Política

Karine Niño afirma que el ICE es una de las instituciones que más protección necesita

Karine Niño, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), se pronunció en contra de que 14 empresas estatales aporten hasta un 30% de sus ganancias anuales para atenuar la deuda pública, propuesta del Gobierno que forma parte de la agenda acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La legisladora hizo énfasis en la necesidad de proteger al ICE, al que calificó como uno de los “dolientes” del proyecto.

Así lo externó en reiteradas ocasiones la presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos durante las audiencias concedidas a las autoridades del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Banco de Costa Rica (BCR) y el Banco Nacional (BN) para referirse al proyecto.

Karine Niño argumentó que las empresas públicas en competencia no deberían aportar más fondos al Estado y que el proyecto “amenaza de forma directa la estabilidad de las entidades”. Además, dijo que al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) hay que defenderlo.

“Básicamente, es imposible para el ICE afrontar lo que este proyecto les está intentando imponer (...), además de que el ICE es una de las instituciones que más protección necesita de todos los costarricenses; obviamente con todas sus mejoras para hacerlo más competitivo”, expresó Niño durante una audiencia.

Asimismo, la liberacionista criticó que el Gobierno no consensuara el plan con las empresas estatales antes de presentarlo ante la Asamblea Legislativa. El proyecto de ley plantea que 14 entidades públicas aporten, en conjunto, ¢72.600 millones anuales de sus utilidades, durante cuatro años, para atender la deuda pública.

“Tenemos tantísimos años de estar protegiendo a estas instituciones que justamente me preocupa muchísimo que la construcción de este texto sustitutivo sigue estando sin el apoyo de los que van a tener que aplicar una legislación como esta”, manifestó Niño en la comisión.

Esta iniciativa entrará en la guillotina legislativa este jueves 4 de noviembre. A partir de ese momento, las mociones pendientes tendrán que votarse y el texto tendrá que ser dictaminado sin mayor discusión. En ese trance parlamentario también se encuentran las reformas de impuestos acordadas con el FMI, para el auxilio financiero de Costa Rica.

Los diputados aún no le aplican cambios al plan y existe un texto sustitutivo presentado por el Gobierno que no ha sido acogido. La moción disminuye en ¢18.000 millones el aporte total de las empresas estatales, durante el primero de los cuatro años.

“Evidentemente, entendíamos que estos proyectos se habían trabajado con los dolientes, por decirlo de alguna forma (la diputada se refiere a las 14 empresas involucradas en el proyecto), pero cada vez nos damos cuenta que ni siquiera se sentaron a conversar.

“He hecho todo lo posible para poder hacer llegar este tema a donde estamos hoy en día, tratando de buscar los mejores acuerdos y soluciones, pero hay cosas en que definitivamente no hay salida. Aquí lo que estamos viendo es que desvestimos a un santo para desvestir a otro”, dijo la legisladora a sus compañeros de Económicos.

Los gerentes del ICE se opusieron a la medida, luego de alegar que se quedarían sin recursos para brindar un servicio eléctrico de calidad y que quedarían en desventaja frente a la competencia en el mercado de telecomunicaciones.

Mientras, las autoridades del Instituto Nacional de Seguros (INS) aseguraron que la entidad tiene solvencia económica para elevar al 30% el aporte que cada año transfiere al Estado. Actualmente ese monto equivale al 25% de sus utilidades anuales.

Por otra parte, las autoridades de los bancos de Costa Rica (BCR) y Nacional (BN), además de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) también se pronunciaron en contra. Según argumentaron, los bancos podrían descapitalizarse en momentos que el sector productivo requiere de créditos para su recuperación.

No obstante, esas instituciones plantearon tres propuestas alternativas para aportar dinero a la deuda pública, echando mano de las cargas parafiscales que ya pagan al Estado.

La diputada Niño, sin embargo, manifestó estar en contra de esas alternativas. “Lamentablemente, las contrapropuestas que se presentaron estaban enfocadas en afectar los recursos que hoy se dirigen a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) y otras organizaciones que hoy reciben ingresos provenientes de las utilidades de los Bancos, por lo cual consideramos que no sería oportuno sacrificar a estas organizaciones en tiempos como el actual”.

Juan Diego Córdoba González

Juan Diego Córdoba González

Bachiller en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Estudiante de la Maestría en Comunicación y Mercadeo. Periodista de la mesa de Sociedad y Servicios de La Nación.