manera que ya el matrimonio igualitario está dado en este país. Es nada más de que los efectos de la inyección letal se cumplan".

“Que no venga ahora la Sala a tratar de endilgar responsabilidad política al Parlamento, porque por supuesto esto tiene un costo político y alguien lo debe pagar. Pretenden lavarse las manos para que la responsabilidad caiga sobre este parlamento”, recalcó el restauracionista.

Cruickshank, además, dijo que la oposición al matrimonio igualitario provocará que el Congreso no pueda resolver el tema en el plazo que estableció la Sala, por lo que el destino del asunto será que la norma se derogue del Código de Familia en automático.

Su compañero de bancada, Jonathan Prendas, agregó que la resolución de los magistrados “no tiene pies ni cabeza” y que la Sala se extralimitó en sus competencias al fijarle un plazo al Parlamento para que legisle sobre el tema.

Además, recalcó que su partido no apoyará nada que relacionado con el matrimonio igualitario: “Si saben contar, quiten 14 votos si en el plazo de 18 meses quieren aprobar algo de matrimonio igualitario”, manifestó.

Por su parte, Wálter Muñoz, jefe de fracción del PIN, coincidió en que “no hay nada claro y preciso” en la resolución de la Sala: “Por el contrario, lo que hizo fue, básicamente, pronunciarse de una manera confusa, incompleta y trasladarle a la Asamblea Legislativa una polémica que, en realidad, no compete en estos momentos al Parlamento. Censuramos que la Sala no haya actuado con claridad y transparencia”, opinó.

Enrique Sánchez, diputado del PAC, criticó la vigencia adicional que se le dio a las normas declaradas inconstitucionales.

“La resolución de la Sala Constitucional abre una ventana de 18 meses, hay discriminación y hay parejas desprotegidas y que sigan así ‘porque nos da la gana’, porque no hay justificación para que esa norma, discriminatoria e inconstitucional, se mantenga vigente”, dijo en el plenario.

Minutos después, Casa Presidencial oficializó la convocatoria del proyecto de ley para regular el matrimonio igualitario. Se trata de un texto base que propusieron en el periodo constitucional 2014-2018 varios diputados del PAC, PLN y del Frente Amplio. Además, la propuesta regula aspectos de la adopción de menores por parte de las parejas del mismo sexo.

José María Villalta, diputado del Frente Amplio, también lanzó ataques contra la Sala Constitucional.

El legislador coincidió en que es inviable que el Parlamento tome una decisión al respecto en el año y medio de plazo que le otorgó el Tribunal y que sus integrantes perdieron la oportunidad de resolver un caso complejo acogiéndose, sin que existiera justificación, a la posibilidad de dimensionar los efectos de una resolución sobre la vida social.

Contrario a la opinión de la mayoría de bancadas, Erwen Masís y Pedro Muñoz, diputados del PUSC, afirmaron que la resolución fue jurídicamente correcta, pues a los que les corresponde legislar en el país es a los diputados.

Muñoz, además, dijo que a él sí le quedaron claros los alcances de la resolución, por lo que no observaba las zonas grises que criticaron en otras fracciones.

“Lo que llama la atención poderosamente es que si ya está el tema resuelto porqué le dan 18 meses a la Asamblea para sea la que lo resuelva. Entonces, mi interpretación es que hay matices que están dejando a discreción de la Asamblea Legislativa”, opinó Muñoz.