Aarón Sequeira.   5 junio
Luego de escuchar el plan de contención de gasto de la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, los diputados aceptaron reactivar el trámite de la reforma fiscal. Fotos: Mayela López

Los diputados acordaron este martes reactivar el trámite de la reforma fiscal por una vía rápida más larga que la establecida, en febrero pasado, por los legisladores anteriores.

Los congresistas aprobaron una moción en la que, finalmente, adoptaron cambios exigidos por la fracción del PLN, los cuales hacen más extensa la nueva etapa de discusión de mociones de fondo y obligarían a la presidencia legislativa a publicar el texto y a hacer consultas a varias instituciones.

Con 53 congresistas presentes a la hora de la votación, a las 6:53 p. m., estuvieron a favor de los cambios 52 de ellos. Solo votó en contra el independiente Erick Rodríguez Steller, principalmente porque alegó haber sido ninguneado en la negociación de los ajustes.

El acuerdo se tomó el martes por la mañana y la moción para hacer los ajustes de la vía rápida se votó por la tarde, luego de que los demás jefes de las fracción aceptaron las peticiones liberacionistas.

Originalmente, el Partido Liberación Nacional (PLN) quería devolver el expediente 20.580 al trámite de comisión, antes del dictamen ya emitido, bajo el argumento de que eso blindaría mejor el procedimiento y evitaría los problemas de fondo.

Apenas asumieron sus curules, en mayo pasado, los actuales legisladores pidieron tener el derecho de enmienda sobre la reforma fiscal y, luego, exigieron un plan de contención del gasto del Gobierno.

Por eso, se construyó una moción que, originalmente, se trabajó con apoyo de los partidos Acción Ciudadana (PAC), Restauración Nacional (PRN) y Unidad Social Cristiana (PUSC).

Dicha moción planteaba cerrar el periodo de mociones de fondo que los anteriores parlamentarios dejaron pendiente y abrir una nueva etapa, con la presentación de mociones durante dos días seguidos y, luego, la tramitación en comisión.

Sin embargo, la ruta aprobada fue la que solicitó Liberación, la cual establece que se abra un día de mociones de fondo, con su respectivo trámite en comisión, y, días después, se haga la apertura de un segundo día de mociones, con su respectivo trámite en comisión.

Una vez que se abre cada día para recibir mociones, la presidencia legislativa debe tomarse varios días para ordenar todas las mociones que sean presentadas.

Durante el trámite que se realizó durante los meses de marzo y abril pasados, se presentaron 1.579 mociones de fondo y casi el mismo número de mociones de revisión.

Consulta a instituciones

El acuerdo suscrito este martes por los jefes de fracción también obliga a la presidencia legislativa, una vez reinstalada la comisión especial que tramita la reforma fiscal, a enviar el texto a publicación en el diario oficial La Gaceta y consultárselo al Poder Judicial y a las instituciones autónomas que podrían resultar afectadas con el proyecto.

Otra de las peticiones del PLN fue realizar audiencias dentro del proceso, antes incluso de que se presenten las mociones de fondo.

En consecuencia, dentro de la moción se acordó citar a los ministros de Hacienda, Rocío Aguilar, y de Trabajo, Steven Núñez, así como a la contralora general de la República, Martha Acosta.

Una vez que se remitan los informes sobre esas mociones al plenario, continuará la vía rápida tal como lo establecía la ruta original, aprobada en febrero, con la reiteración de las mociones de fondo que se hayan rechazado en comisión.

Carlos Ricardo Benavides, jefe de fracción del PLN, adelantó que el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas no estará aprobado para setiembre y, además, Liberación afirma que su apoyo al plan gubernamental dependerá de los ahorros y gastos que se reflejen en el Presupuesto Nacional del 2019.

El ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, había señalado que el Gobierno espera tener el plan aprobado, al menos en su primer debate, para antes de que se cumplan los 100 días de la administración de Carlos Alvarado.

“No, yo espero que no (sobre la condición del PLN para apoyar el plan). (...) Al Gobierno le interesan especialmente dos elementos: uno, que se cumplan los plazos dentro de lo que tenemos previsto. Es decir que antes de los 100 días de gobierno se pueda votar en primer debate el proyecto. Las etapas y cómo lo van a hacer está en el marco de la Asamblea Legislativa”, aseveró Piza.

“Lo segundo, es que se garantice la constitucionalidad del procedimiento que se establezca, de manera que el procedimiento no ponga en peligro la decisión final sobre la ley”, agregó el ministro.

Al respecto, el jefe de fracción del PAC, Víctor Morales Mora, reconoció que se tuvo que ceder en la negociación, principalmente con el objetivo de cuidar el procedimiento del plan fiscal “como la niña de los ojos”, para que no se caiga en la Sala Constitucional.

Morales asegura que, aún con lo solicitado por Liberación, esperan estar dando segundo debate a la iniciativa para setiembre, idealmente antes del 15 de setiembre, o bien para la segunda quincena de ese mes.

Entre primero y segundo debate, el proyecto se enviará a consulta de los magistrados constitucionales.

El jefe oficialista reconoció que, con el tamaño del PAC en el Congreso (10 de 57 curules), no tenían otra opción que buscar un consenso para “blindar el procedimiento” y sostuvo que no tuvieron mayor problema con que el proyecto vaya a comisión, vuelva a plenario o que se haga consultas a tales o cuales jerarcas.

“En la comisión incluso vamos a tener un solo diputado. Esto fue puro consenso, pura negociación, si no, no avanzamos”, alegó Morales Mora.

Aunque Restauración y PUSC apoyaron la moción, hicieron énfasis en que vigilarán no solo la aplicación de las medidas de contención del gasto, sino también, tal como ya lo anunció el PLN, el Presupuesto Nacional de la República para el 2019.

Carlos Avendaño, jefe del PRN, insistió en que, pese a aprobar los cambios a la vía rápida, están en contra de que se cobre un impuesto de valor agregado del 13% a los alquileres, así como el 2% para la canasta básica y una tasa del 4% sobre los servicios privados de educación y salud.