Aarón Sequeira. Hace 3 días
Los diputados sesionaron en el plenario, este jueves, en el Museo de los Niños. Foto: Cortesía Asamblea Legislativa.
Los diputados sesionaron en el plenario, este jueves, en el Museo de los Niños. Foto: Cortesía Asamblea Legislativa.

Los diputados dispensaron de todo trámite, este jueves, un proyecto de ley para autorizar la entrega del Fondo de Capitalización Laboral (FCL) a los trabajadores afectados por la crisis económica que genera la emergencia del coronavirus.

El plan consiste en una autorización para entregar el FCL a quienes les hayan suspendido el contrato de trabajo o a quienes les hayan reducido la jornada laboral y, por consecuencia, el salario.

La dispensa de trámites permite aplicar uno de los mecanismos más rápidos para la aprobación de un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa.

Significa que el proyecto no tendrá que pasar por una comisión legislativa, ni por cada una de las etapas de consulta ni de presentación de mociones, sino que entra directamente al trámite de primer debate, en el plenario legislativo.

Ese trámite incluye votación de mociones dentro del plenario, así como el debate de fondo y las votaciones definitivas.

La decisión la tomaron los legisladores este jueves, en una cortísima sesión del plenario legislativo, realizada por segunda vez en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños, sede temporal de ese órgano parlamentario a causa de la pandemia.

A favor de la dispensa votaron 46 legisladores, mientras que Pedro Muñoz y Pablo Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) votaron en contra.

Abarca dijo que ha insistido en la necesidad de que los entes técnicos revisen los proyectos, para tener respaldo técnico, por escrito, de cada uno de los responsables de ejecutar las iniciativas. El socialcristiano enfatizó que él sí está a favor de que se les entregue a las personas que se les reduzca el salario o se les suspenda el contrato.

“Eso no está en discusión. El tema es que ese proyecto, tal como está redactado, los entes técnico han dicho que no hay dinero suficiente para sostenerlo, entonces es irresponsable meterle una vía rápida si no tiene un criterio, un contenido”, apuntó Abarca.

El socialcristiano enfatizó en que no está en contra del fondo, pero que teme que los legisladores estén corriendo mucho con cosas que tienen mucha trascendencia a futuro. “Entiendo que estamos en emergencia, pero no puede ser que tengamos que lamentar cosas a mediano o largo plazo, que puedan salirle caro al país”, dijo.

Preocupación por liquidez

Antes de que se aprobara la dispensa de trámites del proyecto sobre adelanto del FCL, las fracciones manifestaron preocupación por los señalamientos de la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (ACOP), respecto al mecanismo en caso de que haya dificultades de liquidez de las operadoras.

Ese mecanismo establece que, si una operadora tiene dificultades para entregar el fondo a los trabajadores a los que se les haya suspendido el contrato laboral o que se les haya reducido el salario, se le entregaría un certificado al afiliado para que obtenga su dinero en un banco público.

Según la ACOP, esa propuesta dejaría indefensa a la persona y la obliga a buscar su dinero de parte de un tercero, cuando las operadoras son las que administran el ahorro.

Ante esas preocupaciones, varias fracciones se reunieron para pedir un compás de espera en el trámite de la iniciativa, pese a que ya los jefes de las fracciones parlamentarias se habían puesto de acuerdo, el miércoles en la noche, en acelerar el trámite del proyecto.

Pese a la preocupación de las operadoras, el superintendente de Pensiones, Álvaro Ramos, manifestó que las operadoras sí tienen capacidad de manejar liquidez ante los despidos, “incluso ante el aumento importante de los despidos”.

“La diferencia crítica es que los diputados están planteando introducir dos causales novedosas para retirar el FCL y es imposible para una entidad planificar algo que no existía”, explicó el superintendente.

Ramos agregó que la planificación de la liquidez, en algunas operadoras, les permite cubrir a algunos empleados con salario reducido o con contrato suspendido, así como a todos los despedidos.

“En una situación sin precedentes, como la actual, si no queremos liquidaciones abruptas de parte de los portafolios, sería conveniente que exista un mecanismo de liquidez”, explicó.

Además, reconoció que “sí puede ser inconveniente” que ese mecanismo de liquidez recaiga sobre los bancos comerciales. El jerarca de la Supen añadió que, en otros países, ese mecanismo recae sobre el Banco Central.

Consultas al BCCR

Precisamente, los diputados de la mesa de trabajo sobre el proyecto de adelanto del FCL tendrán consultas entre este jueves y el lunes, cuando se realice la próxima sesión del plenario, para determinar si el Central puede asumir la compra de esos certificados.

Carlos Avendaño, del Partido Restauración Nacional (PRN), explicó que se está calculando el pago a cerca de 10.000 personas cuyos contratos se han suspendido, y que eso eventualmente ascendería a 12.000 o 13.000 personas, así como a los que se les reduzca la jornada laboral.

“Esto no es el 100%, ni el 80%, ni el 50% de la fuerza laboral afiliada al FCL. Ese es un aspecto que, esta tarde, se va a conversar en una reunión virtual con Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, para tener la certeza y seguridad del recurso que se pueda tener a disposición para hacer frente a eso”, dijo Avendaño.

Luego de la dispensa de los trámites de la iniciativa, se prevé que para el próximo lunes, en sesión del plenario, haya un avance del proyecto legal, eventualmente la aprobación en primer debate.