La Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso aprobó, este lunes, el segundo presupuesto extraordinario de la República del 2020, el cual contiene una reducción de gastos por ¢328.000 millones, al tiempo que destina ¢90.000 millones para los bonos Proteger y otros subsidios destinados a los damnificados económicos de la pandemia.

El dictamen afirmativo recibió el voto unánime de los nueve legisladores presentes.

El plan también incluye una transferencia de ¢45.800 millones para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), de los cuales ¢3.000 millones servirían para financiar pensiones para adultos mayores en pobreza, del Régimen No Contributivo (RNC).

Al final, descontando los ingresos destinados a esas necesidades, el presupuesto arroja una reducción neta de ¢196.000 millones en el gasto del Gobierno Central.

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Este presupuesto extraordinario reconoce una caída de ¢1,07 billones en los ingresos del Gobierno, de los cuales ¢664.000 millones serán cubiertos con nueva deuda pública y ¢217.000 millones con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Agencia Francesa de Desarrollo (BID).

El dictamen afirmativo de mayoría fue aprobado por tres diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), dos del Partido Acción Ciudadana (PAC), dos del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), uno del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC) y uno del bloque Nueva República (PNR).

La iniciativa pasaría este martes al Plenario Legislativo, donde, un día después, sería sometida al proceso de recepción de mociones de fondo vía artículo 137, en el que todos los legisladores pueden proponer cambios adicionales.

De no presentarse esas mociones, el Plenario puede iniciar la discusión del primer debate el propio día miércoles.

No obstante, para ser aprobado, este presupuesto requerirá del voto afirmativo de 38 de los 57 diputados, en vista de que la Corte Suprema de Justicia declaró que la reducción del gasto, que en su caso es de ¢5.000 millones, afectará su funcionamiento y operación.

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Legisladores del PLN, PAC, PUSC, PRN, PRSC e independientes aseguran que habrá más de 38 votos en el plenario para aprobar los recortes al Presupuesto Nacional.

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Últimos cambios

En la Comisión de Hacendarios, el texto se aprobó luego de cuatro horas de discusión que permitieron incorporar varios cambios, los cuales no afectan la reducción neta planteada por el Poder Ejecutivo ni incrementan la deuda pública.

Los diputados redujeron en ¢7.500 millones los recursos del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), para la atención de vías nacionales, con el fin de atenuar, en una cantidad similar, el recorte en los fondos destinados a las municipalidades, para la atención de vías cantonales.

En el caso de las municipalidades, el Gobierno había propuesto recortar ¢29.600 millones.

Esta moción, propuesta por el socialcristiano Pedro Muñoz, fue probada por tres congresistas del PLN, una del PUSC y un independiente.

Por otra parte, la Comisión aprobó una moción que autorizaría al Conavi a usar, en el mantenimiento de vías, ¢22.500 millones remanentes de ciertos proyectos viales y que, por alguna razón, estaban inutilizados.

Esa redistribución la propuso la diputada Laura Guido, del PAC, según dijo, a solicitud del jerarca de Transportes, Rodolfo Méndez Mata; y fue aprobada por los nueve diputados presentes.

La idea, según los diputados, es atenuar el recorte de ¢22.900 millones que sufre el Conavi por la caída en la recaudación del impuesto a los combustibles.

“Redistribuye esos recursos y no aumenta el gasto”, explicó Guido.

Previo a respaldar esta moción, los tres legisladores del PLN en ese foro legislativo, Silvia Hernández, Ana Lucía Delgado y Gustavo Viales, cuestionaron que haya remanentes de varias partidas en el Conavi.

“En la Ley 9514, que cubre la ruta 32 y otros programas, hay remanentes por encima de los ¢16.000 millones, una carretera que ni siquiera está cerca de verse concluida.

“No solo hay remanente, sino que sirve para mucha labor propia que tiene que financiar el Conavi. Nadie pone eso en tela de duda. Lo cierto del caso es que, con esta medida el Conavi, no va a sufrir ninguna reducción”, señaló, por su parte, Hernández, quien preside la comisión.

La redistribución de esos remanentes es la siguiente: ¢15.000 millones para mantenimiento rutinario y periódico en todas las zonas del país, ¢3.000 millones para vías de lastre y tierra y ¢3.000 millones a la atención de emergencias.

Otros ¢1.000 millones se destinarían a la construcción de un paso a desnivel en la intersección de los Hatillos 2, 3, 5 y 6; y ¢520 millones para diseño y construcción de un paso elevado en Hatillo 4.

La comisión también aprobó, con siete votos a favor y dos en contra, una moción del legislador del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Pablo Abarca, que obliga a todas las instituciones a subejecutar en al menos un 10% de las transferencias disponibles en cada programa presupuestario, con excepción de los rubros de salarios.

En caso de las entidades que reciben transferencias del Gobierno Central, la moción no ordena la devolución del dinero subejecutado.

Los diputados de ese foro también aprobaron, con seis votos a favor y dos en contra, una norma que elimina los fondos para restituir las plazas que queden vacantes en el Gobierno para lo que resta del año.

Quedan exentas de la medida las vacantes del Ministerio de Seguridad Pública, el 20% de las del Ministerio de Educación Pública (MEP) y el 50% de las del Ministerio de Salud.

Esa propuesta fue de Silvia Hernández, quien aclaró que la medida busca mermar el uso de plazas vacantes no usadas por desuso o jubilación de algún funcionario.

Nielsen Pérez, diputada del PAC, argumentó su voto en contra de esta medida debido a que, según consideró, este “tipo de medidas genéricas” no valora situaciones especiales que se presentan en algunas instituciones.

Entre ellas, mencionó los puestos que se necesitan en el área de Tributación del Ministerio de Hacienda cuando hay jubilados o en las plazas que requiere el Ministerio de Justicia en el área de custodios del sistema penitenciario.

Otra moción, aprobada por unanimidad, presentada por la diputada del PLN, Ana Lucía Delgado, ordena al Ministerio de Trabajo y al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) rendir cuentas de forma periódica sobre el bono Proteger.