EscucharEl diputado del partido de gobierno Progreso Social Democrático (PPSD), Jorge Rojas, reconoció haber cometido un error en un proyecto de ley que eliminaría una importante norma de transparencia electoral. El texto lo presentó recientemente para modificar algunas reglas de financiamiento de campañas políticas.
En su versión inicial, la propuesta de Rojas eliminaba un párrafo del Código Electoral que establece que todas las donaciones a agrupaciones políticas, cuyo monto sea igual o superior a un salario mínimo, deben hacerse a través de una entidad bancaria supervisada por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
Dicha norma, recién añadida a la legislación electoral en abril pasado, básicamente prohíbe a los partidos políticos recibir en efectivo donaciones superiores a los ¢462.000, con el fin de evitar un financiamiento millonario de origen desconocido. La medida vigente busca identificar la verdadera fuente de los recursos dirigidos a apoyar candidaturas a puestos de elección popular.
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El congresista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) dijo a La Nación que nunca fue su intención eliminar esa importante norma de transparencia y contó que, al enterarse de su omisión, procedió a corregir el texto. De hecho, el proyecto disponible en el sitio de la Asamblea Legislativa ya contempla la corrección.
“Cometimos un error a la hora de presentar el proyecto. A la hora de concluir, usted sabe que se toma aquí de un proyecto, esto de otro y al final se concluye definiendo un solo texto. Ese párrafo se omitió y nosotros presentamos a la Secretaría un proyecto que no lo contenía, pero de inmediato hicimos la corrección.
“Obviamente que nosotros no pretenderíamos, de ningún modo, dejar afuera la supervisión de la Sugef (Superintendencia General de Entidades Financieras); eso es importantísimo y, en el momento actual, donde tenemos el fantasma de narcotráfico y blanqueo de capitales no solo en campañas políticas, sino en cualquier otra situación, es importantísima la supervisión de Sugef”, aseguró Rojas.
Según expuso el congresista, el proyecto apenas había entrado a la Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa “y ni siquiera había sido publicado” en el momento en que se realizó el cambio para añadir nuevamente el párrafo del Código Electoral.
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Diputado Jorge Rojas (izquierda) aseguró que pudo resolver error en su proyecto de ley de forma inmediata. El texto del proyecto reincorporó una importante norma de transparencia para la donación de dinero a partidos políticos. En la imagen, aparece junto a su compañero Manuel Morales.
¿Cuáles reglas de financiamiento pretende modificar?
La iniciativa del partido de gobierno propone tres cambios sustanciales en el financiamiento de partidos políticos:
1. Adelanto de deuda política en elecciones municipales.
La principal reforma pretende adelantar hasta un 50% de la contribución estatal a los partidos políticos que participen en las elecciones municipales.
Actualmente, el sistema electoral costarricense no ofrece esa facilidad a las estructuras para los comicios municipales, por lo cual los partidos deben financiarse por sus propios medios. En cambio, en las elecciones nacionales, las organizaciones políticas tienen derecho a retirar hasta un 15% del aporte estatal para esos procesos electorales.
De acuerdo con la propuesta de Rojas, un 30% de ese dinero se destinaría a un fondo administrado por el Tribunal, con el propósito de que los partidos puedan financiar la producción y difusión de la propaganda electoral.
Los recursos serían de carácter no reembolsable.
Entretanto, el 70% del monto restante será depositado en efectivo a los partidos políticos que participen en las elecciones municipales. Para retirar ese dinero, las agrupaciones deberán ofrecer al Tribunal garantías líquidas suficientes que serían liquidadas, en el eventual caso de que la agrupación no acceda a deuda política y no pueda repagar el adelanto de los dineros.
En diciembre de 2021, la administración de Carlos Alvarado había impulsado un plan con este mismo objetivo, a raíz de una agenda de seis proyectos de ley acordada por los entonces jerarcas de los Supremos Poderes de la República y del TSE para el combate de la corrupción, el crimen organizado y la legitimación de capitales.
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Rojas afirmó haber rescatado el contenido de este primer expediente, cuyo plazo de discusión se venció en agosto pasado.
“Este proyecto no es completamente nuevo; hay tres proyectos en legislaciones anteriores (los expedientes 18.739, 19.507 y el 22.529), que tienen la misma idea que nosotros estamos generando.
“Estos proyectos no han sido de interés de la Asamblea Legislativa. De hecho no se discutieron, no llegaron donde tuvieron que haber llegado.
“Sin embargo desde el PPSD creemos que es importante hacerle caso a lo que en su momento los poderes de la República y el Tribunal, en su momento, han venido reiterando sobre la situación de riesgo que afrontan principalmente partidos pequeños ante lo que podríamos llamar una amenaza de dineros no bancarizados en campañas políticas”, aseguró Rojas.
2. Retiro de financiamiento anticipado.
La iniciativa también propone que las estructuras puedan retirar el financiamiento anticipado en el mes de setiembre previo a los comicios nacionales o municipales, incluso cuando los partidos no hayan elegido a sus candidatos.
Actualmente, el Código Electoral habilita el retiro anticipado en el momento en que el partido presente las candidaturas al Tribunal.
Esta es la principal diferencia entre el proyecto del PPSD y las otras iniciativas que fueron archivadas.
La propuesta señala que los partidos deberán devolver el dinero con los intereses respectivos en caso de que no inscribieran candidaturas y hubiesen retirado el anticipo de deuda política.
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3. Donaciones deducibles de renta.
Finalmente, el proyecto propone que todas aquellas “donaciones, contribuciones o aportes debidamente comprobados” de ciudadanos a partidos políticos sean deducibles del cálculo de la renta. El monto a deducir podrá ser de hasta ¢4,6 millones (10 salarios base).
Este cambio ya lo contemplaba la propuesta impulsada por la administración anterior, en el expediente que presentó el exdiputado Luis Ramón Carranza, del Partido Acción Ciudadana (PAC).
Entre otros cambios menores, la iniciativa añade una nueva función al fiscal del comité ejecutivo de un partido político: “Velar por el buen manejo de las finanzas y el patrimonio del partido”.
Asimismo, establece que el Tribunal debe publicar en un sitio web los estados financieros auditados de las agrupaciones políticas tres días después de su recibo, tarea que ya realiza el órgano electoral.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ha propuesto, entre otras medidas, impulsar “incentivos fiscales para que haya muchas donaciones pero de bajo monto, en lugar de pocas de alto monto”.
Asimismo, por ejemplo, ha pedido a los diputados eliminar el “perverso” sistema de bonos de deuda política, a cambio de un adelantamiento más grande de los recursos de la contribución estatal.
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