Derogatoria de fuerte restricción al gasto público pone a diputados a repensar eurobonos

El decreto derogado fijaba topes de crecimiento a las transferencias corrientes de las instituciones públicas, al tiempo que fijaba la ruta para recortar el gasto en remuneraciones eventuales, suplencias y adquisiciones de bienes y servicios, entre los años 2021 y 2025. Fue emitido por la administración anterior con el fin de reducir los egresos del Gobierno en 3,45 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB).

“Es contraproducente para la sostenibilidad financiera del país e incongruente con el discurso de campaña del actual presidente”, señaló Monserrat Ruiz, diputada liberacionista del foro de Económicos, donde se discute la solicitud del Gobierno para que le autoricen colocar $6.000 millones en eurobonos en los próximos cinco años y un monto similar para el repago de estos en los cinco años siguientes.

Para la verdiblanca, el Gobierno hace todo lo contrario a la disciplina fiscal que ha pedido su partido para autorizar este tipo de endeudamiento externo. Por ello, la mayoría de su bancada se inclina por solo autorizar $1.500 millones para el primer año.

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La presidenta de la Comisión de Económicos, la socialcristiana Vanessa Castro, duda de avalar una emisión de $6.000 millones, aun estableciendo condiciones en el proyecto, luego de conocer que el Gobierno derogó el decreto que restringía el gasto público, publicado por la administración de Carlos Alvarado.

“Este tema de eurobonos ha sido complejo, porque cuando uno cree que puede tomar una posición al respecto, sucede este tipo de cosas y uno requiere repensar los diversos aspectos ya planteados. En mi caso, he hablado de una primera autorización de $1.500 millones y $1.500 millones por año, en un periodo de tres años, con condiciones muy establecidas de orden financiero y con procedimientos claros.

“Pero el Gobierno, a veces, pone un poco cuesta arriba las cosas, por este tipo de acciones. Esto de liberar el gasto me preocupa sobremanera y, sobre todo, que se hace una liberación sin tener un plan o una ruta muy clara de hacia dónde vamos. Eso lógicamente a uno le preocupa muchísimo”, analizó la socialcristiana.

En el foro de Económicos, donde se discute el plan de eurobonos desde hace cuatro meses, acordaron tomar una decisión de fondo el próximo martes.

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Eliécer Feinzaig, jefe de bancada del PLP, quien propone autorizar ¢6.000 millones en eurobonos al Gobierno siempre que se cumplan con metas fiscales en reducción de deuda y superávit primario, pidió señales al Gobierno de disciplina fiscal.

“He visto con mucha preocupación la derogatoria del decreto que establecía controles estrictos al gasto, y es algo que definitivamente entrará en consideración en las negociaciones sobre la autorización de los eurobonos. El Gobierno debe dar las señales correctas de disciplina fiscal y este tipo de decisiones más bien van en la dirección contraria.

“Eliminar los límites al gasto es incompatible con la exigencia de disciplina fiscal para poder sanear las finanzas públicas y así liberar, a mediano plazo, la barbaridad de recursos que tenemos comprometidos en el presupuesto para el pago de intereses y el servicio de la deuda en general”, criticó.

Frente a los dificultades que plantea el Gobierno, la legisladora Castro dijo que estudiará este fin de semana el tema, de una forma integral, para decidir si se varían el monto a autorizar y las condiciones.

Quien se mantiene en la línea del Gobierno es Carolina Delgado, diputada del PLN que propone autorizar los $6.000 millones, sin el repago, con la condición del cumplimiento de metas negociadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Considero que es importante separar los temas”, planteó Delgado, al tiempo que insistió en su planteamiento sobre eurobonos. “El Gobierno requiere estos recursos para cumplir con los vencimientos de deuda que se presentarán a partir de enero de 2023 y el propósito de las emisiones posteriores es canjear deuda cara por deuda barata, sin aumentar el nivel total de endeudamiento del país”, añadió.

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Además de derogar el decreto que pone un tope al crecimiento del gasto, el Gobierno cambió la forma de medir la regla fiscal.

Eliminó la norma establecida por el Gobierno anterior que medía la aplicación de la regla con base en el gasto realmente ejecutado, para sustituirla por otra que mide el gasto presupuestado de cada año con el presupuesto inicial del anterior.

Además planteó un proyecto de ley para liberar el gasto de capital y el pago de intereses de la deuda pública de la regla fiscal, norma que contiene el crecimiento del presupuesto nacional. El ajuste permitiría al Ejecutivo abrir espacios para aumentar el presupuesto del gasto corriente hasta en ¢140.000 millones el próximo año.