Silvia Artavia. 4 mayo
Una denuncia anónima investigada por el Ministerio Público señala que el puente, ubicado en la comunidad de Río Bonito de Corredores, fue construido por la Municipalidad local.
Una denuncia anónima investigada por el Ministerio Público señala que el puente, ubicado en la comunidad de Río Bonito de Corredores, fue construido por la Municipalidad local.

La cautela se apoderó de los diputados ante el caso del puente construido en la propiedad de un presunto líder narco en Corredores, Puntarenas, obra que parece fue hecha por fantasmas, pues no existe rastro de su edificación.

Consultados por La Nación sobre su opinión ante el hecho y sobre el hermetismo mostrado por la Municipalidad de Corredores ante el asunto, los legisladores fueron muy mesurados.

La mayoría se limitó a decir que esperan que el caso sea investigado por las autoridades. Algunos enfatizaron no tener más detalles del asunto aparte de los revelados por la prensa en las últimas semanas.

El pasado 6 de abril, un hombre de apellidos González Hernández fue detenido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), bajo el cargo de liderar una organización dedicada al tráfico nacional e internacional de drogas, así como al lavado de dinero.

Él es el propietario de la finca donde fue construido el puente, en Río Bonito de Corredores, estructura de la cual no existen registros en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), en la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) ni en el gobierno local de Corredores.

Mientras tanto, una denuncia anónima, investigada por el Ministerio Público, señala que la Municipalidad de Corredores aportó recursos para levantar la obra.

Una semana después de la captura de González Hernández, el 13 de abril, el parlamentario liberacionista Gustavo Viales-hijo del alcalde de Corredores, Carlos Viales- aceptó que había visitado el sitio donde fue detenido el supuesto líder narco, un condominio en San Joaquín de Flores, Heredia.

Él asistió al lugar a pedido de Bernabé Chavarría, presidente municipal de Corredores, quien también fue detenido el martes 6 de abril como sospechoso de realizar “trámites de permisos municipales” en favor de los miembros de la banda narcotraficante.

Tras ello y, luego de una fuerte resistencia de la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), los diputados aprobaron crear una comisión especial para investigar la visita del legislador Viales a la vivienda de González Hernández.

La Municipalidad de Corredores rehusó responder si aportó recursos para el puente construido, donde una sociedad vinculada al supuesto líder de la banda planeó abrir una embotelladora de agua.

Apuestan por la comisión investigadora

“Me parece que este caso ya está en un proceso judicializado y debe investigarse en todos sus extremos para esclarecer la verdad, y sentar responsabilidades a quien le corresponda dentro de la Municipalidad de Corredores, en el marco de la legalidad de nuestro país”, expresó el exjefe de la bancada del Partido Liberación Nacional )PLN), Luis Fernando Chacón.

Laura Guido, jefa de fracción de Acción Ciudadana (PAC), manifestó que ve el tema “con profunda preocupación” y dijo que este debe ser investigado “en todos sus extremos” por el Ministerio Público y por la Contraloría General de la República.

“Confío en que la comisión creada por iniciativa del diputado Luis Ramón Carranza (del PAC) a la luz de este tema, también se concentre en buscar la verdad de estos hechos y, que, en caso de indicios de que efectivamente se haya dado una construcción con recursos municipales de infraestructura en beneficio de un presunto narcotraficante, planteen contundentemente la acusación ante el Ministerio Público”, expresó.

María José Corrales, la nueva jefa de fracción de los verdiblancos, dijo que espera que las situaciones alrededor del hecho se aclaren “con absoluta transparencia”.

“Por esa razón, el PLN apoyó la moción para que se instaure una comisión investigadora, mientras se realizan las pesquisas judiciales pertinentes. Es necesario que de cara a la opinión pública, se pueda llegar a la veracidad absoluta de los hechos”, agregó.

En tanto, la puntarenense Franggi Nicolás, también de Liberación, opinó que todo funcionario público debe rendir cuentas y fomentar la transparencia.

“Todo cuestionamiento que provoque dudas por parte de la ciudadanía en cuanto a la función pública debe aclararse, más si involucra al narcotráfico intentando inmiscuirse en la política”, aseguró.

Pablo Heriberto Abarca, jefe de del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), afirmó: “No tengo ninguna información adicional a lo que se ha destilado públicamente. Me parece que es un tema que no debe ser complicado de verificar y que los funcionarios que correspondan deben dar cuentas.

Eduardo Cruickshank, jefe de Restauración Nacional (PRN), respondió que conoció el tema por la prensa y dijo no tener elementos suficientes para dar una opinión al respecto.

Jonathan Prendas, vocero del bloque independiente Nueva República, no atendió la consulta de La Nación.

Luis Ramón Carranza, del PAC, e impulsor de la moción para crear la comisión investigadora de Viales, explicó que ese foro no ha podido reunirse debido a las restricciones sanitarias por la pandemia de la covid-19.

Según dijo, convocará a la primera cita de la comisión después del 1.° de mayo, porque el Congreso cuenta con un nuevo Directorio.

Carranza comunicó que sesionarán los martes y dijo que ya ha estado trabajando en un plan para las futuras comparecencias ante dicho foro, lista que debe remitir a aprobación de los integrantes de la comisión.

El panel para investigar al congresista Viales está integrada por Ana Karine Niño y Jorge Luis Fonseca, del PLN; Floria Segreda, de Restauración; Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC) y los independientes Zoila Volio y Érick Rodríguez.

El PUSC no nombró a ninguno de sus miembros para formar parte de dicho foro, sino que delegó a Rodríguez.