Diputados achacan contradicciones al Gobierno sobre fondo de avales

El Gobierno les pidió este jueves a los diputados acelerar la discusión del proyecto de ley para crear un fondo de avales, con el propósito de facilitar el acceso al crédito a las empresas afectadas por la pandemia de covid-19.

No obstante, la solicitud desató fuertes críticas en el Congreso, pues los partidos Liberación Nacional (PLN) y Unidad Social Cristiana (PUSC) señalaron que el Ejecutivo no ha mostrado un real interés en impulsar y corregir la iniciativa.

La ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, envió una carta a la presidenta del Congreso, Silvia Hernández, así como a los jefes de las fracciones parlamentarias, para que retomen el trámite del expediente.

“Hemos enviado una nota pidiendo que nos ayuden a priorizar en la discusión del proyecto de avales en el plenario. Ya terminó la fase correspondiente a la Comisión y creemos que impactará positivamente la reactivación económica”, señaló la jerarca.

Al conocer la excitativa, la liberacionista Silvia Hernández declaró que todavía no existe consenso entre las fracciones para aprobar el texto y señaló que el Poder Ejecutivo no ha corregido los señalamientos.

“A todas luces, el proyecto sigue teniendo necesidades de mejora, por lo que he escuchado de los jefes de fracción (...). A mí me parece que hay que construir con los diferentes jefes de fracción y con los diputados involucrados. Algo está pasando para que haya cuatro versiones de texto sustitutivo en un texto que sigue sin posibilidades.

“Ojalá que no sea que el Gobierno genuinamente no quiera este proyecto de ley en aplicación. Tiene (mociones vía) 137 y me parece que lo que los diputados no han querido aún es, hasta no tener un texto consensuado, avanzar con eso, pero no se ha perdido la voluntad”, aseguró Hernández.

El fondo de avales generaría garantías estatales para que empresas golpeadas por la pandemia accedan a créditos bancarios. La condición para las compañías es que sostengan los niveles de empleo.

La redacción establece que la cobertura de cualquier aval podrá ser de hasta el 75% de cada deuda.

De acuerdo con estimaciones de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), la suma de $300 millones permitiría sustentar cerca de $3.000 millones en créditos, para atender a cerca de 18.000 empresas afectadas.

Con el propósito de crear los avales, los diputados aprobaron en junio pasado un préstamo por $300 millones con el Banco Centroamericano de Integración Nacional (BCIE). No obstante, el proyecto de ley para estructurar el fondo sigue sin votarse en primer debate.

El Gobierno presentó la iniciativa desde agosto de 2020, como una necesidad urgente dentro de los planes de apoyo a los deudores y de reactivación económica en plena pandemia.

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María José Corrales y Pablo Heriberto Abarca, jefes de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) y de la Unidad Social Cristiana (PUSC), pusieron en entredicho el compromiso del Poder Ejecutivo con el plan de avales.

Los congresistas aseguraron estar dispuestos a discutir una propuesta viable con Presidencia y distintos sectores económicos.

“Lo que urge es que el Ejecutivo concrete un texto viable. Me parece que no ha habido un interés genuino de hacer un texto para este proyecto y parecía, más bien, que lo que querían era usarlo como apoyo presupuestario.

“Más bien me parece positivo que lo quieran hacer prioridad. Me parece urgente una mesa de trabajo entre los sectores, los diputados y Presidencia para que pueda concretarse un texto. En el momento de que haya una negociación formal y de verdad, pues empezará a caminar el proyecto, pero no ha habido un interés”, afirmó Abarca.

Uno de los señalamientos de los diputados es el posible conflicto de interés en el hecho de que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) sea fiduciario del fideicomiso para el fondo de avales y, al mismo tiempo, administre los recursos, como lo propuso el Gobierno.

Asimismo, los legisladores señalan que se podría incurrir en dificultades para acceder a la información porque los archivos del BCIE son inviolables, según señaló la Procuraduría General de la República (PGR).

Por ende, el Poder Ejecutivo debe ponerse de acuerdo con los diputados sobre cuál entidad administrará los fondos.

El texto actual fue dictaminado de forma unánime en la Comisión de Asuntos Hacendarios, en junio de 2021. Ahora los congresistas podrían implementar modificaciones o acoger un nuevo texto sustitutivo vía mociones 137.

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La jefa del PLN también criticó que la iniciativa nunca fue prioridad en el periodo de sesiones extraordinarias —que terminó en julio pasado—, en la que el Poder Ejecutivo controla parte de la agenda legislativa.

“El oficio que nos envía la señora ministra es contradictorio con la postura del Gobierno durante ocho meses de sesiones extraordinarios y donde este proyecto no estuvo entre sus prioridades. Eso quedó en evidencia.

“Es preciso indicar que para la fracción del PLN este proyecto es de suma importancia y que hemos manifestado nuestro apoyo a que podamos discutirlo. Incluso, hemos indicado que vamos a establecer los contactos con las partes involucradas para promover las enmiendas respectivas e impulsar su avance”, afirmó Corrales.