Política

Diputados convocan a rectores de UCR, UNA y Tec para que rindan cuentas sobre acoso sexual en universidades

Los diputados de la Comisión de la Mujer llamaron a comparecer a los rectores de las universidades de Costa Rica (UCR, Nacional y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec) para que se refieran a la forma en que atienden el “flagelo del acoso sexual y hostigamiento sexual en sus sedes y recintos".

La decisión la tomaron esta mañana las legisladoras Shirley Díaz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Franggi Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN); Nielsen Pérez, del Partido Acción Ciudadana (PAC); y el diputado José María Villalta, del Frente Amplio; tras conocer la problemática que se vive en las aulas de ese recintos, explicada por representantes de colectivos de las tres universidades.

Por ejemplo, Génesis López, integrante del colectivo Me pasó en la UNA, afirmó que las sanciones en contra de funcionarios acosadores en esa casa de enseñanza han sido insuficientes, a pesar que desde 1996 la institución incluyó en su política la lucha contra el acoso y el hostigamiento en las aulas.

La universitaria dijo que, a pesar de que la UNA tiene una fiscalía contra el hostigamiento sexual, la prevalencia del hostigamiento sexual en la población estudiantel es del 35,8%. “Podría decir que en un estudio reciente del Institutos de Estudios de la Mujer (IEM), este 35,8% ha subido aproximadamente al 45%”, añadió.

Otros informes del IEM señalan que el 42% de alumnas de la UNA afirma haber sido sufrido acoso.

Tras la comparecencia de representantes de los colectivos, los diputados de ls Comisión de la Mujer solo aprobaron la moción y aún queda pendiente agendar las fechas de comparecencia de los rectores Henning Jensen, de la UCR; Alberto Salom, de la UNA; y Luis Paulino Méndez, del Tec.

La diputada Díaz, quien presentó la moción, explicó que la convocatoria no solo será para conocer a través de los rectores las políticas y reglamentos que usan en esas universidades para sancionar el acoso, sino que también para conocer los plazos para resolver las denuncias.

Por su parte, Nicolás explicó que, tras la audiencia de esta mañana, le quedó claro que esas universidades, que deberían ser espacios de seguridad para formar a las mujeres, hoy son nichos que violentan y ponen en riesgo la dignidad y la estabilidad de las alumnas.

“Queda la preocupación de que, ante las diferentes denuncias y ante un tema que está siendo evidente, no se han tomado las medidas correctivas por parte de las universidades. En los testimonios de las estudiantes, hemos visto que, a pesar de que hay una declaración de emergencia, han sido pocas las medidas para acelerar los procesos de sanción, procesos que son muy tenues y no imponen medidas importantes”, señaló la legisladora verdiblanca.

Andrea Chacón, presidenta de la Federación de Estudiantes de la UCR, lamentó ante los diputados que el hostigamiento sexual no es una problemática única en las universidades públicas, sino que también se da a nivel nacional.

“Como estudiantes requerimos una reforma a la Ley contra el hostigamiento o acoso sexual en el empleo y la docencia. Debemos trabajar en mejorar la estadía de los estudiantes y en la mayor cantidad de ambientes en los espacios laborales. Es fundamental que, en las instancias del sector público, existan instancias especializadas contra el acoso sexual para que no sean abordadas con medidas disciplinarias”, urgió Chacón.

Ella citó cifras de la Defensoría de los Habitantes que señalan que, entre el 2015 y el 2018, se reportaron 1.069 casos de hostigamiento sexual en el sector público que, en su criterio, no fueron tramitados por una institución especializada.

Por su parte, Daniela Cortés, del colectivo Me pasó en el Tec, mencionó que, desde que se inició la campaña de denuncia en contra del acoso este año, recibieron 123 denuncias. Antes de la campaña, solo había ocho casos resueltos, explicó la alumna.

Josué Bravo

Periodista en la sección Política, con 16 años de experiencia como corresponsal del Diario La Prensa de Nicaragua en temas políticos, diplomáticos, judiciales y migratorios.