El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Luis Antonio Aiza Campos, confrontó a la superintendenta de Pensiones, Rocío Aguilar, para defender el Fondo de Retiro de los Empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social (FRE), el cual tiene un déficit de entre ¢760.000 millones y ¢1,2 billones.

La discusión se dio el pasado miércoles 23 de setiembre, durante una audiencia en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa.

En ese foro se analiza el expediente 21.824, el cual propone cerrar los regímenes de pensiones que cinco instituciones públicas crearon para otorgar a sus funcionarios una tercera jubilación, aparte de la pensión básica y la del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).

Una de las entidades que brinda esos sistemas jubilatorios es la CCSS, donde Aiza, diputado por Guanacaste, mantiene una plaza en propiedad como oftalmólogo.

La jerarca de la Superintendencia de Pensiones (Supén) asistió a una audiencia a la Comisión de Sociales para dar sus recomendaciones sobre la iniciativa de ley 21.824.

En el momento en que Aguilar les explicaba a los diputados cómo se distribuyen los aportes patronales y de los trabajadores en estos fondos complementarios a raíz de una consulta de la diputada Patricia Villegas, del Partido Integración Nacional (PIN), Aiza la interrumpió.

“En la Caja (en Fondo de Retiro de los Empleados, FRE) no hay aporte de los empleados”, precisó la superintendenta, al tiempo que aclaraba que el único aporte a ese fondo lo hace la CCSS en su condición de patrono, con un 2% sobre el salario de cada trabajador.

Inmediatamente, intervino Aiza: “Sí, hay un 1%”, a lo que la superintendenta contestó: “Ah, bueno, entonces tengo malo el dato en la presentación”.

“Sí. Yo soy parte de eso y a mí me rebajaban”, remató el liberacionista.

El intercambio desató risas y suspicacias entre los diputados. “Doctor, no quedó grabado”, bromeó Ignacio Alpízar, del bloque independiente Nueva República.

El altercado no quedó ahí. De inmediato, Aguilar le pidió a su acompañante, Nelly Vargas, de la Supén, que corroborara el dato.

Más avanzada la audiencia, la superintendenta retomó el asunto. “Salvo que demostremos lo contrario, en la Caja, según nuestros registros, efectivamente el que aporta es la Caja y no el trabajador. Pero si acaso hubiera habido un error de mi parte en esta afirmación, se los enviaría por escrito, como corresponde”, expresó.

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Detalle del proyecto

La iniciativa 21.824 sugiere eliminar los regímenes de pensiones complementarias que la Caja, el Banco Nacional (BN), el Banco de Costa Rica (BCR), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) crearon por leyes especiales o por reglamentos internos.

Estos sistemas, que constituyen una tercera pensión para los beneficiarios, los sostiene el Estado, en su condición de patrono, con los presupuestos de las propias instituciones. Es decir, se financian con fondos públicos.

En los dos bancos, el aporte estatal es del 10% sobre el salario de los trabajadores; en el ICT, del 5%; en el ICE, del 4,5%, y en la CCSS, del 2%.

En tres de ellos, los trabajadores hacen aportes: 5,5% en el BN; 0,5% en el BCR y 1% en el ICE. No obstante, en el ICT y en la CCSS, el empleado no aporta nada.

El proyecto de ley, impulsado por la liberacionista Yorleny León, propone liquidar estos regímenes complementarios institucionales para racionalizar el uso de fondos públicos.

Sin embargo, tiene excepciones. Por ejemplo, no se les quitará el derecho a quienes ya se pensionaron.

Eso sí, esas personas deberán aportar una contribución adicional, para sostener el pago de sus jubilaciones.

En el caso de los trabajadores activos, el dinero acumulado en esos fondos complementarios se les entregaría a quienes hayan ingresado a estos sistemas antes del 18 de febrero del 2000, cuando se promulgó la Ley de Protección al Trabajador (LPT).

Para quienes hayan empezado a trabajar después de esa fecha, tales aportes se trasladarán al ROP.

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¿La ‘quiebra de la Caja’?

En la audiencia de la superintendenta ante los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales, de la cual forma parte Aiza, el liberacionista expresó preocupación porque, según él, la derogatoria de esos regímenes “sería la quiebra de la Caja Costarricense de Seguro Social”.

“Le hablo del caso de la Caja, que es donde yo trabajo”, expresó el congresista verdiblanco.

“No sé a cuál de los dos regímenes se refiere, si a este institucional o al de IVM (Invalidez, Vejez y Muerte)”, respondió Aguilar.

“Estamos hablando del FRE”, añadió Aiza.

“Bueno, yo no diría que eso signifique la quiebra de la Caja”, aseguró la superintendenta.

Acto seguido, el médico leyó un documento según el cual la entidad se opone al plan porque “dicha derogatoria afectaría las finanzas de la CCSS”.

Aguilar entonces le explicó que se trata de un fondo de retiro separado del patrimonio de la Caja.

Asimismo, Aguilar insistió en la importancia de que cada una de las instituciones que ofrecen estos regímenes a sus empleados haga los números correspondientes, para determinar cuán beneficiosa sería su derogatoria.

“Es importante que cada una de las instituciones haga el cálculo pertinente de cuánto significaría la salida y cuánto hay en el fondo, porque hay un fondo, no es que no haya. Y si lo que hay en el fondo es suficiente o no, o cuánto faltaría para poder hacerles frente a esas erogaciones”, enfatizó.

Añadió: "Hay que ver cada caso en particular. Representará un ahorro en los que tenían determinada solvencia actuarial, determinada condición. Pero aquellos donde hay déficits actuariales importantes y hay obligación del Estado, del empleador, hay que ver cuál es el resultado final.

“En el caso de fondo de retiro de la Caja, el déficit actuarial es de ¢1 billón. En el caso del BN, ¢45.700 millones. Todas esta cifras son del 2019”.

Dichos regímenes complementarios tienen actualmente más de 81.000 afiliados activos y más de 23.000 pensionados.

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