Los diputados concluyeron, este lunes, el trámite de las mociones del proyecto de Ley Marco de Empleo Público, después de dos meses dedicados a la discusión de varias modificaciones sobre la iniciativa en el plenario.
A las 5:35 p. m., la presidenta de la Asamblea Legislativa, Silvia Hernández, anunció la votación negativa de la última de las 188 mociones de revisión que se tramitaron.
Esas revisiones se habían presentado sobre una porción de las 349 mociones de reiteración que se habían discutido en el pleno del Congreso, días atrás.
Una etapa antes en el trámite parlamentario, se habían procesado cerca de 700 mociones en las dos etapas de discusión de proposiciones de fondo sobre el expediente 21.336, las cuales estuvieron a cargo de la Comisión de Gobierno y Administración durante varios meses.
Una vez concluido este trámite, la presidencia legislativa anunció el envío del proyecto a varias consultas obligatorias del texto, debido a que las modificaciones de los últimos meses requieren que la propuesta sea nuevamente puesta a conocimiento de las instituciones que afectaría.
Dichas consultas se realizarán por ocho días hábiles, al término de los cuales el proyecto regresaría al plenario para su votación en primer debate. Eso sucedería para la segunda semana de junio.
Las instituciones a las que se consultará la redacción del plan sobre empleo público son la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Caja Costarricense de Seguro Social, las instituciones autónomas, el Consejo Nacional de Rectores, las universidades públicas, el Consejo Superior de Educación y las 82 municipalidades.
Además, Hernández ordenó que se publique el nuevo texto de la iniciativa, en el diario oficial, La Gaceta.
La iniciativa de reforma al sistema del empleo público sustituye el actual sistema de pluses salariales por uno de remuneración global, con ocho familias de puestos.
Dentro de las nuevas reglas para los sueldos públicos entran todas las instituciones estatales, incluyendo las universidades y las municipalidades, luego de fuertes pulsos entre diputados y desde fuera del Congreso, con sectores haciendo presión contra la inclusión.
Solamente quedaron fuera de la aplicación de las nuevas reglas las empresas públicas en competencia.
El proyecto entrega la rectoría política sobre el empleo público al Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán), ratificando lo que ya se había aprobado en la ley 9635.
Además, establece responsabilidades técnicas sobre el tema a la Dirección General de Servicio Civil.
Según los cálculos del Mideplán, la reforma le ahorraría al Estado hasta un 1,8% del producto interno bruto (PIB) por año.
Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la iniciativa es coherente con las mejores prácticas internacionales en materia de empleo público.
El diputado Víctor Morales Mora, del Partido Acción Ciudadana (PAC) y presidente de la Comisión de Gobierno, enfatizó que se espera tener el plan para la discusión por el fondo en el mes de junio.
El oficialista acotó que se ha pactado realizar una consulta facultativa en la Sala Constitucional sobre el proyecto, después del primer debate, para verificar que no haya ningún roce de constitucionalidad en la redacción del proyecto.
“Vamos avanzando y estamos muy satisfechos con que hayamos llegado a esta etapa”, indicó.
La jefa del PAC, Laura Guido, agregó que se trata de una señal importantísima en el “ánimo de dar señales de que estamos comprometidos con una ruta responsable, que traiga estabilidad económica y financiera al país”.
Agregó que el plan de empleo público en el acuerdo de ajuste fiscal con el FMI para “construir condiciones favorables para que Costa Rica tenga tranquilidad y estabilidad financiera”.
Al contrario de sus compañeros de fracción, Paola Vega anunció que, cuando regrese el expediente para primer debate, su voto será negativo “por la violación a la separación de poderes, a la autonomía universitaria, a los derechos laborales y por la mal llamada cláusula de conciencia”.
En el trámite de las últimas 17 mociones que se votaron este lunes, el frenteamplista José María Villalta intentó revisar la moción que había planteado para eliminar el beneficio que tienen los legisladores, al recibir 500 litros de combustible al mes para uso discrecional, lo cual se conoce como una “ayuda técnica para su labor”.
Se trata de la moción 181 de revisión, con la que el congresista intentó derogar el artículo 5 de la Ley de remuneración de los diputados, donde se les asigna a los congresistas los 500 litros mensuales.
A favor de la propuesta de Villalta votaron 20 legisladores del PAC, Liberación Nacional (PLN), la Unidad Social Cristiana (PUSC) e Integración Nacional (PIN), pero hubo 21 votos en contra.