Los diputados pretenden fijar una tarifa reducida del 2% del impuesto al valor agregado (IVA) en la compra y venta de bienes y servicios del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), para equiparar ese beneficio que ya reciben las universidades públicas.
Si se concreta, la medida provocaría un ahorro no menor de ¢8.000 millones anuales para la institución por realizar compras con esa exoneración parcial.
Este miércoles 18 de noviembre, ocho diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa dictaminaron afirmativamente el proyecto de ley que ampliaría ese beneficio para el INA.
El plan presentado por el socialcristiano Oscar Cascante reformaría el inciso d) del apartado 2) del artículo 11 de la reforma fiscal del 2018, que concedió esa tarifa reducida para la compra de bienes y servicios a las universidades públicas, sus fundaciones y las instituciones estatales.
Asimismo, lo estableció para el Consejo Nacional de Rectores (Conare) y el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (Sinaes).
La redacción de Cascante incluye al INA en la lista de instituciones beneficiadas. El Instituto estaba exento del pago del IVA antes de la reforma fiscal, pero quedó excluido del ajuste y pasó a pagar el 13%.
Sin embargo, la rebaja al 2% no se otorgaría de golpe como Cascante lo planteó en un principio, sino de forma gradual, pues los diputados tomaron en cuenta la crisis actual de las finanzas públicas.
Un transitorio de ley incorporado al texto, previo al dictamen, dejaría en 13% el pago de ese impuesto para la compra y venta de bienes y servicios del INA durante el primer año de entrada en vigencia de la norma.
Luego, en el segundo año bajaría al 10%, en el tercer año al 7% y, durante el cuarto, al 5%. A partir del quinto, quedaría fijo en un 2%.
“En estos primeros años, donde posiblemente serán difíciles en términos de ingresos del país, ese escalonado nos permitirá ir viendo cómo vamos adaptando los ingresos a esta nueva realidad. La incorporación de esta moción nos permite avanzar en el proyecto sin generar una dificultad a lo inmediato en términos del erario público”, explicó Laura Guido, diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC).
Guido y Cascante son los firmantes del transitorio que fue acogido por los mismos ocho diputados de la comisión que, también, lo dictaminaron afirmativamente por el fondo.
La comisión también acogió un texto sustitutivo que ajusta la redacción de la iniciativa, el cual fue firmado por Cascante, Guido, el liberacionista Gustavo Viales, el restauracionista Carlos Avendaño y el fabricista Harllan Hoepelman.
Por el fondo, dictaminaron a favor el texto Ana Lucía Delgado y Silvia Hernández, legisladoras del Partido Liberación Nacional (PLN); Cascante y María Inés Solís, del Partido Unidad Social Cristiano; Avendaño y Giovanni Gómez, del Partido Liberación Nacional (PRN).
También, se sumaron a la unanimidad Guido y el republicano Otto Roberto Vargas.
Según una simulación de datos suministrada por el INA a los diputados, si en el 2018 hubiese pagado el 13% IVA por la compra de bienes y servicios, el aporte a las finanzas públicas habría sido de ¢4.887 millones. En el 2019 el aporte fue de ¢9.507 millones y, en el 2020, sería de ¢10.535 millones.
Si la tarifa en 2019 y 2020 hubiese sido del 2%, la recaudación habría disminuido a ¢1.462 millones y ¢1.620 millones. Eso implica que la reducción del año pasado se situaría en ¢8.044 millones y este 2020 de ¢8.914 millones.
Cascante dijo que su idea es que el INA genere ahorros y maximice su presupuesto, con tal de tener presencia en otras zonas del país e incorporar a más jóvenes en su sistema de enseñanza.
“La tendencia en tema de empleo es en la parte técnica y las universidad no les alcanza para llegar a todas las áreas y zonas del país. Sé que el país está en condiciones económicas difíciles, pero también hay que atender a jóvenes que ocupan de esa formación”, agregó.
Por su parte, Guido justificó que Cascante lo que hizo fue encontrar una diferencia de trato en materia del IVA en los servicios educativos que llama a hacer una reforma para igualar las condiciones.
La reforma fiscal exoneró del pago del IVA a la educación privada formal. Solo pagan el 2% de ese impuesto aquellos servicios de educación privada sin regulación.