Aarón Sequeira, Esteban Oviedo.   30 octubre, 2017

Los diputados aprobaron este lunes, en primer debate, una reforma de ley para cerrar el déficit de ¢5,3 billones que se proyecta para las pensiones del Poder Judicial.

El régimen carece de solvencia económica para pagar las ventajosas pensiones que otorga, según estudios actuariales elaborados por la Universidad de Costa Rica (UCR).

Para evitar un descalabro financiero que exija captar más recursos del resto de los contribuyentes, los legisladores aprobaron subir las cotizaciones de los empleados judiciales de un 11% a un 13% del salario.

Además, la edad de jubilación sube a 65 años y se impone un tope de ¢4 millones como pensión máxima; actualmente, algunas superan los ¢9 millones.

A quienes tengan pensiones que superen los ¢4 millones, se les deducirá además una contribución solidaria, la cual oscilará entre un 35% y un 55% del monto que se exceda sobre el tope. La suma de este aporte y el de la cuota obrera no podrá superar el 55% de la pensión.

Como pensión, asimismo, se otorgará el 83% del salario promedio de los últimos 240 sueldos. Actualmente, se otorga el 100% de los últimos 24 meses.

La reforma contó con 31 votos a favor y 7 en contra.

Reforma aprobada por los diputados a las pensiones judiciales.

A favor se pronunciaron principalmente legisladores del PAC, del PLN, del PUSC y del Movimiento Libertario.

Votaron en contra seis legisladores del Frente Amplio y la independiente Carmen Quesada.

Aunque las diputadas Marcela Guerrero, del Partido Acción Ciudadana (PAC), y Natalia Díaz, del Movimiento Libertario, están satisfechas con la reforma legal aprobada, tienen observaciones sobre varios aspectos modificados antes de la aprobación en primer debate.

En particular, no ven con buenos ojos que se eliminaran los miembros independientes de la junta administradora del Fondo de Pensiones Judiciales, ni que se abra la posibilidad de que, por ley, se autorice el otorgamiento de préstamos con recursos de las jubilaciones.

"Ya el otorgamiento de préstamos está facultado por ley, pero también se les autoriza a que lo hagan por medio de asociaciones y sindicatos, pero la UCR dijo que no era conveniente todavía", comentó la libertaria.

Guerrero, por su parte, insistió en que la alianza del PLN y el FA obliga a que la administración siga exclusivamente en manos de los gremios y de la Corte Plena. "La administración del fondo jubilatorio necesita independencia, porque los magistrados y los jueces están dedicados a la administración de justicia", indicó la oficialista.

"No estoy en contra de los acuerdos, pero estoy a favor de que la gente tenga pensiones", dijo la legisladora.

Apuntó que se intentó que no se pusiera en riesgo la reforma a las pensiones judiciales, porque no es un proyecto cualquiera y tenía una "serie de detalles que se debían cuidar hasta el último minuto".

Aun con los cambios, las pensiones judiciales llevan ventaja sobre las del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que cobija a la mayoría de la población.

Frente Amplio tratará de traerse abajo la reforma

Los diputados del Frente Amplio, tres independientes y uno del PAC acudirán a la Sala IV para tratar de traerse abajo la reforma a las pensiones judiciales que el plenario aprobó este lunes, en primer debate.

Lo harán mediante una consulta facultativa de constitucionalidad, que presentarán este martes.

De acuerdo con el frentamplistas Jorge Arguedas, 12 legisladores se reunieron para presentar la consulta, en la cual alegan que hubo errores de procedimiento y errores de fondo que, a su criterio, llenan de vicios el trámite de la iniciativa legal que pretende cerrar el gigantesco hoyo de ¢5,3 billones que tiene este régimen de pensiones.

Además de Arguedas y los siete frenteamplistas restantes, aportaron sus firmas los independientes Carlos Hernández, Carmen Quesada y Víctor Hugo Morales Zapata, así como Marvin Atencio, del Partido Acción Ciudadana (PAC).

"Super mal que se haya aprobado ese proyecto, porque prácticamente es cerrar el régimen de pensiones de la Corte, si no se le da viabilidad financiera, no se le puede dar sostenibilidad actuarial", alegó Jorge Arguedas, consultado por La Nación.

Arguedas atacó que la reforma se base en un estudio actuarial como el del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica (UCR), pues arguye que ese estudio se hizo con números de rentabilidad mucho más bajos de los que ha estado teniendo el fondo en los últimos años.