Aarón Sequeira. 29 mayo
Los diputados avanzaron en nuevas reformas constitucionales este miércoles. Foto: Rafael Pacheco
Los diputados avanzaron en nuevas reformas constitucionales este miércoles. Foto: Rafael Pacheco

Luego de un trámite que se prolongó por casi cuatro años, los diputados aprobaron este miércoles una reforma constitucional que habilita a las instituciones para hacer presupuestos plurianuales.

La iniciativa introduce dos artículos en el artículo 176 de la Carta Magna, donde se crea un marco general para que las instituciones propongan planes de gastos con miras a mediano plazo, sin presiones por la situación fiscal de un año presupuestario.

La idea de la Contraloría, que presentó la iniciativa en el 2015, es que se incluyan los principios de sostenibilidad, transparencia y responsabilidad en la gestión pública, además de la utilización de presupuestos plurianuales.

Con una votación unánime de 42 diputados, el proyecto quedó aprobado en su tercer debate (una reforma constitucional se vota en dos debates en una legislatura y tres debates en una segunda legislatura) y deberá ahora ser incluida la reforma dentro de la Constitución.

La nueva versión del artículo constitucional tendrá un párrafo que dice así:

“La gestión pública se conducirá de forma sostenible, transparente y responsable, la cual se basará en un marco de presupuestación plurianual, en procura de la continuidad de los servicios que presta.”

En un nuevo párrafo tercero de ese numeral, se indica que los principios de plurianualidad se pueden aplicar a la “administración pública en su sentido más amplio".

Básicamente, la idea es que las instituciones puedan seguir haciendo presupuestos para un año calendario, pero busca mayor disciplina y que se puedan fijar gastos a mediano plazo.

Tal como lo había explicado la contralora general, Marta Acosta, cuando el plan recibió el primer debate, la idea es que si una municipalidad tiene que aplicar un aumento salarial y tiene el dinero para hacerlo, pero no sepa si a futuro puede afrontar ese gasto, pueda entonces planificar mejor sus planes de gastos.

Pasaría igual en el caso de obras de infraestructura que prevean las instituciones y, si bien tengan fondos para los estudios de preinversión, pero no sepan si los tendrán a mediano plazo.

“No se debería estar presupuestando para el día a día. Eso hacemos ahora y el presupuesto de cada año es un histórico de gasto más un porcentaje por inflación”, había dicho Acosta cuando se dio el primer debate.

Según los informes hechos por los legisladores durante el trámite de la iniciativa, el nuevo marco constitucional estimula a las autoridades políticas a conocer, evaluar y corregir el comportamiento fiscal del Gobierno, además de servir de freno a las decisiones sobre gastos sin financiamiento o medidas que alteren negativamente el resultado fiscal.

Por otra parte, se supone que la iniciativa atenúa la rigidez de la estructura de gastos, pues permitiría reorientar los ahorros generados por la finalización de programas y proyectos.

Además, se busca incrementar la capacidad de control global y particular del gasto público, y reducir la incertidumbre del sector privado sobre el comportamiento de las cuentas públicas.

Entre las bondades del proyecto, también se considera que facilita el seguimiento y cumplimiento de programas que se maduran más allá de un año, además de reducir la incertidumbre de las instituciones sobre asignaciones presupuestarias de mediano plazo.

Finalmente, la idea sería adecuar el presupuesto anual al plan orientado a los resultados e incentivar el planeamiento estratégico de las instituciones.