Los diputados aprobaron en primer debate, este lunes, un proyecto de ley que eleva a categoría de parque nacional el Refugio de Vida Silvestre Isla San Lucas, con el apoyo de 45 diputados, en un debate que se extendió por poco más de tres horas en el plenario de la Asamblea Legislativa.

En contra solamente votó la congresista Paola Vega Rodríguez, quien criticó duramente la forma en que se plantea la iniciativa para crear el parque nacional.

Específicamente, el proyecto eleva a categoría de parque nacional la isla ubicada en el golfo de Nicoya: además de su condición de área silvestre protegida, le da categoría de patrimonio histórico arquitectónico y zona de aprovechamiento turístico sostenible.

El proyecto declara de interés nacional y de alta prioridad el desarrollo turístico en esa isla, que hasta los años 90 funcionó como un presidio.

Con la aprobación de la ley, también se le da prioridad a la conservación y restauración de las edificaciones de esa antigua isla penitenciaria, bajo el marco de la colaboración público privada.

Aparte de que la ley aprobada delimita los límites de la porción terrestre y de área marina costera, ambas protegidas por ley y bajo tutela del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), se define una zona turística de “manejo diferenciado, dedicado a la actividad turística sostenible, la promoción y desarrollo de los sitios de interés histórico, arquitectónico y ambiental”.

La restauración y preservación del patrimonio histórico arquitectónico del antiguo presidio dependerá de un trabajo conjunto entre los ministerios de Cultura y de Ambiente.

La administración, según lo establece el expediente 21.287, estará en manos de la Junta Directiva del Parque Nacional Isla San Lucas, órgano de desconcentración máxima adscrito al Minae, con personalidad jurídica instrumental.

Ese órgano será el encargado de definir un plan maestro para el desarrollo y conservación del parque, así como los programas, planes y presupuestos, aparte de la estructura administrativa necesaria para la gestión del parque nacional.

La Junta estará compuesta por representantes del Ministerio de Ambiente, en función de presidencia; del Ministerio de Cultura, de la presidencia ejecutiva del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), del Poder Ejecutivo, de la alcaldía de Puntarenas y de la Cámara de Turismo de Puntarenas.

Asimismo, la ley le da la potestad a ese órgano colegiado a establecer fideicomisos como instrumento de administración, gestión, desarrollo y mantenimiento del parque nacional.

Para el financiamiento del parque, la ley dice que le corresponderán recursos provenientes del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), transferencias del Presupuesto Nacional o donaciones de personas físicas y jurídicas, así como los ingresos por visitación, uso de servicios, cánones por concesiones y permisos.

El proyecto fue impulsado por el liberacionista Carlos Ricardo Benavides y 43 diputados más.

Benavides alegó que, desde el 2008, se ha tratado de cambiar la realidad de ese parque, donde ni siquiera hay servicios sanitarios para quienes visitan el lugar.

“Esto es una forma de combinar la protección de la naturaleza, la conservación y restauración de nuestro patrimonio arquitectónico y el desarrollo de turismo sostenible, de bajo impacto, pero no en manos exclusivas de quienes lo administraban sin éxito”, indicó el liberacionista.

Él explicó que el decreto de ese año cometió un error, el de reducir el área de la reserva, lo cual se cayó en la Sala Constitucional, pero dijo que el objetivo era loable, para que no siguiera ocurriendo lo que había pasado.

“Perdimos la antigua biblioteca de la isla, la escuela, todos los edificios patrimoniales, el comisariato y el barrio entero (que funcionó durante la época de la colonia agrícola penal en los 60)”, indicó Benavides.

El diputado recordó, en su intervención, que la isla estuvo ocupada desde los años 800 por indígenas, que la llamaban Chala y fue descubierta por españoles en 1529. En 1873 empezó a funcionar como una prisión y en 1930 se construyó el edificio administrativo.

De los 60 data la colonia penal agrícola, que tenía un modelo de readaptación para los reos, con la práctica agrícola y de ganadería, con una escuela, un hospital, biblioteca, comisariato, sodas y casas para la visita conyugal de los reos.

Diez años después de la publicación de la novela La isla de los hombres solos, de José León Sánchez, en 1974, se aprobó la ley para traspasar la isla a la municipalidad de Puntarenas, se clausurara la prisión y se desarrollara un hotel.

La clausura del presidio sucedió, finalmente, en 1991. Aunque la municipalidad puntarenense intentó frenar la creación del refugio, la Sala Constitucional rechazó el reclamo.

Entre el 2011 y el 2014, se restauraron varios edificios, por casi ¢300 millones, pero un incendio en el 2017 dio al traste con esas obras.

Vega en contra

Sin embargo, la presidenta de la Comisión de Ambiente, Paola Vega, calificó el proyecto de hipócrita y dijo que fue hecho “a contrapelo de la Ley Orgánica del Ambiente”, pues alegó que los “parques no se crean porque se le ocurra a un diputado o a un ministro”.

“Yo soy verdaderamente conservacionista y ambientalista, y les digo que los parques no son un juguete, ni eslogan de la campaña de nadie. El Gobierno tiene que otorgar presupuesto para los parques y recursos para cuidarlos”, criticó.

Vega adujo que no porque el proyecto de ley diga que se le van a transferir recursos del Sinac al nuevo parque, ya va a tener financiamiento suficiente.

“¿Cuál protección vamos a lograr así? Vamos a tener conservación de mentiras”, dijo la oficialista y enfatizó que no hay recursos para garantizar una verdadera protección ambiental.

Adujo que, aunque el país presume de sus áreas protegidas, no invierte más que $21 per cápita en ambiente, mientras que invierte hasta $971 en educación, por ejemplo.

Agregó que, con el personal que tiene hoy el Minae, un solo guardaparque tiene que cuidar de extensiones cercanas a las 4.000 hectáreas, y dijo que “eso sería como que una sola persona cuide todo Coronado”.