Defensora de los Habitantes afirma que sus subalternos pretenden limitarle los derechos humanos al pedirle la renuncia

La defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, afirmó que sus más inmediatos colaboradores pretenden limitarle los derechos humanos al solicitarle que renuncie al cargo.

Así reaccionó Crespo luego de que, el 26 de junio, el Consejo de Directores de la Defensoría de los Habitantes, el cual reúne a los jefes de departamento de esta institución, acordó instalarla a dimitir “por el bien de la institucionalidad democrática”.

“La solicitud de renuncia es un acto que pretende limitar mis derechos humanos y no encuentra fundamento jurídico en nuestro ordenamiento legal institucional, por lo que agradeceré se aclare si, para la adopción de este acuerdo, se contó con un estudio técnico o un estudio jurídico que fundamente la decisión adoptada por 12 miembros del Consejo de Directores”, expresó la jerarca en una nota enviada al Consejo el 1.° de julio.

Los jefes de la Defensoría tomaron su decisión luego de escuchar a los funcionarios técnicos que participaron en la investigación sobre la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), así como de valorar los hechos acontecidos en la Asamblea Legislativa los días 15 y 25 de junio, en los que Crespo compareció ante el foro legislativo que investiga dicha unidad y, luego, ante el plenario legislativo para presentar su informe de labores.

En su nota, Crespo critica que el Concejo de Directores decidió hacer la sesión del 26 de junio sin contar con su presencia, luego de que, en horas de la mañana de ese día, ella indicó estar incapacitada.

La defensora pidió aclarar a los directores si conocían que ella estaba incapacitada “y que tal incapacidad había sido otorgada por la propia doctora de la Defensoría de los Habitantes”.

A la vez, cuestionó a los directores por haber informado a la Asamblea y a la prensa del acuerdo, sin que este hubiese sido ratificado en la siguiente sesión.

Crespo también señaló que, en la agenda de la sesión, solo había un punto, que era analizar la Investigación institucional hecha en torno a la UPAD, por lo que no debían discutir su gestión en dicha pesquisa y mucho menos acordar solicitarle la renuncia.

“Se solicita aclarar cómo fue incorporada a la agenda del Consejo de Directores la solicitud de renuncia dictada en contra de la jerarca, como finalmente así se hizo. ¿Y por qué se adoptó, como acuerdo de la sesión, un tema que no formó parte de la Agenda?”, señala la defensora.

Además, criticó que “el Consejo de Directores solo se limitó a oír a la directora del Área de Gobernanza (Hazel Díaz), cuando lo propio, desde el punto de vista jurídico, hubiese sido oír y escuchar a la titular de dicho informe (ella misma)”, por lo que estima que no se respetó su derecho a la defensa.

También pidió justificar por qué no se permitió que los asesores de su despacho pudiesen referirse al caso, así como las competencias del Consejo para determinar si su gestión en la investigación de la Upad resulta conforme, o no, al macroproceso institucional establecido para las pesquisas de la Defensoría.

El 26 de junio, los directores de la Defensoría dijeron en un pronunciamiento: “Por el bien de la institucionalidad democrática, de la Defensoría de los Habitantes en particular, por su credibilidad y solidez y por su misma motivación de venir al país a defender los derechos humanos de las y los habitantes, se le insta, respetuosamente, a la señora defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho, a que considere su renuncia al cargo”.

Sobre la investigación de la UPAD, el Consejo recibió información de que al equipo técnico no se le permitió dirigir la investigación y que aunque ese grupo solo emitió un documento sobre el caso, Crespo reveló la existencia de ocho borradores cuyo origen desconoce el resto de funcionarios.

Además, la investigación habría cambiado de responsables en el camino, aunque solo duró cuatro días, y no se apegó al proceso preestablecido.

En esta investigación, también trascendió que se extravió parte del audio con la declaración del presidente Alavrado se había extraviado, hecho del que ella se enteró desde marzo de este año pero que dio a conocer en mayo.

Asimismo, La Nación tuvo acceso a la auditoría que se realizó sobre la pérdida de la entrevista que se le hizo a Alvarado, la cual señala que fue grabada desde el teléfono personal de un periodista de la Defensoría.

La directora de Gobernanza Pública de la Defensoría también le relató a la diputada Carolina Hidalgo que Crespo prefirió omitir el nombre del exministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, del informe sobre la UPAD.

Además de los directores, un grupo de 54 funcionarios de la Defensoría también emitió un pronunciamiento en el que señalaban que las acciones de la actual jerarca generan desconfianza en el pueblo.

El pasado jueves 25 de junio, también ocho diputados de diferentes bancadas políticas solicitaron al presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank, abrir un proceso para la destitución de Catalina Crespo Sancho.

Según la Ley de la Defensoría, al defensor o defensora se le puede cesar de su cargo por negligencia, tal como lo señala el inciso C del artículo 6.

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