Michelle Campos. 11 agosto
El pasado miércoles, un grupo de 82 funcionarios de la Defensoría de los Habitantes envió una carta al Congreso para que se investigue y destituye a su jerarca, Catalina Crespo. En la foto, Crespo aparece tras una visita realizada, el 24 de febrero, a Casa Presidencial como parte de una investigación por el caso UPAD. Foto: José Cordero
El pasado miércoles, un grupo de 82 funcionarios de la Defensoría de los Habitantes envió una carta al Congreso para que se investigue y destituye a su jerarca, Catalina Crespo. En la foto, Crespo aparece tras una visita realizada, el 24 de febrero, a Casa Presidencial como parte de una investigación por el caso UPAD. Foto: José Cordero

A última hora, en el proceso para actualizar el manual de investigaciones de la Defensoría de los Habitantes, la jerarca de esta institución, Catalina Crespo, introdujo un artículo que le permitirá realizar la investigación que ella juzgue conveniente, en los asuntos sometidos a su conocimiento, aunque no se encuentre prevista en los lineamientos.

La Defensora publicó este cambio después de que el Consejo de Directores de la Defensoría concluyó que ella violentó el macroproceso de investigación en la pesquisa sobre la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

El macroproceso es un manual que se debe de seguir en la institución, vital en casos de investigación.

Este viernes 7 de agosto, en el diario oficial La Gaceta, la Defensoría publicó una actualización de este manual y, en el artículo 2, ahora dice:

“El presente Manual regula las diferentes estrategias de defensa de derechos e intereses, que lleva a cabo la Defensoría de los Habitantes de la República, sin embargo, en lo aquí no previsto el defensor o defensora de los Habitantes ordenará la investigación que juzgue conveniente para el establecimiento del asunto sometido a su conocimiento; igualmente, de conformidad con la Ley General de la Administración Pública, podrá revisar en cualquier momento lo actuado por las y los Directores, así como emitir directrices de procedimiento y lineamientos de fondo de acatamiento obligatorio para asegurar un abordaje integral, interdisciplinario y uniforme en la atención de los casos y temas”.

La Nación confirmó que la modificación del artículo 2 fue publicada por la defensora sin consultarlo ni discutirlo con la comisión interna que estudió los cambios al macroproceso de investigación.

El 31 de enero, fue publicado en La Gaceta el nuevo macroproceso y ahí se estableció que entraría a regir luego del 1.° de agosto. Para realizarlo, se conformó una comisión dentro de la Defensoría, la cual está compuesta por la Dirección de Asuntos Jurídicos, la Dirección de Planificación y el despacho de Crespo.

En esta versión, el artículo segundo indicaba:Ámbito de aplicación. El presente Manual regula las diferentes estrategias de defensa de derechos e intereses, que lleva a cabo la Defensoría de los Habitantes de la República”.

Comisión no fue informada

Según explicó Giovanni Barboza, director de Planificación de la Defensoría y quien lidera la comisión, las modificaciones publicadas este 7 de agosto fueron vistas por la comisión, pero la reforma en el artículo dos, nunca le fue presentada.

“Si el artículo segundo lo vimos en la comisión que trabajó el macroproceso, yo no lo vi; yo puedo hablar por mí que no lo vi (...). Yo, como particular, al no haber aprobado ese artículo en concreto, no podría emitir mi opinión si me parece o no correcto”, aseveró Barboza.

Este director explicó que el trabajo para los cambios en el macroproceso empezaron con la anterior defensora, Montserrat Solano y luego de la versión emitida en enero de este 2020 , trabajaron en posibilidades de mejoras al texto.

Por su parte, Catalina Delgado, directora de Asuntos Jurídicos, también confirmó que no se le presentó la reforma del artículo segundo ni a la comisión ni a su dirección, lo cual afirma no es usual, ya que cada cambio es producto de una reforma reflexionada.

“El manual de macroproceso ha estado sujeto a un proceso de mejora constante. A través de la práctica, las direcciones de defensa nos van diciendo qué cosas están bien y qué cosas se pueden mejorar. A través de la comisión se canalizan todas las opiniones que se tengan del manual de macroproceso”.

“Las reformas que salieron publicadas el viernes en el manual del macroproceso fueron consultadas por la comisión, excepto una, que es la del artículo dos que no fue consultado”, indicó Delgado.

Se intentó conocer la versión de la defensora de los Habitantes sobre su decisión de presentar la reforma sin las aprobaciones debidas, pero no se obtuvo respuesta.

Su despacho justificó el accionar explicando que, según el artículo 21 del Estatuto Interno de la Defensoría, solo se proporcionará la asesoría jurídica cuando el despacho u otras direcciones lo soliciten. Además, aseguró que la reforma del artículo segundo se basa en la ley que rige a la Defensoría.

Antecedentes de la defensora

En el mes de junio, el Consejo de Directores de la institución le solicitó la renuncia a Crespo por considerar que violentó procedimientos que dicta del macroproceso en la investigación realizada sobre la Unidad presidencial de análisis de datos (UPAD).

Este lunes 3 de agosto, este Consejo fue disuelto por la Defensora, quien creó uno nuevo donde los integrantes serán escogidos por ella y le quitó al consejo sus funciones, dejándolo sin voz ni voto.

La renuncia de la defensora también la han pedido 54 funcionarios de la Defensoría, quienes en junio indicaron que la jerarca perjudicaba la imagen y credibilidad de la institución. Aseguraron que “no existe dirección estratégica desde el despacho de la defensora'.

Investigación en proceso

Este lunes, el presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank, y los jefes de las fracciones del Congreso, acordaron investigar a la defensora de los Habitantes por una serie de señalamientos.

La comisión parlamentaria tendrá siete diputados y deberá rendir informe en 15 días, a partir de su instalación en el plenario del Congreso.

El pasado miércoles, un grupo de 82 funcionarios de la Defensoría envió una carta a la Asamblea, solicitando abrir una comisión investigadora, ya que según estos, Crespo “atenta contra la integralidad e indivisibilidad de los Derechos Humanos”.

Dentro de estos señalamientos hechos a la defensora, está la desaparición de parte del audio de una entrevista que le realizó al mandatario Carlos Alvarado sobre la Upad, extravío que la defensora hizo público dos meses después del momento en que se enteró del incidente.

También, fue señalada por funcionarios de alto rango de la Defensoría por haber eliminado el nombre de Rodolfo Piza, exministro de la Presidencia, de su informe producto de la investigación.