Los diputados ampliaron hasta por seis meses la vigencia de las comisiones legislativas que investigan el decreto de la Unidad Presidencial de Análisis de datos (UPAD) y el financiamiento a tres campañas electorales del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Así lo definió el plenario este lunes al aprobar una moción de orden con el voto de los 47 diputados presentes.

Ambos foros legislativos mantienen suspendidas sus labores desde el mes de marzo, debido a la emergencia nacional provocada por el covid-19. La idea de los diputados, con esta ampliación, es retomar las discusiones a partir del mes de junio.

Votaron a favor de ampliar el plazo 14 diputados del Partido Liberación Nacional (PLN); ocho del Partido Acción Ciudadana (PAC); siete del Partido Restauración Nacional (PRN) y seis del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

También, la moción recibió el voto de cuatro legisladores del bloque Nueva República; dos del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC); otros dos del Partido Integración Nacional (PIN); uno del Frente Amplio y tres independientes.

La comisión investigadora sobre la UPAD, que preside la diputada liberacionista Silvia Hernández, se instaló a finales de febrero y tenía un plazo de funcionamiento de dos meses. Esta es la primera prórroga que recibe.

En este foro, se indaga si la Casa Presidencial accedió o no a datos confidenciales de los costarricenses en poder de las instituciones a través de la UPAD.

De hecho, uno de los citados a comparecer, de entre una lista de funcionarios y exfuncionarios públicos, es el presidente de la República, Carlos Alvarado.

Por su parte, la otra comisión especial fue habilitada por seis meses en junio del año pasado. Su plazo se había prorrogado por tres meses más, los cuales expiraban el 6 de junio. Esta es la segunda prórroga que recibe.

Este foro se creó luego de una propuesta del diputado del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), Dragos Dolanescu; y la preside el también diputado liberacionista Gustavo Viales.

En dicha comisión se tramita el expediente 21.457 sobre el financiamiento de las campañas nacionales del PAC de los años 2002, 2006 y 2010.

Plazo previsorio

Sobre la discusión legislativa del tema de la UPAD, la diputada Silvia Hernández explicó que la ampliación por 180 días se hace por previsión.

Añadió que la idea es retomar la discusión durante la primera quincena del próximo mes de junio, una vez que se reactiven otras comisiones y se conozcan esas dinámicas en el nuevo contexto originado por la pandemia.

Como ejemplo de esto último, dijo tener preocupación de que, una vez que se reanuden las audiencias, alguno de los convocados evite comparecer ante los diputados como precaución en el marco de la pandemia.

“Yo no quisiera reactivar una comisión que se tenga que desconvocar inmediatamente. Por eso, quisiera ver cómo marchan otras comisiones en estas semanas”, expuso la legisladora.

La comisión especial investigadora surgió luego de la publicación del decreto de creación de la UPAD, el cual establecía que esa oficina tendría acceso a datos confidenciales de los habitantes en manos de las instituciones.

El decreto fue publicado el 17 de febrero y derogado el día 21 del mismo mes. Por el momento, han sido llamados a rendir cuentas el exviceministro de Hacienda, Juan Alfaro, y el ex viceministro de Planificación, Daniel Soto.

También, comparecieron la exjefa del despacho presidencial, Felly Salas, y el exasesor legal de Presidencia, Luis Salazar.

Aún queda pendiente de comparecer el diputado del Partido Accion Ciudadana (PAC) y exministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora; el exministro de la Presidencia, Rodolfo Piza; y la ministra de Planificación, Pilar Garrido.

“Se indaga la posible violación del derechos al propiedad de las personas con respecto a sus datos sensibles que no tienen acceso abierto y que, claramente, con el inicio de la discusión legislativa del tema, conllevó a la renuncia del ministro de la Presidencia (Víctor Morales) y de dos viceministros (Daniel Soto, de Mideplán; y Juan Alfaro, de Hacienda)", expuso la legisladora.

La Fiscalía General también mantiene abierta una investigación penal sobre este caso por los presuntos delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato.

Además del mandatario, los investigados son Morales; y el exviceministro de Planificación, Daniel Soto Castro; y los analistas de datos Diego Fernández Montero, Alejandro Madrigal Rivas y Diego Villalobos.

También, figuran en las investigaciones la exjefa del despacho del presidente, Felly Salas Hernández; y el comisionado presidencial honorario de la población LGBTI, Luis Salazar.

Como parte de las investigaciones, la Fiscalía General realizó un allanamiento en Casa Presidencial. Las diligencias se ampliaron al Ministerio de Planificación (Mideplán) y a dos casas de habitación.

Financiamiento al PAC

En tanto, la comisión investigadora de las tres campañas del PAC pretende determinar si hubo irregularidades en los financiamientos a ese partido de las elecciones del 2002, 2006 y 2010.

Viales explicó que las audiencias en ese foro terminaron con la comparecencia del extesorero de ese partido Maynor Sterling.

Añadió que la intención de la comisión es que se reanude la labor sobre este tema a finales de junio. En ese momento se entraría a elaborar un informe.

No obstante, aclaró que aún debe valorarse la evolución del funcionamiento del Plenario Legislativo en medio de la pandemia, debido a que ese documento debe ser sometido a discusión y aprobación.

“Sabemos de que estamos en una situación donde no podemos discutir mucho en el Plenario y utilizar tiempo legislativo para ver cosas que no sean de la emergencia, entonces, queremos ampliar el plazo de la comisión para ver el proyecto a finales de junio esperando que la cosa se normalice un poco más”, indicó el legislador.