Diputados censuran violencia empleada por gobierno de Ortega y piden que se nombre embajador en Managua

Los actuales diputados se sumaron a la condena emitida, en abril pasado, por la Asamblea Legislativa contra la violencia utilizada por el gobierno de Daniel Ortega contra los manifestantes en Nicaragua.

Con 44 votos, los legisladores aprobaron, la tarde de este martes, una moción en el plenario para censurar "el uso excesivo de la fuerza utilizada por la policía y las fuerzas armadas nicaragüenses contra civiles que ejercen su derecho constitucional de libertad de expresión, reunión, información y comunicación”.

La moción fue promovida por la diputada liberacionista Karine Niño y la socialcristiana María Inés Solís, luego de una visita al Congreso de personeros de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos.

En el texto, se expresa respaldo al diálogo como el mecanismo para resolver el conflicto nicaragüense de forma pacífica y una exhortación al Gobierno costarricense para que apoye todas las acciones dentro del derecho internacional, para favorecer la solución definitiva a la crisis nicaragüense.

Por otra parte, los diputados instaron a la administración de Carlos Alvarado a nombrar un embajador en Managua a la brevedad posible. El anterior jefe de la misión tica en ese país, Eduardo Trejos, fue nombrado por el mandatario como jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS).

Los congresistas también piden al presidente que tome decisiones “en materia de política exterior que respalden de manera decidida la condena por los actos de opresión sobre el pueblo de Nicaragua” y que exija el Ejecutivo de ese país el respeto de los derechos humanos.

Las protestas en la nación vecina comenzaron a raíz de una decisión del gobierno de Daniel Ortega de elevar la cotización al sistema de pensiones.

Sin embargo, las violentas medidas adoptadas por las autoridades policiales para controlar a los manifestantes ya han dejado 85 muertos y han generado fuertes condenas internacionales.

Minutos después de que se aprobara la moción en el Congreso, la Cancillería emitió un comunicado en el que llama al Gobierno nicaragüense “a suspender toda acción violenta contra la población civil, los estudiantes y la prensa”.

“Nuestro país apoya la promoción del diálogo, el respeto por los derechos humanos y el derecho internacional y sus instituciones, para la solución pacífica de conflictos y la promoción de la paz social, y espera que el Gobierno de Nicaragua honre sus compromisos internacionales”, dice el pronunciamiento.