Josué Bravo. 26 mayo
Entre las leyes aprobadas hay una que establece duras condenas por el robo de combustible. Foto: Recope para LN
Entre las leyes aprobadas hay una que establece duras condenas por el robo de combustible. Foto: Recope para LN

La Asamblea Legislativa aprobó este martes, en segundos debates, tres proyectos de ley sobre zonas francas, pensiones de lujo y robo de combustibles.

Con estas aprobaciones, los planes quedan a la espera de que los firme el presidente de la República, Carlos Alvarado, para que entren en vigor al ser publicados como leyes en el Diario Oficial La Gaceta.

En el caso de las zonas francas, mediante una interpretación auténtica, se deja claro que las empresas instaladas en estos regímenes, de atracción de inversiones, gozan de la exoneración del pago del impuesto sobre bienes inmuebles durante diez años a partir del inicio de operaciones.

El texto, planteado por el liberacionista Luis Fernando Chacón, superó el segundo debate con 41 votos a favor y solo se opuso el frenteamplista José María Villalta.

La interpretación deja claro que el inciso D del artículo 20 de la Ley de régimen de zonas francas (7210), el cual fija la exención al impuesto territorial, se refiere al impuesto sobre bienes inmuebles.

La interpretación fue necesaria porque, en 1995, el impuesto territorial pasó a llamarse impuesto sobre bienes inmuebles y, con ello, algunas municipalidades interpretaron que la exoneración no existía.

"La inseguridad jurídica anteriormente expuesta repercute en la competitividad de nuestro país en momentos en que este atraviesa una severa crisis de desempleo (...). Así las cosas, es menester resolver cuanto antes todos los escollos legales que generen lastres a los ecosistemas de negocios y a la creación de más y mejores empleos para los costarricenses”, expuso Chacón.

Se inclinaron en segundo debate por este plan 14 congresistas del Partido Liberación Nacional (PLN), seis del Partido Restauración Nacional (PRN), seis del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), cinco del Partido Acción Ciudadana (PAC), cuatro del bloque Nueva República (NR), dos de Partido Integración Nacional (PIN), dos del Republicano Social Cristiano (PRSC) y dos independientes.

Ajuste en pensiones de gobierno

Con el voto unánime de 44 legisladores, quedó aprobada en segundo debate una reforma que cierra portillos a los pensionados de lujo del gobierno.

Por ejemplo, el plan prohibirá que personas con pensiones ¢861.000 en adelante, del gobierno, a la vez cobren dietas en la Administración Pública.

El proyecto lo propuso el frenteamplista José María Villalta.

Yorleni León, diputada del PLN, estimó que esta ley cerraría algunos portillos que existen en la legislación en materia de pensiones.

“Si bien es cierto este proyecto en términos financieros representa poco, lo cierto es que contribuye con el cierre de un conjunto de portillos que, por muchos años, han utilizado algunos 'vivillos’ para aumentar sus pensiones aún cuando sus cotizaciones no daban para los montos de las pensiones que gozan”, afirmó.

Entre las pensiones con cargo al Presupuesto, hay jubilaciones de lujo de hasta ¢12 millones mensuales.

Respaldaron este plan, en segundo debate, 15 congresistas del PLN, seis del PAC, seis del PRN, seis del PUSC, y cinco del bloque Nueva República.

Los otros votos fueron: dos del PIN, uno del Frente Amplio, uno del PRSC y dos independientes.

Duras penas por robo de combustibles

Finalmente, el Plenario Legislativo aprobó, de forma unánime, con el respaldo de 44 legisladores, la Ley que impone hasta 15 años de prisión a quien robe combustibles, derivados del petróleo, hidrocarburos o mezclas de hidrocarburos manejados por la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), entre otras sanciones.

Este y otros castigos incluidos en la legislación se agravarían en un tercio si el robo pone en peligro la salud o la vida de alguna persona, si genera daños ambientales, si fuese para el crimen organizado o implique a algún funcionario público.

Ese texto recibió el voto de 15 legisladores del PLN, seis del PAC, seis del PUSC, cinco del PRN, cinco de Nueva República, dos del PIN, dos del PRSC, uno del FA y dos independientes.

En la actualidad, los tribunales procesan a los sospechosos según lo establecido por el Código Penal para los delitos de robo simple o robo agravado.

El artículo 212 del Código fija penas diferenciadas para el robo simple. Según la fuerza con que se comete el robo, las penas oscilan entre seis meses y nueve años de cárcel. Además, impone sanciones económicas, según el monto de lo sustraído.

Mientras tanto, el robo agravado, contemplado en el artículo 213 de dicha normativa, se castiga con prisión de cinco a 15 años.