Los diputados de la Comisión Investigadora de la Infiltración del Narcotráfico en la Zona Sur aprobaron, este martes, citar a audiencia a jerarcas de instituciones judiciales, a alcaldes de la región, como Carlos Viales, de Corredores, y a su hijo, el legislador liberacionista Gustavo Viales.

La moción recibió el apoyo de los seis miembros del foro investigador presentes, a las 9:25 a. m., luego de definir algunos aspectos de metodología del foro.

Fueron convocados a audiencia Román Chavarría, de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD); Andrés Rodríguez Pérez, de la Unidad de Información y Estadística Nacional sobre Drogas del ICD; y Guillermo Araya Camacho, exdirector del ICD.

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Asimismo, deberán responder preguntas la fiscala general, Emilia Navas Aparicio; Ileana Mora Muñoz, fiscala adjunta contra narcotráfico; y Wagner Molina Ruiz, fiscal adjunto contra el lavado de dinero, además de la contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga.

Del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) deberán asistir a audiencias el presidente del órgano, Luis Antonio Sobrado, y el jefe del departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, Rónald Chacón Badilla. También, habrá una audiencia para el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro.

De hecho, a Sobrado González se le programó la audiencia para el próximo 1.º de junio.

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También fueron citados los alcaldes Jorge Alberto Cole de León (Osa); José Bernardino Rojas Méndez (Buenos Aires); Freiner William Lara Blanco (Golfito) y Steven Alberto Barrantes Núñez (Coto Brus).

El último de la convocatoria es Gustavo Viales Villegas, diputado del Partido Liberación Nacional, hijo del alcalde de Corredores.

Viales reconoció que el pasado Martes Santo (30 de marzo) acudió a un condominio en San Joaquín de Flores, Heredia, en donde días después fue detenido el empresario Darwin González, como sospechoso de liderar un grupo narco que operaba en el cantón de Corredores.

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El legislador alegó haber acudido al lugar a recoger una documentación que le había enviado el presidente del Concejo Municipal de Corredores, Bernabé Chavarría.

Chavarría, precisamente, fue detenido junto con los miembros de la banda, el martes 6 de abril, por haber realizado supuestos trámites a favor de esa organización.

Ante las declaraciones de Viales, el diputado Luis Ramón Carranza, del Partido Acción Ciudadana (PAC), propuso la apertura de una investigación en el plenario. La iniciativa enfrentó una fuerte resistencia del PLN, pues alegó que necesitaban tiempo para revisar la propuesta.

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Finalmente, después de fuertes discusiones y molestia de los verdiblancos, se aprobó la creación del foro investigador.

Entre los propósitos del panel parlamentario, están revisar una posible infiltración del narco en el financiamiento de los partidos políticos en los cantones de la zona sur y, eventualmente, en otras regiones del país.

Información solicitada

Además de las comparecencias aprobadas en el foro, también se solicitó información al director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza, específicamente sobre la situación del narco y del crimen organizado en la zona sur, durante los últimos 10 años.

Entre lo solicitado, también se requirió detalles sobre denuncias recibidas sobre posibles relaciones de organizaciones narcotraficantes con partidos políticos y municipalidades, en cuanto a la fecha y el trámite que se les dio.

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Los legisladores pidieron también informes sobre investigaciones realizadas a partir de alertas o recomendaciones emitidas desde el ICD y el TSE. La generalidad de los datos se solicitaron sobre los últimos 20 años, en caso de que sea posible para el OIJ, o en su defecto, la última década.

El mismo tipo de información se le solicitó a Sergio Rodríguez Fernández, director general del ICD, específicamente sobre posibles infiltraciones de fondos de lavado de dinero y financiamiento ilícito en las campañas políticas.

Mora Muñoz, fiscala adjunta contra el narcotráfico y delitos conexos, igualmente tendrá que emitir un reporte sobre la situación del narco en la región brunca, las denuncias sobre posibles relaciones de organizaciones narcotraficantes y de crimen organizado con los partidos políticos y las municipalidades, así como de alertas emitidas por el ICD y el TSE.