Sofía Chinchilla C..   21 marzo
El diputado Montoya afirmó este miércoles, en conferencia de prensa, que el régimen chavista habría llevado a la quiebra a la compañía, propiedad del Estado venezolano, y que ahora intentará venderla por un precio mucho más bajo que su valor real. Foto: Archivo.

El diputado venezolano Julio Montoya denunció que el gobierno de Nicolás Maduro tiene intenciones de rematar la empresa CVG Aluminios Nacionales S. A. (Alunasa), ubicada en Esparza de Puntarenas.

Montoya afirmó este miércoles, en conferencia de prensa, que el régimen chavista habría llevado a la quiebra a la compañía, propiedad del Estado venezolano, y que ahora intentará venderla por un precio mucho más bajo que su valor real.

“Los venezolanos estamos a punto de perder una empresa que vale más de $100 millones, a punto de ser rematada por $8 millones".

"En una operación que es intencional, en el cual el general de división Noel Rafael Martínez Rivero, como responsable de esta empresa, no ha hecho no solo nada por recuperar a la empresa, sino que parece ser que es intencional la operación”, dijo Montoya, quien es miembro de la Asamblea Nacional de Venezuela.

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De acuerdo con el parlamentario, la Comisión de Contraloría de la Asamblea solicitará al presidente Juan Guaidó que ejecute acciones en conjunto con el procurador general de ese país, para evitar la pérdida de la compañía.

Alunasa opera en Juanilama de Puntarenas bajo el régimen de zona franca, donde se dedica a la elaboración y exportación de productos de aluminio. Desde el 2000, la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) es propietaria del 100% de sus acciones y, en el 2015, la compañía pasó a formar parte de la Corporación Nacional de Aluminio de Venezuela.

En mayo del año pasado, el departamento del Tesoro de Estados Unidos advirtió de que la compañía habría sido utilizada por el diputado constituyente Diosdado Cabello, cercano a Maduro, para lavar dinero. Producto de dicha alerta, el Banco Nacional procedió a cerrar todas las cuentas de la manufacturera.

La entidad bancaria hizo lo mismo con las cuentas de Martínez Rivero, presidente de Alunasa.

“Nosotros podríamos estar en este momento en frente de la intención del gobierno de quebrar o vender por precios de gallina flaca, o venderle a sus testaferros o a sus amigos las propiedades de Venezuela en el exterior”, advirtió Montoya.

“De la noche a la mañana esta empresa tiene 38 embargos de vehículos, 21 demandas sobre la finca o la propiedad de los venezolanos en la zona franca, 40 demandas sobre cuentas bancarias, 77 demandas sobre bienes diversos de maquinaria, entre otras”, enumeró el legislador.

Este medio solicitó una reacción sobre las declaraciones del diputado a Carlos Peña, encargado jurídico de Alunasa, quien indicó en un mensaje de texto que se encuentra en un seminario fuera del país y no ha respondido a la solicitud.

En julio del 2018, La Nación informó de que el Juzgado de Trabajo de Puntarenas había impuesto 226 resoluciones de embargo preventivo sobre bienes de Alunasa: 8 embargos sobre vehículos, 21 sobre la finca donde está la fábrica, 40 sobre las cuentas bancarias y 17 sobre bienes no inscribibles, como maquinaria.

Además, para ese momento, había 56 procesos ordinarios laborales en trámite.

Los procesos se empezaron a acumular porque desde finales del 2017 la compañía reportó problemas con el suministro de materia prima que se importa desde Venezuela. Esa situación frenó la producción, y a la compañía empezó a faltarle el dinero para pagar los salarios de su planilla.

El ingreso de las demandas laborales coincidió con la alerta del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Montoya también advirtió de que, supuestamente, la mayor parte de los insumos que tendrían que haber ingresado a Costa Rica para su procesamiento se terminaron desviando en operaciones ilícitas.

“Es bueno que sepan que, del aluminio que salía de Guyana para Costa Rica, todas las denuncias e informes de los trabajadores dicen que ahí solo llegaba entre el 30% y el 40% del aluminio que partía de Venezuela. Podríamos estar en presencia de una gran operación de contrabando de aluminio de funcionarios venezolanos a partir de Alunasa”, denunció Montoya.

Hasta inicios del 2018, Alunasa empleaba aproximadamente a 270 personas en Puntarenas. Un extrabajador que solicitó la protección de su identidad dijo a este medio que, en el presente, labora allí el 50% de esa cifra. Además, aseguró que el sindicato de trabajadores se desintegró.