Silvia Artavia. 24 julio
Actualmente, ya existe un impuesto del 1% sobre los servicios de telefonía, el cual se ampliaría los de internet. Foto: ARUN SANKAR, AFP.
Actualmente, ya existe un impuesto del 1% sobre los servicios de telefonía, el cual se ampliaría los de internet. Foto: ARUN SANKAR, AFP.

Los diputados impondrían un impuesto del 1% a todos los servicios de Internet, sean móviles o fijos, con el fin de destinar unos ¢3.500 millones anuales a la Cruz Roja Costarricense.

La idea es extender el tributo que hoy se aplica sobre la telefonía, en beneficio del cuerpo de socorro, con el fin de que esta institución pueda reforzar la atención de emergencias.

El gravamen del 1% recaería sobre todos los servicios de datos. Las operadoras de telecomunicaciones trabajan para determinar cómo aplicarían el tributo en los paquetes que incluyen varios servicios, por ejemplo, televisión más Internet más telefonía.

Así lo establece el proyecto de Ley de creación de la contribución parafiscal al servicio de telecomunicaciones destinado al financiamiento de la Asociación Cruz Roja Costarricense (expediente 21.148).

El documento ya superó los dos días de mociones de fondo 137 en el plenario legislativo. Está cerca de recibir el primer debate, procedente de la Comisión de Asuntos Económicos.

El texto busca modificar la Ley de creación de la contribución parafiscal de telefonía móvil y convencional, prepago, pospago o cualquier otra modalidad de telefonía destinada al financiamiento de la Asociación Cruz Roja Costarricense (Nº 8690), una de las actuales fuentes de financiamiento de la Cruz Roja.

Un tributo renovado

El impuesto del 1% sobre la telefonía, para financiar la Cruz Roja, fue creado con la ley Nº 8690, en el 2008.

No obstante, la recaudación de este tributo viene disminuyendo desde hace varios años, debido a que las personas hablan menos por teléfono.

Por eso, “en vista de que las formas de comunicación han cambiado”, ahora se quieren gravar los servicios de Internet, para percibir más ingresos, explicó la diputada liberacionista Ana Karine Niño, impulsora del proyecto de ley.

Actualmente, la normativa establece que esa contribución parafiscal es “pagadera por toda persona física o jurídica propietaria de una línea telefónica convencional, móvil, prepago, pospago o cualquier otra modalidad de telefonía”.

El proyecto de ley propone deberá pagar el 1% “toda persona física o jurídica que posea un servicio de telecomunicaciones llámese telefonía móvil de cualquier modalidad de pago, telefonía tradicional, telefonía VolP, Internet (fijo y móvil) y líneas dedicadas”.

La telefonía VolP es la tecnología que permite hacer llamadas mediante los protocolos de Internet.

Las líneas dedicadas, por su parte, emplean Internet de alta velocidad y son usadas, principalmente, por empresas.

De aprobarse el proyecto 21.148, la Cruz Roja recibiría ¢3.500 millones adicionales a los ¢3.000 millones que actualmente percibe de la ley Nº 8690, precisó la legisladora.

En una entrevista la semana anterior con La Nación, Idalberto González, gerente general de la Cruz Roja, dijo que los ingresos totales por la contribución parafiscal sobre teléfonos alcanzaron los ¢3.374 millones en el 2017. Sin embargo, un año después bajaron a ¢3.276 millones y, en el 2019, cayeron a ¢2.991 millones.

Los recursos frescos que se recauden con la ampliación del impuesto se usarían para reforzar los comités de Cruz Roja, que actualmente reportan pérdidas.

Según el vocero, al menos 33 de estos comités podrían dejar de atender emergencias nocturnas en tres meses, debido a que tienen un déficit de ¢1.500 millones.

El dinero nuevo también serviría para contratar más de 300 socorristas, de manera que los comités auxiliares cuenten con la tripulación completa en sus ambulancias, la cual consta de conductor y socorrista.

Para esto último, la inversión estimada es de ¢3.000 millones anuales, para cubrir salarios, cargas sociales, gastos de uniformes, capacitaciones, seguros, entre otros aspectos.

Este martes 21 de julio, los diputados de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos aprobaron un texto sustitutivo para hacer una variación a la iniciativa de ley.

El cambio consistió en dar un período de gracias de tres meses a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) para que implemente el mecanismo de aplicación del tributo, así como a las operadoras de servicios de telecomunicaciones, para que adapten sus estructuras financieras para el cobro de dicho impuesto.

“Pese a que sobre la industria y los usuarios de los servicios de telecomunicaciones ya recaen múltiples obligaciones de carácter fiscal, Infocom y los operadores de telecomunicaciones se han mostrado anuentes a colaborar y brindar sus insumos de forma proactiva, para la implementación de esta reforma en momentos en los que dicha Institución y el país lo necesitan”, comento Ana Lucía Ramírez, director ejecutiva de la Cámara de Comunicación y Tecnología (Infocom).