Aarón Sequeira. 24 mayo
Según las autoridades, el uso de celulares desde centros penitenciarios facilita que se cometan delitos de todo tipo, desde fraudes y estafas hasta que se ordenen homicidios. Foto: Archivo GN
Según las autoridades, el uso de celulares desde centros penitenciarios facilita que se cometan delitos de todo tipo, desde fraudes y estafas hasta que se ordenen homicidios. Foto: Archivo GN

Dentro de varios meses, ya no se podrá utilizar teléfonos celulares dentro de las cárceles, gracias a un proyecto de ley aprobado con votación unánime por los diputados, este jueves, que modifica la Ley General de Telecomunicaciones.

En la iniciativa, bajo expediente 19.932, se obliga a los proveedores y operadores de telecomunicaciones a que apliquen procedimientos y soluciones técnicas para impedir el uso de celulares dentro de las cárceles.

La prohibición de que se presten servicios inalámbricos de telecomunicaciones cae sobre los centros penitenciarios, las unidades de atención integral, los centros penales juveniles y “cualquier otro centro de atención institucional del Sistema Penitenciario Nacional”.

Cada año, el Ministerio de Justicia, que administra los centros penales, les decomisa a los reos unos 4.000 dispositivos y, según la ministra de Justicia, Marcia González, tienen 35.000 aparatos en bodegas.

Aunque ya se aprobó en su primer debate, aún falta una votación más, en el plenario del Congreso, además de su envío a la Presidencia de la República, para la firma del presidente y la publicación en el diario oficial La Gaceta.

Una vez que entre en vigencia la nueva reforma a la Ley de Telecomunicaciones, las empresas tendrán nueve meses para adoptar y aplicar los procedimientos y soluciones para impedir que se usen teléfonos celulares en las prisiones.

Originalmente, la iniciativa solo les daba seis meses a los operadores para obedecer la ley, pero una moción del diputado Erwen Masís, jefe de fracción de la Unidad Social Cristiana (PUSC), elevó ese tiempo a nueve meses, porque las empresas de telecomunicaciones reclamaron que en seis meses no tendrían tiempo de hacerlo operativo.

Además de incluir el párrafo donde se habilita el bloqueo de celulares, también se incluye la desobediencia de la nueva obligación como una infracción, que se podría castigar con multas que van desde ¢2,1 millones hasta ¢12,9 millones (o sea, entre 5 y 30 salarios base del Poder Judicial).

Además, dentro de la iniciativa se aclara que no se considerará infracción que los operadores de telecomunicaciones incumplan con las obligaciones de acceso y servicio universal específicamente en los centros penitenciarios y un radio cercano.

Pese a esto, una moción propuesta por el frenteamplista José María Villalta y aprobada por los legisladores establece que las empresas deben garantizar que los vecinos de centros penitenciarios no sean afectados por la medida de bloqueo de señal celular.

El proyecto tenía ya más de dos años de trámite en la Asamblea Legislativa y fue propuesto por la administración de Luis Guillermo Solís, en abril del 2016.

El diputado Enrique Sánchez, del Partido Acción Ciudadana (PAC), dijo que ya existe una prohibición de ingresar teléfonos celulares a las cárceles, pero la iniciativa busca hacer más efectiva la prohibición, debido a la cantidad de delitos que se realizan desde dentro de los centros penitenciarios.

Entre estos citó estafa y extorsión, así como narcotráfico y el ingreso de armas a los centros penales.

Gustavo Viales, liberacionista que presidirá la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, dijo que la iniciativa debe venir acompañada de medidas administrativas para mejorar la seguridad dentro de las cárceles.

A raíz de la aprobación del proyecto, los ministros de Justicia, Marcia González, y Seguridad, Michael Soto, destacaron la importancia en el combate a la delincuencia que se genera desde los centros penitenciarios.

“Estamos muy complacidos por la aprobación de la ley, agradecemos a los señores diputados por colaborar de esta manera con el trabajo que estamos haciendo ambos ministerios para mejorar la seguridad del país”, dijo la jerarca de Justicia.

Soto dijo que esto tendrá implicaciones importantes sobre las organizaciones criminales que operan desde centros penitenciarios y va a impedir que estos grupos tengan comunicación fluida con sus contrapartes que operan en las calles y evitará fraudes, secuestros y que se ordenen homicidios.