Detenido en caso narco fue fiscal electoral del Partido Auténtico Limonense

Jorge Antonio Wein Calvin, una de las personas detenidas en la operación antinarco desarrollada el martes 25 de mayo por el OIJ, trabajó como fiscal electoral del Partido Auténtico Limonense (PAL) en dos elecciones.

Calvin, de 48 años, primero fue acreditado como fiscal del PAL en una junta receptora de votos para las elecciones municipales del 2016, en las que su agrupación cantonal ganó la alcaldía de Limón.

Luego, para los comicios nacionales del 2018, esta persona fue acreditada como fiscal general por el Auténtico Limonense, el cual estuvo a solo 1.444 votos de ganar una diputación por la provincia caribeña.

Así lo confirmó el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), ante una consulta de La Nación.

El presidente del PAL y alcalde de Limón, Néstor Mattis, dijo que no tenía nada que comentar al respecto.

Según la tesis de las autoridades judiciales, Jorge Wein Calvin formaba parte de una banda dedicada al tráfico internacional de drogas, la cual colocaba en Europa cocaína comprada en Colombia.

La droga era camuflada en contenedores con diversos productos agrícolas que salen vía marítima al viejo continente.

Producto de la actividad, la banda habría invertido más de $20 millones en bienes de lujo, como mansiones, apartamentos y vehículos hasta de $385.000 (¢236 millones), según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

A Jorge Wein Calvin la Policía Judicial le achaca labores logísticas dentro de la organización.

Se le identifica como una persona de confianza del líder del grupo, Alejandro Antonio James Wilson, y, además, se le atribuye servir de testaferro para legitimar capitales.

Según las autoridades judiciales, él es miembro de sociedades anónimas dueñas de inmuebles de alto valor, pertenecientes al aparente grupo criminal, y vendió vehículos en los años 2018 y 2020 con la finalidad de convertir, en efectivo, bienes previamente adquiridos con dinero del narcotráfico.

Además, la Policía presume que su esposa, de apellido Sánchez, también sirvió de testaferro.

En el 2018, por ejemplo, la mujer adquirió una sociedad la cual es dueña de un apartamento de lujo, de 370 metros cuadrados, en un condominio vertical en Escazú.

Para adquirir ese bien, se registró una hipoteca por $150.000 (¢93 millones) en la que aparece como acreedor una persona física. La hipoteca empezó en el 2017 y es por 30 años.

La mujer también adquirió en el 2018 un apartamento en Limón en ¢10 millones.

Para la Policía, ella ha figurado en compras de propiedades sin justificación de ingresos y denotando un incremento patrimonial desmedido e incongruente con su perfil económico.