Diputados apuran proyecto que reviviría la pesca de arrastre

43 diputados aprobaron aplicarle el procedimiento conocido como ‘abreviado’ que implicaría un plazo de entre cuatro y cinco meses para la iniciativa, entre su paso por comisión y por el plenario

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A menos de una semana de que grupos de pescadores protestaron frente a la Casa Presidencial, exigiendo acciones para permitir la pesca de arrastre, los diputados aprobaron una moción para apurar el proyecto de ley que reviviría la actividad.

Se trata del nuevo procedimiento abreviado para la tramitación y discusión de iniciativas en la Asamblea Legislativa, que permitiría que la propuesta se pueda votar en un plazo de entre cuatro y cinco meses, incluyendo su paso por comisión y por el plenario.

La moción para aplicarle el procedimiento abreviado al expediente legislativo 21.478 tuvo el apoyo de 43 legisladores, mientras que dos congresistas votaron en contra.

Votaron sí por la vía abreviada 14 liberacionistas, seis oficialistas, ocho socialcristianos, cinco restauracionistas, seis fabricistas, dos del PIN, un republicano y el independiente Erick Rodríguez.

En contra se manifestaron Paola Vega, del PAC, y José María Villalta, del Frente Amplio.

En agosto del 2013, la Sala IV prohibió al gobierno emitir nuevas licencias de pesca de arrastre al concluir que la técnica le causa un grave daño al ambiente.

Posteriormente, en el 2018, el tribunal concluyó que las licencias de pesca de arrastre de camarón solo se pueden otorgar mediante una ley de la República.

Según los nuevos mecanismos del Reglamento de la Asamblea Legislativa, el proyecto debe estar 30 días en la comisión, plazo que se puede prorrogar una sola vez, más los tiempos para que se respondan las consultas obligatorias sobre el proyecto. Eso quiere decir que su paso por el foro sería de hasta tres meses.

En el plenario, el proyecto duraría aproximadamente un mes entre la discusión de las últimas mociones de fondo y de reiteración, así como la discusión por el fondo.

Si se enviara a consulta de la Sala Constitucional, se le tendría que añadir un mes más, antes de que se vote en segundo debate y final.

Con la experiencia de los proyectos anteriores, lo prudente sería precisamente que la iniciativa pase por el tamiz constitucional, pues las anteriores normas sobre pesca de arrastre no han superado ese obstáculo, por problemas en su sustento técnico.

Óscar Cascante, de la Unidad Social Cristiana, aseguró que ese proyecto podría darle reactivación a Puntarenas y a otros sectores que se dedican “al arte de la pesca de camarón”.

El diputado alegó que ya existen los estudios técnicos que dan sustento al proyecto, hechos por el Instituto Costarricense sobre Pesca y Acuicultura (Incopesca).

“Yo sé que los compañeros de la GAM no van a entender nunca lo que se vive hoy en Puntarenas, hasta que se metan en una casa con piso de suelo, paredes de plástico y sin techo. Van a entender por qué la gente la pasa difícil en Puntarenas, me duele mucho que gente que se golpea las vestiduras, dicen que pelean por las clases demeritadas hoy se opongan a este trámite rápido”, alegó el rojiazul.

Melvin Núñez, de Restauración Nacional, apuntó que él no va con las políticas “conservistas extremistas”. El legislador alegó que esas políticas agreden a la clase pesquera.

“Quizás sea bueno para la naturaleza, lo que para ellos no. Hasta dónde le puedo pedir a alguien que respeten la supervivencia de otro por conservar la naturaleza o conservar la vida decente de una familia que no tiene qué comer”, dijo.

“¿Hasta dónde la conciencia ambientalista llega a matar de hambre a otro?”, comentó el restauracionista.

Mientras que el jefe del PAC, Víctor Morales, dijo que la mayoría del partido apoyaría la iniciativa, Paola Vega optó por no hacerlo. Morales adujo que el debate permitirá atender todas las dimensiones jurídicas y técnicas necesarias para el proyecto y el permiso a ese tipo de pesca.

Villalta dijo que votaba en contra porque ya el proyecto ha caminado dos o tres veces por el Congreso y ha fracasado por estar mal hecho.

“Es un tema muy delicado con el que no se puede correr y atropellar la discusión. Hay que revisar esos supuestos estudios técnicos para ver si cumplen con los parámetros de la Sala Constitucional”, comentó.

Agregó que la discusión no se puede reducir a los que están de acuerdo con que la gente tenga comida y los que defienden el ambiente, porque “la defensa de los recursos naturales es esencial para que la gente tenga comida”.