Aarón Sequeira. 28 noviembre, 2019
Daniel Ulate (izq.) y Roberto Thompson (der.) son los principales firmantes del proyecto sobre etiquetado de licores. Ambos pidieron, en jefes de fracción, el avance del proyecto. Con ellos, en la gráfica, Wagner Jiménez y Silvia Hernández, jefa del PLN. Foto: Mayela López
Daniel Ulate (izq.) y Roberto Thompson (der.) son los principales firmantes del proyecto sobre etiquetado de licores. Ambos pidieron, en jefes de fracción, el avance del proyecto. Con ellos, en la gráfica, Wagner Jiménez y Silvia Hernández, jefa del PLN. Foto: Mayela López

Las jefas de las fracciones legislativas acordaron, el mediodía de este jueves, consultar el criterio del nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, sobre el dudoso proyecto de etiquetado de licores que impulsan los liberacionistas Daniel Ulate y Roberto Thompson, y el socialcristiano Erwen Masís.

Se trata de una iniciativa que ha avanzado en forma paralela a un intenso lobby de la empresa suiza Sicpa, representada en Latinoamérica por el expresidente José María Figueres, la cual se dedica a venderles estos sistemas de trazabilidad a gobiernos.

(Video) Daniel Ulate pide convocatoria de dudoso plan sobre licores

La decisión la tomaron las voceras de las bancadas, luego de recibir en audiencia a los tres legisladores, quienes solicitaron que el expediente legislativo 20.961 entrara en la agenda de proyectos en la sesión del plenario de este jueves por la tarde.

La iniciativa, justificada como una forma de combatir el contrabando, podría avanzar a la última etapa de mociones de fondo, donde se reiterarían propuestas que se hayan desechado en la Comisión de Asuntos Económicos.

No obstante, la sesión del plenario de este jueves no se pudo realizar, porque no estaban los diputados necesarios para conformar el cuórum establecido por la ley para que haya sesión. Entonces, ni siquiera se pudo conocer la moción de consulta sobre el plan.

“Nosotros fuimos muy claros, pero ya es un tema de respeto hacia las jefaturas y tomarán la decisión”, comentó Ulate.

El liberacionista añadió que hicieron el planteamiento en la mesa de los jefes, para que la iniciativa avance, y quedaron a la espera del acuerdo de los voceros.

Las jefas del Partido Liberación Nacional (PLN), Silvia Hernández, y Acción Ciudadana (PAC), Nielsen Pérez, confirmaron que la decisión tomada es la de hacer nuevas consultas sobre el texto más actualizado del proyecto de Ley contra la adulteración y el contrabando de bebidas alcohólicas.

Aparte de consultarle al nuevo ministro de Hacienda, se harían otras consultas obligatorias sobre la nueva redacción de la propuesta, entre ellas a las municipalidades, al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) e, incluso, al Ministerio de Seguridad Pública.

Igualmente, se le pedirá criterio a la Contraloría General de la República (CGR), al Ministerio de Salud y a la Procuraduría General de la República (PGR).

“Tenemos que ver asuntos técnicos, si la consulta se puede conocer como moción de orden en la primera parte de la sesión del plenario o en la segunda, pero la decisión es consultarlo para que el proyecto siga caminando”, mencionó Pedro Muñoz, jefe de la Unidad Social Cristiana (PUSC).

El socialcristiano añadió que la petición de los legisladores era que el expediente entrara en la agenda de proyectos y se quemara el día de mociones de reiteración.

Ante la petición de los tres legisladores, Silvia Hernández explicó que la decisión de los jefes era que se quería una consulta porque, incluso cuando era un proyecto de artículo único, varias fracciones reiteraron esa necesidad de consulta antes de conocer mociones adicionales.

“Ha habido mucha incertidumbre, entonces queremos consultarlo, no solo desde el punto de vista procesal, de que hay consultas obligatorias, sino también para tener insumos sustantivos que den certeza para los próximos pasos. El proyecto sí avanza”, comentó Nielsen Pérez, del PAC.

