Diputados ahora dudan de dar bono adicional de ¢3.000 millones a empleados de Bancrédito

Los siete diputados de la Comisión Especial de Cartago ahora dudan de su propuesta de pagarle una bonificación adicional de ¢3.000 millones a unos 800 empleados del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) debido al cierre de operaciones comerciales y la intervención de la entidad.

Se trata de un pago extra a la prestaciones que los funcionarios recibirán y que sería equivalente a cuatro salarios mensuales.

Aunque dicho beneficio fue incluido en un proyecto que este grupo de legisladores impulsa para apoyar al personal del banco, la noche del pasado jueves los congresistas se reunieron para revisarlo.

Según Marco Redondo, diputado que representa al Partido Acción Ciudadana (PAC) en ese panel, en la sesión se desechó una propuesta para eliminar el pago ahora, pero se acordó quitarlo cuando el proyecto llegue al plenario legislativo.

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"La valoración que hicimos es que sí es necesario convertir el plenario en comisión para revertir la bonificación que se había planteado, para que el proyecto pueda ser discutido y ojalá aprobado sin que esto, eventualmente, cause que el proyecto no salga adelante", explicó Redondo.

Según el legislador, el aspecto del proyecto que más interesa al personal cesado de Bancrédito es recibir, de inmediato, el dinero que ellos cotizaron al Fondo de Garantías y Jubilaciones más el aporte mensual que también hacía el Banco.

La intención es evitar que esos recursos ingresen al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), lo cual impediría a los trabajadores recibir esos fondos ante el cierre de la operación comercial del banco, decretado en mayo pasado debido a desórdenes en la administración de su cartera de créditos.

"Tenemos consciencia de que esa parte (de la bonificación) tenemos que revisarla. La valoración que hicimos es que debemos prescindir de esa bonificación. En principio vamos al plenario con la eliminación de ese artículo", indicó Redondo.

El numeral 5 de la Ley de protección y defensa de las personas trabajadoras del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) propone que los funcionarios de esa entidad reciban una bonificación complementaria de cuatro salarios promediados con base en los sueldos que hayan recibido durante los últimos seis meses.

El interventor del banco, Marco Hernández, designado por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), estimó en ¢3.000 millones el monto total de la indemnización.

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Dicho monto surge con base en el cálculo del salario promedio de los 769 posibles beneficiarios, que es de ¢750.000.

Según Hernández, incurrir en ese gasto sería ruinoso para Bancrédito, entidad que cerró el 2017 con perdidas superiores a los ¢27.000 millones y que a enero pasado ya acumulaba otros ¢3.000 millones adicionales en pasivos.

Hernández también alegó que esa bonificación no se contempló en las reservas que hizo el banco para pagar las prestaciones de ley a sus empleados, por lo que no existe una forma de financiarla sin provocar un impacto en las maltrechas finanzas del ente.

Después de que este diario pusiera en autos a los legisladores sobre los alcances del criterio del interventor, algunos se mostraron sorprendidos por el costo de la bonificación mientras otros alegaron que la fuente de financiamiento de ese bono sería el propio Fondo de Garantías y Jubilaciones.

Según el interventor Hernández, el banco carece de liquidez para pagar las deudas con sus acreedores.

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De hecho, Bancrédito debe al Gobierno Central ¢131.000 millones que el Ministerio de Hacienda sacó del presupuesto ordinario de la República para comprarle títulos valores para intentar salvarlo del cierre.