Con 40 votos a favor, diputados aprueban regulación de comisiones por uso de datáfonos

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Con el voto unánime de 40 diputados, la Asamblea Legislativa aprobó este jueves, en primer debate, el proyecto de ley que permitirá regular las comisiones que los bancos les cobran a los comercios por el uso de datáfonos.

El texto establece que el Banco Central (BCCR) será el encargado de fijar cada año las comisiones máximas por las compras con tarjetas de crédito o débito.

Un datáfono es un dispositivo electrónico instalado en un establecimiento comercial que permite cobrar a sus clientes mediante tarjetas.

En la actualidad, no existe una regulación sobre el monto de la comisión que debe cobrar la proveedora del servicio a cada comercio.

Welmer Ramos, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), quien propuso la iniciativa, explicó que el texto ordena al Banco Central realizar un estudio para fijar las comisiones, con la finalidad de que las comisiones por estas transacciones se gana al menor costo.

Citando información del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), el legislador afirmó que, en la actualidad, los comercios pagan comisiones de hasta el 7% por las ventas con tarjetas. El negocio, a su vez, le puede trasladar el costo al consumidor.

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“Hoy esas comisiones en Costa Rica son excesivamente altas. Eso está haciendo que el costo de la vida de los costarricenses sea muy alto”, afirmó el legislador rojiamarillo.

De acuerdo con el texto, las comisiones máximas y los límites máximos a cargos, autorizados por el Banco Central, aplicarán para todos los tipos y montos de transacción, tipos de dispositivos de pago y actividades comerciales.

Solo podrá haber excepciones "cuando el Banco Central, debidamente fundamentado en criterios técnicos, determine comisiones diferenciadas que conduzcan al buen funcionamiento, la eficiencia y seguridad del sistema de pago costarricense, siempre que garantice el menor costo posible para los afiliados”.

El proyecto no establece un tope de las comisiones a cobrar ni sugiere una metodología para fijar este cobro. Lo que hace es dejar la potestad en poder el Banco Central a través de información que suministren los proveedores, un estudio técnico y las consultas correspondientes.

“La tecnología y medios de pago vienen cambiando con una velocidad asombrosa en el mundo. Hay formas de pagar no solo con tarjeta, sino que uno puede hacer transacciones vía telefónica de cuenta a cuenta sin siquiera marcar la tarjeta".

"Todo esto es lo que regula el proyecto. No podemos nosotros entrar a establecer una comisión estable cuando los cambios tecnológicos van a un ritmo acelerado”, explicó el diputado.

Sin embargo, afirmó que, en principio, el objetivo del proyecto es disminuir ese máximo de 7% en unos 2 o 3 puntos porcentuales, con la intención de aliviar el bolsillo de los costarricenses.

La iniciativa también establece que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) también deberá emitir un criterio no vinculante sobre el mercado de datáfonos.

Previo a su aprobación, el plenario legislativo acogió una moción de fondo de texto sustitutivo, que incluyó la participación del MEIC como generador de una opinión no vinculante al momento de fijar el tope de las comisiones.

Luego, el socialcristiano Pedro Muñoz, el fabricista Jonathan Prendas y el frentamplista José María Villalta, retiraron más de 30 mociones que pretendían hacer cambios de forma al proyecto.

En la versión dictaminada en la comisión de Asuntos Económicos, la participación de este ministerio no estaba contemplada.

“Parte de la discusión durante el receso era que este proyecto no era parte de la crisis generada por la pandemia. Sin embargo, fue convocado por el Poder Ejecutivo y se le da potestad al Banco Central de establecer el máximo de las comisiones en un periodo de hasta seis meses”.

“Puede ser antes, pero en seis meses podemos estar en el peor momento de nuestra crisis económica. Entonces, la iniciativa es necesaria”, explicó por su parte, Karine Niño, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) y una de las redactoras del texto sustitutivo.

La votación en segundo debate está previsto para este sábado 21 de marzo.