Ella apuntó que eso es de suma relevancia para proyectos que, como este, ha sido “tan debatido en el ámbito público”.

El expediente 20.961 plantea la obligación de que el Ministerio de Hacienda contrate un sistema de trazabilidad para colocarlo en las botellas de licor, con tal de seguir el rastro a esos productos desde su manufactura hasta su comercialización.

El proyecto generaría un lucrativo contrato, obligatorio para el Ministerio de Hacienda, a pesar de que esta cartera advirtió de que la relación costo-beneficio sería negativa, pues se deberían invertir millones de dólares en el sistema sin que se garantice la recupración.

A la vez, La Nación ha revelado un intenso lobby de parte del exmandatario José María Figueres Olsen en favor de que Costa Rica introduzca la tecnología.

Las gestiones de Figueres se han enfocado, precisamente, en presentarle al Ejecutivo un sistema de rastreo de licores similar al que los diputados Roberto Thompson y Daniel Ulate sugieren en el proyecto de ley.

Es más, el representante de esa compañía ha sido Bernardo Arce, exministro durante la administración Figueres Olsen, quien no solo se reunió con el diputado Ulate, sino que también hizo gestiones desde junio del 2018 ante el despacho de la entonces ministra de Hacienda, Rocío Aguilar.

Además de esas gestiones, el propio José María Figueres le pidió una cita al presidente del Banco Central de Costa Rica, Rodrigo Cubero, bajo el argumento de quería hablar de la economía nacional.

No obstante, en medio de la cita, donde también estuvo Rocío Aguilar, a instancias de Cubero, el expresidente de la República habló del sistema de rastreo de licores que su compañía ha vendido a varios países latinoamericanos en millones de dólares.

Pide que se convoque en extraordinarias

Cuando Daniel Ulate y Erwen Masís salieron de la reunión de jefas de fracción, este mediodía, La Nación intentó conversar con ambos. Thompson había salido, unos minutos antes, por otra puerta.

Masís no atendió la petición de consulta y se fue. Ulate pidió que se le preguntara “más tarde”, pero ante la insistencia finalmente accedió a responder sobre la petición que le hicieron a los voceros partidarios.

Respondió que sí ha hecho gestiones ante el ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, para que el Gobierno convoque el proyecto sobre etiquetado de licores en el periodo de sesiones extraordinarias del Congreso, que inicia este 1.º de diciembre.

Durante ese periodo, que se extiende de diciembre a abril, es el Poder Ejecutivo el que decide cuáles proyectos pone a despacho para que se trámiten tanto para el plenario legislativo como en las diferentes comisiones dictaminadoras.

“Al señor ministro le hicimos ver cómo ha ido caminando y avanzando un proyecto como este y la importancia que tiene para el país. No estamos presionando al Gobierno ni mucho menos. Somos conscientes de lo que ahí está planteado”, dijo Ulate.

Durante la tarde de ese jueves, Víctor Morales presentó en el Congreso la agenda de proyectos para extraordinarias. Allí, explicó que no se convocó el proyecto porque dentro del PLN no hay acuerdo sobre la iniciativa, por lo que no fue solicitada por parte de esa bancada para el inicio de las extraordinarias.

Por mensaje de Whatsapp, Roberto Thompson indicó que no se pidió en ningún momento a los jefes de fracción que se votara el proyecto este jueves, en primer debate, sino que se quería saber cómo es el trámite de mociones de reiteración que sigue ahora en el camino de la iniciativa.

Incluso, insistió en que prácticamente no estuvo durante la reunión de los jefes.

“Daniel (Ulate) quería saber cuál es el trámite de reiteraciones. Y me pidió que le acompañara a conversar con Silvia (Hernández). Puedo asegurar que en ningún momento se planteó la votación del proyecto en primer debate para hoy”, dijo el alajuelense.