Aarón Sequeira. Hace 3 días
José María Villalta, del Frente Amplio; Víctor Morales, del PAC, y Carlos Avendaño, de Restauración Nacional, conversaron este jueves, durante la sesión del plenario legislativo en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños. Foto: Departamento de Prensa, Asamblea Legislativa.
José María Villalta, del Frente Amplio; Víctor Morales, del PAC, y Carlos Avendaño, de Restauración Nacional, conversaron este jueves, durante la sesión del plenario legislativo en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños. Foto: Departamento de Prensa, Asamblea Legislativa.

Voceros de las fracciones legislativas cuestionaron al Gobierno por su intención de usar parte del ¢1 billón (un millón de millones) del plan Proteger para pagar salarios públicos y transferencias a instituciones, a pesar de que solicitó el dinero con la intención de atender los efectos económicos de la pandemia de coronavirus.

Los cuestionamientos se dan luego de que el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, admitiera en entrevista con La Nación que, de ese dinero, se tomarán recursos para cubrir los gastos ordinarios del gobierno.

De igual forma, la ministra de Planificación, Pilar Garrido, reconoció que el dinero autorizado que el Congreso autorice se emplearía para hacer frente a la continuidad de la prestación de servicios públicos del Gobierno.

Ante esas posiciones, voceros de los partidos lanzaron críticas sobre las contradicciones y la confusión en los criterios que manifiestan los jerarcas del Poder Ejecutivo.

El presidente de la Asamblea Legislativa, el liberacionista Carlos Ricardo Benavides, aseguró que, en ninguna de las múltiples reuniones que han sostenido los diputados con los ministros de Hacienda y Planificación, se ha mencionado “que parte de ese billón estuviera destinado a cuestiones ajenas a la emergencia”.

“Se ha hablado de que es para los efectos directos, compra de artículos hospitalarios, camas, respiradores, horas extra para personal de emergencia, subsidio para desempleados y aumento del dinero para el IMAS (Instituto Mixto de Ayuda Social) para apoyo de las familias más humildes, pero jamás para afrontar gastos corrientes”, dijo Benavides.

El jerarca parlamentario alegó que, con esas declaraciones, se está “faltando a la transparencia con el Congreso” y apuntó que, debido a eso, queda más claro todavía que los diputados tienen que analizar a profundidad el presupuesto extraordinario donde se definan los rubros donde se van a gastar los $500 millones del crédito con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), antes de aprobar más financiamientos.

“No es de recibo que a la Asamblea se le vaya diciendo, a cuentagotas, el destino de los recursos que tienen que pagar los costarricenses”, enfatizó.

En una línea similar, Carlos Avendaño, de Restauración Nacional, aseguró que, en ninguno de los escenarios donde él ha estado, se ha dicho lo que afirmó el ministro Chaves este jueves.

“Y créame que he estado en muchos: plenario, mesas de trabajo, toda la interacción para los proyectos que hemos aprobado. Sería algo novedoso y lo vería difícil, porque la idea central es proveer todos los recursos para la gente que lo está necesitando”, alegó.

El congresista añadió que el sector público tiene estabilidad y dijo que se busca auxiliar, principalmente, al espectro de trabajadores que han visto reducido su salario o a quienes se les ha suspendido el contrato.

En el bloque de diputados independientes Nueva República, también abundan las críticas para las contradicciones del Gobierno. Jonathan Prendas manifestó que ha habido particulares contradicciones en la finalidad para la que se quiere tanto dinero.

“No es que no entendamos que en una crisis se pueden dar imprevistos y generarse mucha necesidad, pero llevamos dos semanas intentando conocer el plan de inversión o la ruta de gasto de esos fondos extraordinarios, pero la única respuesta que dan son cinco líneas escuetas”, dijo el fabricista.

Añadió el legislador que no hay argumentación ni detalle de a quiénes quiere el Gobierno beneficiar. “Lo que vemos es un gobierno sin rumbo económico y eso preocupa muchísimo”, apuntó.

Por su parte, la jefa de la Unidad Social Cristiana (PUSC), María Inés Solís, dijo que, si bien Chaves no lo había dicho así al frente de los diputados, ella sí había entendido que parte del Plan Proteger es cubrir los gastos comprometidos del Gobierno, por lo que ya no se va a recibir del impuesto al valor agregado (IVA) y al de la renta.

“A mí me parecía lógico que sacaran plata de esto que están solicitando. Ahora, cuáles dineros exactamente se usan, hay que revisarlo. Ninguno de esos dineros se puede usar sin un presupuesto extraordinario, porque dinero que se use sin aprobación legislativa, es malversación de fondos”, indicó Solís.

La jefa del PUSC añadió que ya se lo han advertido así al ministro Chaves, porque “parte del trabajo que tiene que hacer la Asamblea es el control del gasto”.

Por su parte, el diputado Víctor Morales Mora, del Partido Acción Ciudadana (PAC), respondió que, tal como él lo ha entendido, “la voluntad del Gobierno con el Plan Proteger es acopiar una importante suma de recursos financieros mediante la aprobación de cinco proyectos de ley, para dirigir esos recursos a atender necesidades derivadas de la emergencia que vivimos”.

Morales añadió que el detalle en particular de cómo se gastarán esos fondos, se conocerá cuando el Ejecutivo lleve los presupuestos extraordinarios al Congreso para disponer de los dineros.