Diputadas emplazan a magistrados a que resuelvan reforma a pensiones de la Corte

Dos legisladoras, una del PLN y una del PAC, emplazaron a los magistrados de la Sala Constitucional a que resuelvan si la reforma a la Ley de Pensiones del Poder Judicial que aprobó el Congreso es constitucional o no.

Sandra Piszk (PLN) y Marcela Guerrero (PAC) critican que los magistrados lleven casi cuatro meses sin resolver la consulta que se les cursó desde el 1.° de noviembre, en torno a la reforma aprobada por 31 diputados el 30 de octubre.

La exigencia de las parlamentarias radica en que los jueces constitucionalistas tienen como máximo un mes de plazo para resolver las consultas facultativas de constitucionalidad, según el artículo 101 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.

LEA MÁS: Diputados aprueban reforma para cerrar déficit de ¢5,3 billones en pensiones judiciales

La reforma al régimen de pensiones del Poder Judicial tiene como fin cerrar el déficit de ¢5,3 billones en el financiamiento, mediante cambios en la edad de jubilación y en el cálculo de la pensión, así como la imposición de un tope máximo de ¢4 millones al mes.

A principios de febrero, los magistrados propietarios de la Sala Constitucional le remitieron un oficio a la diputada verdiblanca en el que argumentaron que el atraso obedece a que varios magistrados propietarios se han excusado de resolver el caso, por cuanto el proyecto les puede afectar sus pensiones.

Alegaron que "existe una sucesión de inhibitorias y sorteos que se ha dado en estricto apego de la ley, atendiendo la naturaleza y contenido del asunto consultado".

Esa circunstancia, agregaron, ha impedido que hasta ahora se integre el Tribunal que conocerá y evacuará de manera definitiva la consulta de los legisladores.

No obstante, en la respuesta a ese oficio, con fecha del 19 de febrero pasado, Piszk le pidió a Ernesto Jinesta, presidente de la Sala, que no se dilate más el conocimiento del asunto, pues le recalcó que no hay ninguna disposición legal que modifique el plazo que tiene la Sala a causa de las inhibitorias de los magistrados propietarios.

A finales de noviembre del año pasado, casi un mes después de que el plenario votara en primer debate la reforma a las pensiones de la Corte, 12 de los 18 magistrados que componen la Sala IV, entre propietarios y suplentes, se inhibieron de participar en el estudio de la consulta en vista de que ellos cotizan para recibir una pensión del fondo que los parlamentarios reformaron.

El cuórum mínimo para que la Sala IV pueda sesionar es de 7 magistrados.

Pese a esas circunstancias, Piszk pidió que la Sala resuelva la consulta: "En virtud de que la Sala está debidamente integrada con la totalidad de sus miembros propietarios y dispone también de número suficiente de miembros suplentes, debe a mi juicio proveer una solución inmediata al asunto de las inhibitorias, como ha ocurrido en casos anteriores de carácter jurisdiccional y realizar de este modo los fines del procedimiento de consulta. En consecuencia con lo anterior, respetuosamente insto a la Sala Constitucional para que resuelva la consulta facultativa", instó el lunes pasado.

Por su parte, Marcela Guerrero, acusó este miércoles al Poder Judicial de valerse de "circunstancias humanas" para "obstaculizar el accionar de la institucionalidad".

"De lo contrario, su imagen seguirá en decadencia como lo ha señalado el Estado de la Justicia (publicación del Programa Estado de la Nación). Mientras no responda la consulta, los magistrados están violentando los principios de justicia pronta y cumplida, del debido proceso y del interés público", recalcó la parlamentaria oficialista.

LEA MÁS: Frente Amplio intentará traerse abajo reforma a pensiones judiciales en la Sala IV

Y, aunque reconoció que existe un vacío legal en la normativa, que no prevé un procedimiento ante consultas de constitucionalidad que puedan afectar los intereses de los integrantes propietarios y suplentes de la Sala IV, Guerrero dijo que en ningún caso las limitaciones personales de los jueces pueden servir como "excusa" para que la Sala incumpla con sus deberes.

"El Poder Judicial está obligado a encontrar una solución y responder cuanto antes la consulta enviada", zanjó.

Magistrado Cruz: 'No estamos maniobrando'

Fernando Cruz, presidente a. i. de la Sala Constitucional, rebatió los argumentos que utilizaron las diputadas Piszk y Guerrero para instar a los magistrados a brindar una respuesta a la consulta sobre las pensiones.

Según el alto juez, la Sala tiene un mes para resolver la consulta a partir de que logre constituir el Tribunal y no a partir de que recibió la consulta, como lo alegan las legisladoras.

Cruz explicó que entre el 1.° y el 30 de noviembre del 2017, hubo 17 inhibiciones de magistrados suplentes y que, a partir del 8 de enero y hasta el 1.° de febrero, cuando ingresaron nuevos jueces suplentes designados por el Congreso, se dio de nuevo una sucesión de 6 inhibitorias porque muchos de ellos también son funcionarios judiciales.

Agregó que los magistrados propietarios no pueden involucrarse en las sucesiones de suplentes porque es otro Tribunal. Y alegó que en caso de intervenir incurrían en una eventual falta disciplinaria grave.

"No es que estamos maniobrando, o manipulando eso. No, es que nosotros ni podemos intervenir y tenemos que esperar que los jueces designados por sorteo acepten o no el cargo y las excusas que eventualmente planteen", manifestó.

Sobre el argumento de Piszk, de que la Ley de Jurisdicción Constitucional otorga un mes a la Sala para resolver una consulta diputadil a partir de que la reciben en el Tribunal, Cruz dijo que la norma debe verse en contexto y no solo textualmente.

"No puede correr el mes mientras no esté el Tribunal constituido ¿o qué quiere ella, que nosotros resolvamos incurriendo en un delito de prevaricato? No podemos violentar el ordenamiento interviniendo sobre esos jueces que nos van a sustituir", subrayó.

El presidente de la Sala Constitucional dijo que no puede estimar cuánto tiempo más estará sin constituirse el Tribunal que resolverá la consulta facultativa de constitucionalidad, aunque dijo que eventualmente, por mandato legal, algunos magistrados propietarios de la Sala tendrá que resolver la consulta.

"Lo que no queremos es que nosotros resolvamos en primera instancia algo por la premura que pueda haber en una causa que no nos corresponde", finalizó.

Prevenir una crisis

El régimen de pensiones del Poder Judicial carece de solvencia económica para pagar las ventajosas pensiones que otorga, según estudios actuariales elaborados por la Universidad de Costa Rica (UCR).

Para evitar un descalabro financiero que exija captar más recursos del resto de los contribuyentes, los legisladores aprobaron subir las cotizaciones de los empleados judiciales de un 11% a un 13% del salario.

LEA MÁS: Magistrados de Sala IV se inhiben de resolver sobre reforma a pensiones judiciales

Además, la edad de jubilación sube a 65 años y se impone un tope de ¢4 millones como pensión máxima; actualmente, algunas superan los ¢9 millones.

A quienes tengan pensiones que superen los ¢4 millones, se les deducirá, además, una contribución solidaria, la cual oscilará entre un 35% y un 55% del monto que se exceda sobre el tope.

La suma de este aporte y el de la cuota obrera no podrá superar el 55% de la pensión, además de que el monto de la pensión será el 83% del salario promedio de los últimos 240 sueldos. Actualmente, se otorga el 100% de los últimos 24 salarios mensuales.