Política

Diputados autorizan ¢2.400 millones para pensiones de adultos mayores en pobreza

Los diputados de la comisión legislativa de Asuntos Hacendarios aprobaron ¢2.400 millones para pensiones de adultos mayores en condiciones de pobreza. Los recursos fueron avalados dentro del noveno presupuesto extraordinario del 2021 del Gobierno Central, el cual fue dictaminado afirmativamente, este miércoles, por 10 legisladores de este foro.

A través de una moción de ajuste, la comisión tomó esos recursos que el Ministerio de Hacienda dirigía al programa de becas escolares Avancemos, para destinarlos al Régimen No Contributivo de Pensiones (RNC) administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Hacienda había incorporado esos recursos en el noveno presupuesto extraordinario, pero presidente del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Juan Luis Bermúdez, comunicó que la entidad renunciaba al dinero ante la imposibilidad de ejecutarlos en lo que resta del año.

Por consiguiente, autorizaron el cambio de partida diez diputados de los partidos Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC), Unidad Social Cristiana (PUSC), Restauración Nacional (PRN), Nueva República, Republicano Social Cristiano (PRSC) y una independiente.

Con esa autorización, de acuerdo con la proponente Yorleny León, del PLN, se atenuaría el hueco de ¢20.000 millones que afrontaría el próximo año el sistema de pensiones para persona en pobreza.

“Entendemos que por ese faltante estará siendo desatendido un número importante de personas en pobreza, sobre todo de adultos mayores que requieren pensiones para poder vivir. No es suficiente, pero permite que más personas sean apoyadas desde el Estado”, argumentó la diputada.

Según la Dirección Actuarial de la CCSS, el RNC iniciará el 2022 con un hueco de ¢20.011 millones que hará “imposible” cumplir la meta del Gobierno de entregar 5.000 pensiones debido la reducción en los ingresos del Gobierno y de los aportes patronales por planilla debido a la pandemia, así como el tope al crecimiento al gasto que impone la regla fiscal.

Como alternativa, la Caja reduciría la pensión mensual de 128.000 de los 133.000 beneficiarios actuales. La contribución para adultos mayores en pobreza pasaría de ¢82.000 a ¢73.700.

La comisión de Hacendarios también aprobó rebajar ¢1.715 millones de la partida de alquileres, para destinarlos a la amortización de deuda pública.

Otros ¢17 millones de amortización de deuda interna se enviaron al pago de horas extras a la Asamblea Legislativa. Luego de estos ajustes, el foro dictaminó afirmativamente el expediente, que ahora pasará el plenario para recibir mociones de ajustes.

Ahorros presupuestarios

El noveno presupuesto extraordinario contiene un ahorro de ¢158.590 millones del Gobierno por la gestión de la deuda pública, durante el primer semestre del 2021. El descuento lo hace Hacienda producto de una norma presupuestaria que introdujeron los diputados en el Presupuesto Nacional.

El plan extraordinario contiene otros ahorros a través de normas presupuestarias incorporadas por los diputados: ¢4.812 millones por la eliminación de contenido presupuestario de las plazas vacantes en las instituciones, salvo excepciones, ordenado por la norma 12.

Otros ¢738 millones fueron generados por la norma 10 que obliga a las instituciones cubiertas por el presupuesto a realizar teletrabajo, y ¢441 millones por la norma 13 que reduce costos en la contratación de alquileres de edificios. El total de sobrantes por las normas presupuestarias asciende a ¢164.500 millones.

Este presupuesto, al mismo tiempo, incorpora ¢51.410 millones del crédito de un crédito de $80 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para fondear la compra de vacunas contra la pandemia y ¢6.096 millones del diferencial cambiario de créditos externos.

También, incorpora ¢12.486 millones en transferencias corrientes a las instituciones y ¢12.506 millones de contribuciones sociales al Fodesaf.

Josué Bravo

Josué Bravo

Periodista en la sección Política, con 16 años de experiencia como corresponsal del Diario La Prensa de Nicaragua en temas políticos, diplomáticos, judiciales y migratorios.