Diputado del PAC alega que proyecto de empleo público violentaría autonomía universitaria

Al diputado y economista Henry Mora Jiménez, del Partido Acción Ciudadana (PAC), le cuesta desligarse de su visión de profesor universitario al analizar el borrador del nuevo proyecto de ley de regulación de pluses salariales, puesto a consulta de fracciones legislativas y de bloques sindicales por el Gobierno, la semana anterior.

A criterio del expresidente de la Asamblea Legislativa, dicha propuesta, impulsada principalmente por la legisladora liberacionista Sandra Piszk, violentaría el principio de autonomía universitaria, porque "tácitamente" obligaría a los profesores universitarios a inscribirse en colegios profesionales.

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Según Mora, ese fue uno de los puntos que hizo caer en un bache el foro especial sobre empleo público que analizaba la propuesta de la verdiblanca. Los otros dos elementos que bloquearon la discusión tienen que ver con la limitación de los años del auxilio de cesantía y con la negociación de las convenciones colectivas.

Mora es uno de los dos voceros principales que la jefa del PAC, Laura Garro, señaló como los encargados de escuchar las opiniones y críticas de los sindicatos al borrador del plan para regular los pluses salariales.

Ese borrador fue puesto a consulta la semana pasada por el viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora, y otros jerarcas del Gobierno.

El otro vocero encargado de conversar con los bloques sindicales es Víctor Hugo Morales Zapata. Garro aseguró este martes que, además, legisladores como Marco Vinicio Redondo y Franklin Corella también han tenido contactos con algunos líderes gremiales.

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Mora enfatizó que los artículos del borrador que se refieren a las remuneraciones por dedicación exclusiva y prohibición establecen que, para que el funcionario firme un contrato con su empleador para recibir esos pagos, debe presentar una certificación del respectivo colegio profesional, donde se indique que el trabajador está habilitado para ejercer su profesión fuera de la institución pública para la cual se le considera.

Por eso Mora dice que se podría violentar la autonomía universitaria, dado que los profesionales contratados por las casas de enseñanza superior no tienen obligación de ser colegiados, como sí sucede en la mayoría de los profesionales del resto del sector público.

En cuanto al asunto de la cesantía, Mora reveló que en la comisión liderada por Piszk e integrada por él y la también oficialista Emilia Molina, Patricia Mora, del Frente Amplio; Otto Guevara, del Libertario, y otros legisladores, hubo mucha resistencia a cortar de un tajo todos los años a los que varios empleados podrían tener derecho, pues la idea original era dejarlos en ocho como máximo.

Sobre la renegociación de convenciones colectivas, el exjerarca legislativo dijo que no precisamente se ajustan los puntos del borrador a lo establecido y permitido por las convenciones internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Se intentó contactar a la diputada Piszk, antes del cierre de este artículo, para tener su opinión sobre los asuntos que mencionó Mora, pero no fue posible hablar con ella.

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"No es disparador del gasto"

El otro negociador con los sindicatos, Morales Zapata, de entrada niega que los salarios públicos sean un disparador del gasto. "En eso, algunas voces de los sindicatos tienen razón", dijo el legislador a La Nación.

Aseguró Morales que no conoce los detalles a profundidad del borrador que el Gobierno ya considera positivo, pero adujo tener una posición abierta, pero -insistió- "dejando claro que no es un disparador".

El criterio del oficialista es que sí se deben eliminar privilegios odiosos, como el enganche salarial (norma que permite a varios profesionales con buenos salarios exigir aumentos cuando las clases no profesionales también reciben incrementos). Sin embargo, el borrador sobre regulación de pluses no hace ninguna modificación en cuanto al enganche.

Según Morales, el debate debe partir del enfrentamiento de privilegios odiosos "que generan disparidad" entre los funcionarios del sector público. "Henry y yo hemos sostenido conversaciones con los sindicatos sin hablar de un proyecto en particular. Es un intercambio de opiniones para ver los escenarios", enfatizó Víctor Hugo Morales.

Todas las propuestas de empleo público están satanizadas, dijo Morales, sin importar el concepto del que se trate y el número de expediente. De hecho, los primeros ataques sindicales se dirigían contra el combo que armó la alianza opositora en el expediente 19.923, pero ahora se enfocan en el borrador de la propuesta de Sandra Piszk, que sustituiría el texto actual del expediente 19.506, llevado al Congreso por ella.

"Los sindicatos se acercan al PAC para conocer las posiciones de la fracción", añadió Morales.

Las reformas.

Las principales reformas a las que se refiere el texto consultado por el Gobierno tienen que ver con la firma de contratos para acceder a dedicación exclusiva y prohibición, la limitación de las anualidades a los empleados calificados como "muy buenos" y "excelentes", el tope del 35% del salario a los pagos por disponibilidad, entre otros.

En cuanto a la cesantía, el proyecto fijaría que se otorguen solo los ocho años fijados por el Código de Trabajo, salvo en el caso de los trabajadores que acumulen más años por derecho adquirido. Eso sí, el tope máximo de años reconocidos sería de 20.

La manera de acceder a pluses como las anualidades sería por evaluación de desempeño, en manos de los jefes de los empleados.

Las convenciones colectivas vencerían automáticamente a los cinco años de vigencia, si no se pide una renegociación, para lo cual habría un máximo de 12 meses. Si un jerarca dilata, a propósito, la renegociación de una convención, recaería sobre él la responsabilidad administrativa.

En medio de mucha polémica por este tema, los diputados entrarían a evaluar si le aplican una vía rápida a la discusión de este plan, para lo cual tendrían que recolectar al menos 38 votos. Esa discusión está apenas empezando entre las fracciones legislativas.