Diputado pide que legisladores se guíen por moral masónica, agnóstica, evangélica o católica

Entre el paquete de 70 mociones que presentó para bloquear el plan, el socialcristiano reconoció que hay una buena cantidad para “caricaturizar el problema que existe en el proyecto”, según su criterio.

Sobre las obligaciones de los diputados, el inciso M del artículo 3 dice que estos deben demostrar y practicar “una conducta moral y ética intachable” en su cargo.

En lugar de ello, Muñoz presentó diversas mociones para modificar ese inciso M. Cada propuesta agrega una frase al final del párrafo, de manera que los diputados deban demostrar una conducta moral según el criterio de:

-La Gran Logia Masónica de Costa Rica.

-Los tribunales de ética de sus respectivos partidos políticos.

-La comunidad de agnósticos (personas que consideran imposible determinar la existencia de Dios y de lo divino).

-La Iglesia católica.

-La Alianza Evangélica Nacional.

-La iglesia Generación 3:16, del conocido ‘pastor de los ricos’, Carlos Chavarría Fonseca, quien hoy está preso por violación y abuso sexual de varias feligresas suyas.

-El Foro de Sao Paulo, que es una organización de partidos y grupos políticos latinoamericanos de izquierda.

Otro artículo del proyecto prohíbe utilizar la investidura legislativa en beneficio de otras personas. Al respecto, Muñoz sugiere permitir que se pueda beneficiar a personas del mismo partido.

En otra parte, se establece que el diputado debe emplear los recursos de la Asamblea solo para los fines a los que fueron destinados. El socialcristiano propone agregar la siguiente coletilla: “No aplica para los diputados que decidan compartir su beneficio por concepto de gasolina con sus asesores o amigos”.

En varios de los artículos, Pedro Muñoz sugiere varias reformas y, luego, tiene mociones para eliminar esos mismos artículos.

No todas las 98 mociones en discusión son caricaturas de Muñoz, pues hay varias modificaciones propuestas por otro socialcristiano, Pablo Abarca, pero con modificaciones más serias.

Respecto a regalos, Muñoz sí mantiene la prohibición para recibir donaciones y obsequios, excepto de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol); asimismo, propone que el diputado tenga el deber de denunciar actos de corrupción, pero no de fundaciones en las que haya militantes de su mismo partido político.

Las mociones del excandidato presidencial tienen frenado el avance del proyecto 22.226, denominado Pérdida de credencial de diputados y diputadas de la República, promovido principalmente por la liberacionista Yorleni León.

Por cada moción, Muñoz puede usar la palabra por 15 minutos, lo que solo ha permitido avanzar, en la Comisión de Jurídicos, hasta la moción 16 de las 98 en trámite.

Esas mociones de fondo se tramitan en Jurídicos de previo a que se dictamine el expediente legislativo. El plazo para que se dé ese dictamen es el próximo 21 de abril.

“Unas son para tratar de mejorar el texto, hay una gran cantidad para eso. Otras son para caricaturizar el problema que existe en el proyecto, lleno de términos indeterminados, abiertos y que se pueden prestar para malas interpretaciones y abusos”, respondió el socialcristiano vía telefónica.

Muñoz cuestionó que los términos planteados en el proyecto deben ser aplicados por órganos políticos, como el Directorio, compuesto por personas con diferentes concepciones de la ética y la moral.

“La norma es absurda. Entonces, las mociones buscan ejemplificar lo absurdo, irracional, no razonable y desproprocionado, lo subjetivo, abierto e indeterminado”, explicó.

El congresista del PUSC dice que él sí considera necesario una ley para retirar credenciales de diputado “en caso de violación comprobada, judicialmente”, a la ley anticorrupción y que “hay que hacer una ley que le dé contenido a la norma constitucional que dice eso”.

No obstante, acotó que abrir la ley a conceptos indeterminados e imprecisos lo obligan a usar “todos los medios legales y precisos para detener el avance del plan”.

Por su parte, la liberacionista Yorleni León dijo que las mociones de Muñoz están llenas de sarcasmo y carecen de sentido. “Son un irrespeto absoluto para los contribuyentes, a los recursos públicos que pagan los costarricenses, por el gasto que significa tramitar esas mociones”, indicó.

Añadió ella que esas propuestas no tienen el menor interés de construir, sino que buscan obstruir un proyecto que es una deuda de hace años de los diputados.

“La cantidad de mociones y el ritmo a que vamos significan que no se logrará dictaminar y los plazos están reducidos para aprobarlo en el plenario. No hay margen, a menos que él retire las mociones”, comentó.

Todo parece indicar, efectivamente, que para el cierre de este periodo parlamentario, el 30 de abril, los congresistas habrán incumplido con el proyecto que por años han bloqueado, para recibir sanciones por violar el deber de probidad en la función pública.