Política

Diputados consultarán plan de empleo público a Corte después de ajustarlo con criterio de Sala IV

Silvia Hernández, presidenta de la Asamblea Legislativa, informó de que el proyecto de empleo público será sometido de nuevo a consulta en el Poder Judicial, después de que el texto sea ajustado a la luz del criterio de la Sala IV en la Comisión de Consultas de Constitucionalidad.

Hernández indicó que las modificaciones que haya recibido un texto, sea en comisión o en plenario, deben ser sometidas a consultas obligatorias con instituciones antes de la votación en primer o segundo debate. Ese trámite tienen una duración máxima de ocho días hábiles.

“Entre ellas estará la Corte, la que deberá definir si las modificaciones implican o no cambios en la organización y funcionamiento del Poder Judicial, lo cual daría camino a definir la cantidad de votos que requiere este proyecto para su aprobación final, entiéndase una mayoría calificada de 38 votos o una mayoría simple que sería cualquier aprobación inferior a 38 votos”, apuntó la legisladora liberacionista.

La Constitución Política establece que, para la aprobación de un proyecto que se refiera al funcionamiento o la organización del Poder Judicial, la Asamblea debe consultar a la Corte Suprema de Justicia y, para apartarse del criterio de esta, se requiere del voto afirmativo de dos terceras partes del Congreso.

Sin embargo, el criterio de la Corte no cierra el debate sobre la eventual afectación de un proyecto para el Poder Judicial. En el caso de la reforma fiscal del 2018, por ejemplo, la Sala Constitucional resolvió por unanimidad que ese legislación no requería de mayoría calificada, a pesar de que así lo había advertido primero la Corte.

El proyecto de empleo público, que establecería un salario global para todo el sector público y límites a la negociación de convenciones colectivas, se aprobó en primer debate el 17 de junio con 32 votos a favor y 15 en contra.

Dos semanas antes, 17 de 22 magistrados de la Corte Plena se pronunciaron en el sentido de que el proyecto “sí afecta el funcionamiento y la organización del Poder Judicial”, con lo cual exigían mayoría calificada para su aprobación. Incluso, plantearon una consulta de constitucionalidad ante la Sala IV, la cual no fue admitida para estudio por haber entrado fuera de plazo.

Al resolver consultas de diputados, la Sala IV encontró que, si bien el salario global y las regulaciones a las convenciones colectivas resultan constitucionales, diversos artículos del plan de empleo público violarían las autonomías e independencias del Poder Judicial, las universidades públicas, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), las municipalidades y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Básicamente, la Sala encontró inconstitucional someter a estas instituciones a la rectoría del Poder Ejecutivo, en la figura del Ministerio de Planificación (Mideplán), en materia de empleo público. En en ese caso, cada poder o entidad independiente debe regular su propio salario global y sus sistemas de reclutamiento.

El proyecto volvió este lunes al Congreso, una vez que superó consultas planteadas por los diputados a la Sala IV. Ahora, el proyecto deberá ser sometido a ajustes en la Comisión de Consultas de Constitucionalidad.

Luego volvería al plenario donde se aprobaría el informe de comisión y sería enviado a consulta obligatoria con las instituciones, antes de ser sometido a votación por el fondo en un nuevo primer debate.

Josué Bravo

Josué Bravo

Periodista en la sección Política, con 16 años de experiencia como corresponsal del Diario La Prensa de Nicaragua en temas políticos, diplomáticos, judiciales y migratorios.