José Andrés Céspedes. 7 abril
Catalina Crespo, defensora de los Habitantes. Foto: Cortesía Asamblea Legislativa.
Catalina Crespo, defensora de los Habitantes. Foto: Cortesía Asamblea Legislativa.

La Sala Constitucional rechazó un recurso de amparo interpuesto por la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, debido a que la jerarca incurrió en un error al formular su denuncia.

En el recurso, interpuesto contra el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Crespo denunció que, a enero del 2021, más de 269.000 habitantes seguían sin saber si podían o no recibir el bono Proteger.

La defensora solicitó que el alto tribunal ordenara al Gobierno resolver y contestar todas las solicitudes que se encuentran en estado de trámite, validación y análisis en dicha plataforma.

No obstante, Crespo cometió un error al plantear el recurso, ya que “acudió en forma genérica, por lo que se descarta una lesión o amenaza a una persona determinada”, detalló la Sala.

Los magistrados indicaron que, si bien se señala, en general, una lesión al derecho a obtener pronta resolución, no se menciona el nombre de personas concretas cuya lesión pueda ser verificada.

“En razón de lo anterior, y dado el precedente de cita, lo que corresponde es rechazar de plano el recurso”, concluye el expediente N.° 21-005232-0007-CO, del pasado 6 de abril.

El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala IV a rechazar de plano cualquier gestión que se presente a su conocimiento y que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla.

Además, la finalidad del recurso de amparo es brindar tutela oportuna contra infracciones o amenazas a los derechos y libertades fundamentales, no la de servir como un instrumento genérico para garantizar el principio de supremacía constitucional o el principio de legalidad.

La oficina de prensa de la Sala Constitucional reiteró que los recursos de amparo tienen que estar individualizados, es decir, se debe identificar a las personas afectadas.

Precisamente, a falta de este aspecto, la denuncia interpuesta por Catalina Crespo no pasó el filtro de la Oficina de Admisibilidad del alto tribunal.

La Nación intentó contactar a la defensora de los Habitantes para consultarle por el error en que incurrió, pero al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.