Silvia Artavia. 14 enero
Pilar Garrido, ministra de Planificación, compareció este martes ante la Comisión de Asuntos Sociales. La acompañaron Rolando Hidalgo y Álvaro González, asesores del despacho ministerial. Foto Silvia Artavia.
Pilar Garrido, ministra de Planificación, compareció este martes ante la Comisión de Asuntos Sociales. La acompañaron Rolando Hidalgo y Álvaro González, asesores del despacho ministerial. Foto Silvia Artavia.

Los diputados consideran que el proyecto de ley de salvamento a deudores, presentado por el gobierno, ya no tiene sentido.

Los legisladores estiman que los dos planteamientos de esta iniciativa, llamada Ley de medidas para aliviar la situación financiera de los hogares y tramitada bajo el expediente 21.651, ya se abarcan en otros proyectos de ley.

Uno de los planteamientos consiste en eliminar la restricción que tienen los bancos estatales para obtener financiamiento en el extranjero, mecanismo conocido como deuda subordinada.

El segundo componente es el establecimiento de una metodología para fijar la tasa de usura, es decir, el cobro excesivo de intereses por los préstamos de dinero. Esa metodología, según el proyecto, debería fijarla el Banco Central.

Los diputados aseguran que ambas propuestas ya se trabajan en otros proyectos de ley y que, por lo tanto, no es necesario tramitar uno nuevo.

Otro de los argumentos de los congresistas, para estimar que ya no es necesario el proyecto de ley de salvamento, es que los bancos estatales ya reaccionaron creando líneas de crédito con condiciones más favorables para las personas en apuros por deudas.

Así lo comunicaron, este martes, los legisladores de la Comisión de Asuntos Sociales durante la comparecencia de la ministra de Planificación, Pilar Garrido, sobre la iniciativa 21.651.

Proyectos ‘repetidos’

Según los congresistas, la sugerencia de eliminar la restricción de los bancos estatales para invertir en el extranjero ya se abarcó en uno de los proyectos de ley de ingreso de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

Especificamente, esta disposción será parte de la iniciativa que crearía un fondo de garantía para cubrir, en caso de emergencia, hasta por ¢6 millones, cada depósito de los ahorrrantes en bancos públicos y privados, así como en las cooperativas.

En cuanto al asunto de la tasa de usura, los diputados le recordaron a la ministra Grarrido que, en la Comisión de Asuntos Hacendarios, se discute intensamente un proyecto que establecería techos para las tasas de interés.

La diputada liberacionista Yorleny León cuestionó: “¿Por qué el Ejecutivo duplica los proyectos y, en lugar de aprovechar el tiempo de sesiones extraordinarias (en el Congreso), presentando diferentes proyectos que se puedan ver en diferentes comisiones, más bien, nos hace ver proyectos de manera duplicada? Podría ser ese un espacio para ver otros proyectos también importantes para el país”.

El mismo cuestionamiento le hicieron las diputadas Patricia Villegas, del Partido Integración Nacional (PIN), Catalina Montero, del PAC, y la también liberacionista María José Corrales.

La jerarca de Planificación respondió que la idea es reforzar el propósito del Gobierno de generar opciones para las personas endeudadas, sin importar cuál sea el texto que se apruebe, entre todos los proyectos de ley, con ese mismo contenido.

“Lo que visualizamos es que colocar el debate y que este tema estuviera en la agenda, y tener también oportunidades para que se aprobaran los dos aspectos. Creo que fue un tema de oportunidad que se presentó, porque era complemento, en términos jurídicos, a los créditos de salvamento, que es la medida administrativa”, contestó Garrido a La Nación.

Este medio le consultó a la ministra si, después de la comparecencia de este martes, el gobierno consideraría desistir del proyecto de ley.

Ella dijo que conversará con el ministro de la Presidencia, Víctor Morales, encargado de gestionar la agenda de los proyectos de ley prioritarios para el Gobierno en sesiones extraordinarias.

La jerarca del Mideplán comentó, además, que está segura de que los diputados de esta Comisión también remitirán sus inquietudes directamente a Morales.

Por su parte, la socialcristina Shirley Díaz le reprochó a Garrido que no haya sido el mismo Ejecutivo el que definiera, dentro del proyecto de ley, cuál sería catalogada como una tasa de usura, pues ese tema sigue en discusión en Hacendarios.

Los bancos han reaccionado

En octubre del 2019, el Gobierno lanzó un programa integral en busca de una solución para reducir los niveles históricos de endeudamiento a los que han llegado los costarricenses, cuyas deudas hoy superan en 8,4 veces sus ingresos.

Una de las medidas más significativas en ese camino fue la creación del llamado crédito de salvamento, que instó a los bancos estatales a crear líneas de préstamos a tasas de interés de alrededor del 12%, y a plazos de 15 años.

Con ello, el propósito fue que las personas pagaran por sus deudas una cuota mensual más baja y lograran mayor liquidez, o sea, más disponibilidad de dinero.

De hecho, el Ejecutivo emitió una directriz haciendo un llamado a la banca estatal a sumarse a la iniciativa.

Antes de que terminara el 2019, los tres bancos estatales (Nacional, de Costa Rica y Popular) ya habían anunciado la creación de productos para clientes sobreendeudados.

La otra arista del programa del Gobierno fue el fortalecimiento del Centro de Información Crediticia (CIC) de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), el cual es consultado por los bancos a la hora de otorgar préstamos.

Sobre ese punto, también se encuentra en la corriente legislativa un proyecto de ley que, de hecho, fue anunciado este lunes 13 de enero como una de las prioridades del Ejecutivo para el inicio del 2020.

La idea es ampliar el registro de deudas del CIC.

Hoy, este sistema tiene la limitante de que solo permite ver las deudas de las personas con las entidades financieras reguladas por Sugef, dejando por fuera compromisos, por ejemplo, con casas comerciales que ofrecen electrodomésticos a pagos.

Este impedimento ocasiona una distorsión a la hora de calcular los niveles de endeudamiento reales de los clientes bancarios.