La diputada María José Corrales, del Partido Liberación Nacional (PLN), presentó un proyecto de ley para regular los precios de los artículos de primer necesidad durante las emergencias, como la suscitada por la propagación del nuevo coronavirus, covid-19.

El objetivo de la iniciativa, según el texto presentado la noche de este jueves, es proteger a los habitantes de la especulación, el acaparamiento y el desabastecimiento de los productos que requieren para salvaguardar su salud, como el alcohol en gel, las toallas húmedas desinfectantes, el jabón líquido, las mascarillas y los guantes desechables.

En simultáneo, la legisladora verdiblanca introdujo a la corriente legislativa otro proyecto que autorizaría a las municipalidades a reducir los impuestos por patentes comerciales y condonar las multas de sus contribuyentes durante el 2020.

Ambas propuestas se suman a la que presentó María Inés Solís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), para postergar el pago del impuesto sobre el valor agregado (IVA), reducir las cuotas obrero patronales de la seguridad social y ajustar las deudas de los empresarios con los bancos públicos, durante las emergencias provocadas por pandemias.

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Tope a precios y reducción de impuestos

El primer expediente presentado por Corrales dotaría al gobierno de tres herramientas de regulación de precios, las cuales se podrían activar a partir de la declaratoria de emergencia nacional.

La primera posibilidad sería que el gobierno decrete el congelamiento de los precios de los productos de primera necesidad. De esa forma, se prohibiría que suban los precios de los insumos.

El segundo mecanismo sería una orden de fijación de precios, con la cual se establecería un margen de ganancia o precio máximo al que se podrían vender los productos.

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Por último, las autoridades también podrían optar por reducir el impuesto sobre el valor agregado (IVA) de los insumos hasta en un 30%.

El proyecto, además, autorizaría a restringir la cantidad de artículos que puede adquirir un mismo consumidor, con el fin de garantizar que más personas puedan acceder a los productos, en vez de que algunos compradores los acaparen.

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Los artículos a los que se les podrían aplicar dichas disposiciones tendrían que especificarse en una lista dentro de un decreto de declaratoria de emergencia nacional.

Las cuatro medidas podrían combinarse según se considere necesario en casos de emergencias y estarían vigentes durante un mes, plazo que se podría prorrogar por 30 días adicionales.

Los establecimientos que incumplan las disposiciones sobre la venta de los productos de primera necesidad se expondrían a sanciones.

Actualmente, el gobierno no puede regular el precio de ese tipo de artículos, debido a que el único producto cuyo precio está regulado dentro del país es el arroz.

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Reducción de impuestos municipales sobre negocios

El segundo plan beneficiaría a los dueños de patentes municipales, con el fin de aliviarles el pago de impuestos mientas se sobreponen a las dificultades económicas causadas por alguna emergencia.

La propuesta autorizaría a los Concejos Municipales a reducir hasta en un 50% los tributos por concepto de impuestos, tasas y servicios, desde el momento en que entre a regir la ley hasta el último trimestre del 2020.

A los patentados, además, se les podrían condonar total o parcialmente los recargos, intereses y multas que adeuden a sus respectivas municipalidades, pero solo los correspondientes al periodo comprendido entre lo que va del primer y segundo trimestre del año.

La condonación se aplicaría únicamente a quienes paguen la totalidad del principal adeudado.

Los beneficios aplican a los patentados que presten servicios lucrativos al sector público o privado, incluyendo el transporte, el almacenaje y las comunicaciones, los establecimientos de esparcimiento y los de enseñanza privada.

Solo podrán acogerse a las medidas los patentados que estén al día hasta el último trimestre del 2019.

Las propuestas de Corrales se tramitarán en el Congreso con los expedientes 21.843 y 21.842. Para que las iniciativas puedan discutirse de manera inmediata, el Poder Ejecutivo tendría que convocarlas a las sesiones extraordinarias del Congreso.